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Editorial & Opinion

El fuero para altos funcionarios

Mauricio E. Colorado / Abogado

martes 12, marzo 2019 - 12:00 am

Recientemente se ha tenido la triste y lamentable experiencia de un caso en que un alto funcionario del Órgano Judicial se ha visto involucrado en una experiencia de abuso sexual en una niña de diez años, que la justicia ordinaria juzgará y sancionará debidamente conforme la legislación salvadoreña dispone.

En este caso, muchas personas han reaccionado con algún grado de virulencia –para nosotros innecesaria, porque hay que dejar que las instituciones funcionen, tal como en efecto sucedió- porque muchos creyeron que el hecho de que el supuesto hechor, amparándose en el fuero, evitaría ser sometido a la justicia, y eventualmente, podría burlar la ley.

De hecho, la generalidad se preocupa en la creencia de que el fuero se ha establecido para crear impunidad para determinados funcionarios, y que éstos puedan hacer y deshacer a su antojo, con lo que disponen las leyes en relación a cometer cualquier clase de delitos.

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La realidad no es es así. El fuero que nuestra legislación regula en favor de los altos funcionarios, lo que en realidad protege, es lo que sería un abuso de enemigos políticos que pudieran aprovechar circunstancias adversas a funcionarios públicos que podrían sufrir acusaciones falsas de delitos imaginarios con el objeto de ser separados de sus cargos, para mientras se esclarecen los supuestos hechos delictivos –cualquiera que sean-  tiempo en el cual, se podrían suspender, desvirtuar, desviar, o detener cualquier actividad del funcionario acusado, que perjudicare al enemigo político que inventare la acusación en beneficio propio.

Pondremos un ejemplo para mejor comprensión. Supongamos que determinada persona es señalada por el Fiscal General de la República de haber cometido un delito grave (cualquier delito), y semejante condición, amenaza restringir su libertad. Entonces, esta persona, inventa acusar al funcionario Fiscal, de haber cometido un delito grave, con la idea de que la autoridad judicial lo cese en el cargo durante el tiempo que dure la investigación, logrando con ello, que la acusación contra el primer infractor, se desvíe, se anule, se desnaturalice, pierda fuerza, o de alguna forma, beneficie al enemigo del funcionario.


Como se podrá ver, en el caso que recientemente se ha presentado, y por ser un tema que de alguna forma ofende a una sociedad que se siente hastiada por la clase de delitos que ofenden a la niñez inocente salvadoreña, la reacción de la ciudadanía no ha dejado de ser en alguna forma rápida y compulsiva, pero a la par, a nuestro juicio. No nos debe de llevar al extremo de solicitar y mucho menos exigir la abolición de la figura del fuero, porque la misma, también protege al funcionario de los abusos que las veleidades y excesos de los políticos nos traen y llevan a diario, sin que hasta la fecha, nadie haya podido borrarlos de la realidad de la nación.

Da tristeza, porque es una realidad, que en El Salvador se hable de corrupción, de nepotismo, de amaños, etc., etc., etc., y hasta se llegue a defender públicamente de que no hay ley que prohíba el nepotismo, y que todo el mundo sepa que las instituciones encargadas de mantener la moral, buenas costumbres, ética y demás normas de armonía convivencia y buen vivir, como tribunales de ética, cortes de cuentas, u oficinas de información pública o probidad, sean con frecuencia objetadas en sus funciones y capacidades reales. El Salvador necesitará desarrollarse cien años de cultura general para pensar siquiera en pensar si es posible eliminar el fuero a sus funcionarios.

Tan cierto como repugnante es que un alto funcionario cometa delitos (de cualquier clase) como posible es que cualquier ciudadano lo denuncie falsamente para obtener beneficios, o como está de moda actualmente, le imponga una extorsión, bajo amenaza de difamarlo con razón o sin ella. Quienes sudan la calentura de suprimir el fuero a los altos funcionarios, creemos que deben pensarlo mejor.




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