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Editorial & Opinion

El exalcalde amigo de los pandilleros

Jaime Ulises Marinero / Periodista

martes 9, abril 2019 - 12:00 am

El Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, tras analizar las pruebas en la audiencia preliminar resolvió enviar a juicio al exalcalde de Usulután Miguel Ángel Jaime Rivas, conocido como “Piedra”, acusado de peculado y organizaciones terroristas.

Entre las pruebas presentadas la semana pasada  al juzgado están un vídeo en el cual se observa a Jaime negociando con pandilleros, así como fotografías en las que se hace acompañar de líderes de las pandillas en Usulután.

Junto a Jaime fue enviado a juicio el exadministrador de los mercados usulutecos, José Ricardo Cortez Campos, acusado de peculado y responsable de entregar el dinero que el exalcalde les enviaba a los pandilleros. Por cierto el dinero salía de los impuestos que la alcaldía les cobraba a los comerciantes de los mercados. Otros 45 supuestos pandilleros también fueron enviados a juicio por extorsiones, homicidios, organizaciones terroristas y otros delitos.

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La historia es como sigue: Jaime fue candidato a la alcaldía de Usulután en 2006, 2009 y 2012 y siempre fue derrotado abrumadoramente. Las primeras dos veces representó a Arena y la tercera a Gana. En 2015, en su cuarto intento, volvió a correr por Gana y como estrategia utilizó la negociación con una de las pandillas. Se reunió con líderes y les ofreció plazas en la comuna y facilitarles que abrieran negocios en los mercados; para lograr ese objetivo, los pandilleros, sus amigos y familiares tenían que votar por él; además tenían que  sumarse a la campaña y boicotear a sus rivales.

Jaime, tras haber obtenido casi mil votos en 2012, en 2015 alcanzó casi un poco más de 10 mil votos, suficiente para resultar ganador en la cabecera departamental de Usulután. Una vez en el puesto de alcalde se dio cuenta que administrativamente no era fácil emplear a pandilleros, por lo que renegoció con ellos y les ofreció dos mil dólares mensuales como “agradecimiento” por su apoyo. El dinero procedía de los impuestos en los tres mercados y era entregado por Cortez. Según la Fiscalía en casi dos años el alcalde les dio $39 mil a los pandilleros, así como las facilidades para que operaran en algunas colonias donde atemorizaban a la población.


El alcalde fue detenido en junio de 2017, tras el hallazgo de vídeos y fotografías incriminatorias en los teléfonos decomisados a los pandilleros. De ser encontrado culpable fácilmente podría ser condenado hasta 23 años de cárcel; es decir: ocho por peculado y 15 por organizaciones terroristas.

Desde luego, Jaime no es el único político que ha negociado con pandilleros, ya antes hemos conocido de vídeos en los cuales aparecen diputados, alcaldes y funcionarios de gobierno dialogando con sentido de negociación política con los terroristas. Algunos de ellos siguen ocupando altos cargos de elección popular o se mantienen en puestos de alta jerarquía nombrados por el Ejecutivo.

Muchos políticos y funcionarios ven a los pandilleros como un voto factible de multiplicarse, pues tienen amigos, vecinos y familiares que, obligados o no, también son votos que se adhieren a la “voluntad” de los “palabreros”. En las elecciones de 2018 conocí varios casos en los cuales algunos candidatos no podían entrar a comunidades o colonias, pues los pandilleros de dichos lugares apoyaban a determinado partido o candidato. Un caso específico fue en la colonia Montelimar de Olocuilta, donde los pandilleros tenían claramente a su candidato preferido y no dejaron entrar a hacer propaganda a los partidarios o activistas  del resto de candidatos.

Seguramente son muchos los alcaldes que negociaron con pandilleros a cambio de favores. Incluso, algunos que alguna vez han corrido como candidatos a concejales y jefes edilicios son pandilleros, tal como ha quedado demostrado con las capturas de muchos que en comicios anteriores  perdieron las elecciones y la Fiscalía y la PNC los vincula con estos grupos terroristas. La historia de políticos vinculados a terroristas es amplia en El Salvador.

Debería de crearse una unidad especial dentro de la Fiscalía para investigar a funcionarios en ejercicio, políticos, candidatos, alcaldes, regidores, diputados y toda suerte de servidores y funcionarios públicos que tengan o hayan tenido relación convencional y directa con las pandillas.

El futuro gobierno central, el aun novel fiscal general y el sistema judicial en sí, deben aunar esfuerzos y combatir toda forma de organización terrorista, más aún cuando hay políticos y funcionarios involucrados. La prevención es necesaria, pero más aún la represión de toda forma de delito, independientemente de quienes sean los delincuentes.




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