Especial Reconciliación

¿El miedo, de los políticos?

Redacción DEM

lunes 27, enero 2020 - 11:28 am

 

El órgano legislativo salvadoreño no ha podido aprobar una ley de reconciliación que cumpla con un mandato constitucional de hace más de tres años. Pese a intentos fallidos por legislar y al atraso evidente, dirigentes y representantes de los partidos que promueven una ley de reconciliación nacional niegan algún temor por legislar a tono con una desafiante sentencia de la Sala de lo Constitucional, que pide verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Lo cierto es que ya han incumplido dos veces el plazo otorgado por la Sala de lo Constitucional para aprobar la normativa a raíz de la falta de consenso para fijar las penas punitivas en contra de los victimarios, muchos de ellos dirigentes políticos o diputados en la Asamblea Legislativa.

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Los jefes, subjefes y diputados de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que gobernó en años de guerra, 1988 al 1992; del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la exguerrilla que aún tiene excomandantes como diputados; además del Partido Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), al expresar que no tienen temor, hacen acusaciones mutuas y señalamientos por hechos del pasado.

“Hay crímenes cometidos por el FMLN en que no se ha contado la verdad”, dice el general y diputado Mauricio Vargas. La excomandante de la guerrilla y diputada del FMLN, Nidia Díaz, replica que no están de acuerdo en que los partidos Arena, PCN y PDC “estén trayendo” a la Asamblea Legislativa las denuncias de los crímenes que cometió la guerrilla y les recomienda “presentarlos a la Fiscalía como avisos y demandas”. Esos partidos han entregado a la Comisión Política del órgano legislativo un listado de 100 casos de masacres y secuestros cometidos por el FMLN.


Al juego de las acusaciones se suma el PCN, partido conformado fundado por militares, muchos de los cuales participaron en la guerra. “Aquí los dos –guerrilla y Fuerza Armada– mataron, no eran santos que andaban rezando”, dice el diputado Raúl Beltrán Bonilla. Otros legisladores como el subjefe de fracción del PCN, Roberto Angulo, prefiere no decir si en su partido hay miedos de una nueva ley de reconciliación punitiva. No quiso hablar del tema.

Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), partido que salió de las entrañas de Arena, observa desde lejos el panorama y, en la voz de su jefe de fracción Guadalupe Vásquez, Arena y FMLN sí le tienen miedo a una ley de reconciliación punitiva porque “obviamente van a estar implicados miembros del FMLN que han estado en el Gobierno y varios que han sido dirigentes” y de la “Fuerza Armada que han estado ligados al partido Arena”.

Aunque el FMLN niega sus miedos a una ley de reconciliación que penalice con prisión los crímenes de guerra y lesa humanidad, lo cierto es que el expartido de Gobierno, otrora guerrilla, presentó sin previa convocatoria a los medios de comunicación una propuesta de redacción para castigar con trabajo de utilidad pública a los responsables de los crímenes en el conflicto armado con condenas menores de cinco años de prisión; y para reducir hasta la quinta parte la condena carcelaria si confiesa o pide perdón. El FMLN ha dicho que su proyecto se basa en el presentado por las organizaciones de derechos humanos que pide una clara justicia con sanciones carcelarias para los responsables de los crímenes más atroces, que son precisamente los que quedaron sin amnistía en 2016 luego de la sentencia de la Sala de lo Constitucional.

Arena, partido que niega temerle a una ley de reconciliación, no desprecia la propuesta del FMLN de castigar con trabajo de utilidad pública, y reducir los años de cárcel. Los socialdemócratas, en palabras del subjefe de fracción, Jorge Mazariego, tampoco rechaza la propuesta.

El actual presidente legislativo, Mario Ponce, pide que una ley de reconciliación por consenso pero esa palabra parece no tener eco a un mes de cumplirse el plazo para aprobar la nueva normativa aún discuten si se basará en un proyecto que impone cárcel o en otro proyecto que incluso permite cerrar los casos luego de seis meses sin hallazgos investigativos. La decisión última pesará sobre la Asamblea Legislativa, ahora protagonista que tiene por diputados a algunos exprotagonistas de guerra.




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