Editorial & Opinion

El derecho a manifestarse

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios

jueves 4, julio 2019 - 12:00 am

La acción de manifestarse y de expresar las ideas, es un derecho de rango constitucional que tiene todo ciudadano, cuando siente que se le ha soslayado un derecho o existe alguna inconformidad sobre alguna política pública; en ese sentido, la comunidad LGTBI tiene, al igual que el resto de grupos, la facultad de manifestarse públicamente y a expresar sus ideas. Sin embargo, el derecho a manifestarse tiene sus límites; no pueden obligar a otra persona o a un menor de edad a pertenecer a una asociación; no deben subvertir el orden público, ni lesionar la moral, el honor, ni la vida privada de los demás.

En mi opinión, ningún salvadoreño debe ser tratado con menos dignidad por el hecho de no tener una buena posición económica o por sus creencias, ni puede ser tratado con mayor honor aquel ciudadano que tiene poder económico o por su preferencia sexual, dado que la Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley; en ese sentido, se entiende que la justicia reconoce derechos sobre personas y no sobre orientaciones o creencias; de manera que pedir derechos adicionales que el resto de los ciudadanos, no solo es lesivo para la justicia, sino que deja un mal precedente.

Es como si el día de mañana un ciego se presente a Sertracen a exigir que se le otorgue una licencia de conducir, aduciendo que él siente que ve perfectamente, porque la ideología de género le ha enseñado que si un hombre se siente mujer ¡entonces automáticamente, es una mujer!  De modo que, para vivir pacíficamente como sociedad, es importante que avancemos hacia el respeto y la tolerancia de las ideas. Y por acá esta la piedra en el zapato, ya que el movimiento LGTBI, no solo promueve su ideología, sino que tiene un afán desmedido por imponer sus ideas a toda la sociedad, incluyendo especialmente a los niños.

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De modo que el movimiento LGTBI no se ha bajado aún de la nube en la que abanderó la exclusión, el maltrato, la discriminación y la homofobia, con la que inició en los años setenta, logrando con ello un trato más digno e igualitario, y con justa razón; pero no puede continuar aseverando que en pleno siglo XXI, existe homofobia, cuando en una gran cantidad de países de Europa, Occidente y Latinoamérica, han sucumbido al capricho y a las riquezas que ofrece el movimiento LGTBI, donde han aprobado leyes, tales como el aborto, los matrimonios igualitarios y cambios de identidades.

De manera que la presión LGTBI es tan grande que algunos pastores y sacerdotes están siendo perseguidos y encarcelados, por disentir públicamente con la ideología de género, tal como le ocurriera al pastor Ake Green, de Suecia, en el año 2004; al obispo anglicano Peter Forster, en Chester, Gran Bretaña, en el 2003; y en Canadá, cuando un diario de Saskatchewan y un ciudadano particular fueron multados en 2001, por publicar un anuncio con versículos bíblicos sobre la homosexualidad, o lo que sucedió en  España en el año 2003, cuando el presidente de la “Plataforma Popular Gay”, presentó una denuncia penal contra el Cardenal Rouco.


De tal suerte que la intolerancia no deviene de los grupos que apoyan la vida y la familia, formados por un hombre y una mujer nacidos así, ni tampoco del cristianismo, dado que, en El Salvador, no se persigue ni se encarcela ni se discrimina a personas que practican la diversidad sexual; contrario a ello, sí se ha visto que el movimiento LGTBI ha impuesto su ideología en cada estructura del Estado. También ha irrespetado los símbolos viales o el Teatro Nacional, al imponer su bandera del orgullo gay.

Y el gobierno se ha vuelto complaciente, dado que ha destinado recursos públicos, para propagar esa ideología en los niños, por medio del Ministerio de Educación, con el programa Educación Integral de la Sexualidad, que está en su portal. Es importante recordar que el Estado es laico, y tiene que estar libre de todo ideología o religión. Aun así, en la marcha del 28 de junio del orgullo gay, llevaban niños y niñas, y posteaban carteles diciendo: “Dios es una reina”, de tal manera que estos actos representan intolerancia y son una falta de respeto a la fe cristiana, además de ser constitutiva de delitos, por cuanto pervierten a menores.




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