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Editorial & Opinion

El perfil de un magistrado constitucional

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: S. Enrique Anaya

viernes 20, abril 2018 - 12:00 am

Desde hace meses el país está involucrado en un proceso de especial trascendencia: la elección de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para el período 2018-2027. Y la relevancia de dicho proceso se potencia porque en esta elección, cuatro de los magistrados deberán integrar la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia esto es, se cambia el 80 % de la integración personal de esa Sala, el tribunal de mayor incidencia –tanto jurídica, social y política– del país.

En relación con dicho proceso se ha sostenido por algunos “opinólogos”, que para acceder a una magistratura constitucional basta que el candidato cumpla los requisitos mínimos que dispone el artículo 176 de la Constitución: nacionalidad (salvadoreño por nacimiento), del estado seglar, mayor de 40 años, abogado, experiencia (al menos, 10 años de autorización para ejercer la profesión de abogado; o nueve años como juez de 1ª instancia; o seis años como magistrado de 2ª instancia), goce de derechos de ciudadano, así como –en una frase de complejo pero objetivo contenido– de moralidad y competencia notorias; y, además, como lo ha dispuesto la Sala de lo Constitucional de la CSJ, la ausencia de vínculo –formal y/o material– con un proyecto político partidario.

Seamos francos: la mayoría de quienes plantean semejante visión reduccionista no es porque estén mal informados, sino porque son mal intencionados.

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Y es que en el proceso de selección de magistrados de la CSJ y, sobre todo, de la Sala de lo Constitucional, es vital distinguir entre requisitos mínimos para acceder al cargo de magistrado y el cumplimiento del perfil del magistrado constitucional: no sólo innumerables estudios de organizaciones internacionales (basta referirse a los informes de la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados) o de ONG´s (como los estudios de la Fundación para el debido proceso, DPLF), así lo confirman, sino que ello se deriva de jurisprudencia internacional (en la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos) e, incluso, de la jurisprudencia constitucional nacional (proceso de inconstitucionalidad No. 94-2014).

En efecto, los requisitos mínimos que prevé el artículo 176 de la Constitución constituyen condiciones de elegibilidad, operan como parámetros objetivos de control negativo: esos requisitos mínimos nos dicen a quienes deben excluirse o descartarse como candidatos, pero ¡no nos dicen quienes pueden ser los idóneos para ocupar una magistratura constitucional!


En cambio, el perfil del magistrado cumple la función de parámetro de control positivo, en tanto que la descripción del magistrado ideal –con cualidades personales y calificaciones profesionales específicas– permite, en cada rasgo, analizar, evaluar, ponderar y comparar a todos los candidatos, con la finalidad de establecer quienes son aquellos que resultan mejores candidatos; en otras palabras, el cumplimiento del perfil es lo que permite identificar a los candidatos más idóneos para ocupar una magistratura constitucional.

Por ello, el establecimiento del perfil del magistrado constitucional es una herramienta necesaria para que todos los entes involucrados en el proceso de elección de magistrados cumplan con el deber de seleccionar a los mejores candidatos; ya que de esa forma se confiere objetividad y contenido a los elementos a considerar, sobre todo a las nociones de moralidad y competencia notorias.

Así, por ejemplo, contar con la autorización para ejercer la abogacía o con experiencia en el campo judicial no significa, por esa sola circunstancia, que se acredite la exigencia de competencia notoria: vemos que la Constitución utiliza el vocablo “notoria”,  lo que significa que el candidato debe demostrar una alta competencia y cualificación en el campo constitucional, lo que únicamente puede probarse con la formación académica del candidato, con la calidad de su producción jurídica, con su habilidad analítica y de expresión oral y escrita, entre otras.

Por ello, reclamemos, como ciudadanos y como juristas, candidatos que cumplan con el perfil del magistrado constitucional, y no nos conformemos con abogados que apenas sí llenan los requisitos mínimos, pero sin idoneidad para dicho cargo.




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