Editorial & Opinion

El presidente Bukele y las viejas ideas…

Roberto Burgos Viale / Abogado

lunes 10, junio 2019 - 12:00 am

“…Juramos trabajar todos para sacar nuestro país adelante, juramos defender lo conquistado el 3 de febrero, juramos que cambiaremos nuestro país contra todo obstáculo, contra todo enemigo, contra toda barrera, contra todo muro…”. Así concluía el discurso de toma de posesión del nuevo presidente, promoviendo un compromiso colectivo que puede sonar inspirador, pero que no esconde la ambición autoritaria de gobernar ejerciendo el poder absoluto, sin trabas y sin límites.

El mandatario sabía bien lo que le estaba pidiendo a sus simpatizantes, la pregunta es si estos ciudadanos realmente pensaron a que se estaban comprometiendo. Y es que la tentación autoritaria ha sido una constante en todos los presidentes salvadoreños, desde el presidente Flores que se negó a cumplir recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Las tomamos como lo que son, meras recomendaciones”, hasta el presidente Antonio Saca, que exigía a la oposición del FMLN, facilitarle una mayor gobernabilidad: “Déjenme gobernar”, reclamaba públicamente. Y no puede obviarse el mal ejemplo del expresidente Funes, quien bautizaba obras públicas a su antojo: “Le guste a quien le guste…”, a pesar de que alguna vez se había realizado una consulta pública para nombrar al entonces Boulevard Diego de Holguín.

Todos estos ejemplos muestras con mayor o menor gravedad, una decisión de mandar, de ordenar a toda costa sin necesidad de consultar a la oposición política, a la ciudadanía y menos responder a las incómodas preguntas de los periodistas. La vieja idea de que la autoridad no es tal si no se abusa de esta, siguió latente en estos presidentes de la república, en varios jefes militares, entre algunos titulares de órganos de Estado y hasta de instituciones autónomas.

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Es por eso que conceptos de nuevo cuño en la vida política nacional como el de “transparencia”, “rendición de cuentas” o “contraloría ciudadana” son tan incómodas para algunos protagonistas de las más cuestionadas decisiones en el ámbito público. En estos casos -y en el juramento del 1 de junio- parece obviarse que la esencia del poder público es el control, que las políticas públicas, para que gocen de legalidad, deben además tener “legitimidad” basada en los principios que justifican la existencia de las mismas instituciones públicas. ¿Es legal bautizar una guarnición militar con el nombre de un violador de derechos humanos? Probablemente sí, pero indudablemente no es legítimo, como quedó demostrado en un ejemplo reciente. ¿Pueden autorizarse viáticos para misiones oficiales a cualquier parte del mundo? Sí es posible, pero no será legítimo, ante la incapacidad de los hospitales públicos de enviar al extranjero a los pacientes que necesitan de un tratamiento especial. En estos casos la opinión pública también se convierte en un límite para el poder del gobernante y es más seguro que las personalidades públicas en la actualidad, le tengan más temor a esta que a la labor de las mismas instituciones contraloras del Estado.

Pero existen otros límites más concretos al ejercicio del poder público y son los que hacen posible el sistema de pesos y contrapesos a los que se refiere la teoría política clásica. La Constitución de la República ya contempla la posibilidad de conflictos entre órganos de estado, particularmente en el proceso de formación de la ley. En estos casos, la Corte Suprema de Justicia y en particular la Sala de lo Constitucional, ejercen un papel de legislador negativo y de barrera o muro contra la arbitrariedad o el “decisionismo sin normas”, de funcionarios que sobrepasen su mandato.


Ejemplos recientes también sobran, como fue hace dos años la detención del proyecto SITRAMSS, o la remoción de un Ministro de Seguridad por tratarse de un militar de carrera incompatible con dicho cargo, o la declaratoria de inconstitucionalidad sobre el nombramiento de varios magistrados de la Corte de Cuentas dela República, por su innegable filiación partidaria o la falta de transparencia en el proceso legislativo que condujo a su elección. En todos estos casos, el control de constitucionalidad ejercido por el máximo tribunal incomodó a los poderes de turno, señalando lo que estaba mal hecho y enumerando los actos que debían repetirse o reponerse.

Insisto, Esta es la esencia del poder, la concepción de que el mismo es limitado y no menos importante: Temporal. Por esta razón es que todos los funcionarios juran defender la Constitución, aplicando sus disposiciones sobre cualquier orden o reglamento que la contraríe. Esta es una vieja idea -la del control del poder- que supera cualitativamente a la más tradicional del poder absoluto.

 

San Salvador 10 de junio de 2019.




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