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Editorial & Opinion

El Golfo de Fonseca tiene triple soberanía

Armando Rivera Bolaños / Abogado

jueves 27, septiembre 2018 - 12:00 am

Relacionado con el asunto tan comentado de una probable concesión territorial a la República Popular China, bajo la denominación artificial de “Zona Económica Especial”, que abarcaría incluso las aguas marítimas del Golfo de Fonseca, ubicado en el departamento oriental de La Unión, comentábamos, en columna anterior,  que en tal asunto existía primero una variable que el gobierno salvadoreño debe considerar, muy cuidadosamente, antes de proceder a concretar un convenio con aquella nación oriental. En efecto, allí hablamos de que la misma Constitución de El Salvador, señala en el Art. 84 que nuestro país posee también un “territorio insular” conformado por todas las islas, islotes y cayos, así como el mar adyacente a nuestra costa del Pacífico, hasta la distancia de 200 millas marinas contadas desde el punto de base, o sea, desde el punto de la más baja marea, de conformidad a lo establecido en el Derecho Internacional, donde ejerce jurisdicción y soberanía y que además comprende el subsuelo y el lecho marino, una disposición, reiteramos,  que recoge el Código Civil en su Art. 574 que no vamos a repetir, pero donde queda establecido que dicho territorio insular constituye la “zona económica exclusiva” de toda la nación salvadoreña. Primer aspecto que el gobierno debe considerar en sus negociaciones con China Popular, ya que se trata de un bien nacional que, por ningún motivo, ni bajo ningún modo, puede enajenarse por simple disposición ejecutiva.

El segundo aspecto, mucho mayor por sus implicaciones geográficas y legales, es con respecto al Golfo de Fonseca. Constitucionalmente se reconoce que esta porción del Océano Pacífico, ubicado en el departamento de La Unión, a la luz de la jurisprudencia internacional, es “una bahía histórica”, o sea, una extensión de territorio marítimo interior, cuya soberanía y jurisdicción está compartida por tres naciones ribereñas del Golfo en mención. Es decir, por El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Esta situación geográfica y legal, se remonta al tiempo en que fuimos colonias del reino español a partir del siglo XVI, cuyo dominio se extendió hasta el primer cuarto del siglo XIX con la independencia centroamericana, cuyos 197 años de haberla obtenido, recientemente conmemoramos. Mientras España ejerció su coloniaje, ninguna nación del Istmo afrontó dificultades territoriales, sino después de constituirse las nuevas repúblicas, que incluso han ocasionado conflictos bélicos por cuestiones limítrofes. La historia del Golfo de Fonseca no ha sido tan pacífica, como el mar que lo baña. Por ejemplo, mediante un Tratado nicaragüense de 1856, se otorgaba unilateralmente a los Estados Unidos de América “el derecho exclusivo de construir, explotar y poseer un canal a través del Istmo centroamericano”, intento que fracasó por la oposición firme y decidida del gobierno salvadoreño. Lo que llama nuestra atención de ese Tratado fallido es que mencionar términos de “exclusividad” o “especial” no es nada nuevo en nuestros políticos.

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El 9 de febrero de 1913, de nuevo Nicaragua y Estados Unidos de América firmaron el Tratado Chamorro-Wutzel, que fue como  el “borrador” del lesivo Tratado Chamorro-Bryan, aprobado posteriormente y que provocó de nuevo la oposición del gobierno salvadoreño, presidido entonces por don Carlos Meléndez, formulándose la “Doctrina  Meléndez”, cuyos conceptos repercutieron en una sentencia pronunciada por la Corte de Justicia Centroamericana el 9 de marzo de 1917, que es la jurisprudencia aceptada por nuestra Constitución para dejar, por fin, establecido, que el Golfo de Fonseca es “una bahía histórica”, o sea, como una porción marítima en condominio, es decir, regida en sus respectivos límites por la jurisdicción y soberanía de cada una de las tres naciones centroamericanas ya conocidas.

En efecto, la costa hondureña a lo largo del Golfo mide unas 60 millas marinas; la jurisdicción nicaragüense tiene un poco más de 19 millas, desde Punta Amapala hasta Punta Cosigüina y el resto, es salvadoreña. Todo esto significa, que ningún país de los mencionados, puede tomar una decisión unilateral que, de alguna manera, pueda interferir con la respectiva porción marítima de los demás, donde ejercen plena jurisdicción y soberanía. Conceder una “zona económica especial”, sin que la ciudadanía ni los profesionales del derecho conozcamos sus condiciones, detalles, etcétera, la consideramos, a nuestro juicio, como una omisión gravísima e irrespetuosa del actual gobierno.





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