Editorial & Opinion

El discurso de odio no es libertad de expresión

Roberto Burgos / Abogado

lunes 12, agosto 2019 - 12:00 am

Los efectos del discurso de odio se han hecho sentir en el mundo desde inicios del siglo pasado. Cuando el papel de la radio era el más importante como canal de comunicación masiva, esta llevó a la mayoría de hogares europeos el mensaje de exclusión y de racismo que varios gobernantes fascistas propagaron por toda Europa. Los resultados están en los libros de historia y sus efectos aún son perceptibles en la cultura, la legislación y el derecho contemporáneo.

Cincuenta años después, en plena década de los noventas, el delito de genocidio en lugares tan dispares como Yugoslavia y Ruanda, hicieron sentir sus efectos sobre la población civil, gracias al discurso de odio que valiéndose –otra vez– de medios de comunicación masiva y de un discurso similar al utilizado antes de la segunda guerra mundial, hizo diferencia entre los locales, los auténticos, los nacionales y “los otros”, es decir, aquellos quienes pasaron a ser “los diferentes”, “los invasores”, “los extraños”.

Esta separación entre seres humanos que antes han compartido un mismo suelo, historia y tradiciones, obviando todas estas para resaltar solo las diferencias y particularidades reales o imaginarias entre las personas, es la que ha causado más daño en la historia de la humanidad, traduciéndose esto en migraciones forzadas, asesinatos en masa y otras expresiones de barbarie en todo el mundo.

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A esto se refería el Comité de Ministros del Consejo de Europa, cuando en su Recomendación R (97) 20, del 30 de octubre de 1997, aventuró una primera aproximación legal al respecto, expresando que “…insta a los Estados a actuar contra todas las formas de expresión que propaguen, inciten o promuevan el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia que se manifiestan a través del nacionalismo agresivo, el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías y los inmigrantes o personas de origen inmigrante”.

Esta clase de mensajes pretende arroparse en el derecho a la libertad de expresión. Como si el derecho fundamental habilitara a las personas para expresar un odio irracional que no le trae ningún provecho o ventaja al emisor, pero que invita a otros con ideas semejantes a eliminar o atentar contra la persona o grupo causante de su inconformidad. La libertad de expresión, recordemos, no se ejerce en abstracto, los mensajes no pueden estar sometidos a censura previa pero tampoco pueden basarse en un pensamiento irracional que pretenda justificar la eliminación de los derechos humanos de otras personas, incluso si estos han observado conductas delictivas, para las cuales el derecho ya tiene una respuesta en la investigación, prevención y sanción del delito.


Quien sostiene un discurso de odio, insistamos en ello, no está legitimado para hacerlo. Ni su causa ni su mensaje son justos ni humanos, carecen de empatía con el que piensa diferente y hace descargar la razón de sus problemas y limitaciones en la humanidad negada de sus semejantes, ya sea que los reconozca como tales o no. Cuando el que emite esta clase de andanadas verbales tiene la investidura de un cargo público, esta clase de discurso reviste una mayor gravedad, pues el funcionario se aprovecha de mayores herramientas de alcance a las audiencias y difusión de su mensaje de odio, afectando a un mayor número de personas y revistiendo su mensaje de un aura de legalidad que ni siquiera posee.

Lo ocurrido en Alemania en los años treinta, en Ruanda y Yugoslavia en los años noventa y que continúa ocurriendo contra la comunidad LGBTI en todas partes y desde hace demasiado tiempo, pone en duda los avances de la humanidad en materia de democracia, derechos y garantías.

La reciente masacre en El Paso, Texas, a cargo de un “supremacista blanco” que asesinó a veintidós personas, mientras dejaba con vida a otros que no identificó como personas latinas, deja en evidencia la realidad de una sociedad enferma, reflejo de un consumo irracional por las armas de fuego e influenciada por un discurso que desde el poder, legitima directa e indirectamente esta clase de acciones.

El discurso del odio se combate con más educación y garantías para los derechos humanos de todos, en todas partes. Con mensajes claros de rechazo por parte de las autoridades en todo el mundo y con el castigo a los responsables de emitir y comunicar el mismo. No existen ni justificaciones ni excepciones. Solo responsables.




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