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Editorial & Opinion

¿El principio del cambio?

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios.

jueves 11, abril 2019 - 12:00 am

Es preocupante que se inicie un mandato imponiendo a todos los salvadoreños modificaciones al Escudo de Armas sin haber pasado por la Asamblea Legislativa el proceso de discusión y aprobación, ya que se le han agregado 14 estrellas, donde originalmente lleva la palabra “REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL”. El escudo original fue aprobado en la gestión del Doctor Manuel Enrique Araujo, en el año 1912, y fue diseñado por el calígrafo salvadoreño Rafael Barraza Rodríguez, quien se impuso sobre 30 competidores (más o menos así sería el concurso en la actualidad para su modificativa).

Luego se creó la Ley de Símbolos Patrios, donde se adoptó el Escudo de Armas, el Pabellón o Bandera y el Himno de la República, como insignias sagradas de El Salvador; por ello, el diseño y uso del Escudo de Armas está definido con claridad en el Artículo 2, el cual esboza los elementos que lo componen, pero todos estos elementos en su conjunto forman el sagrado Escudo de Armas; de ahí la importancia de regular su uso en actos oficiales y en cada una de las instituciones del Estado; de hecho es prohibido su uso y reproducción de manera discrecional por los ciudadanos, y solo podrá usarse cuando haya duelo nacional.

En consecuencia, existe una flagrante violación a la Ley de Símbolos Patrios, tal como lo define el Artículo 24: “Incurrirán en falta grave, con las consecuencias legales, incluso la destitución, según el caso, los funcionarios, jefes o empleados de oficinas y dependencias del Gobierno Central, de instituciones oficiales autónomas o semi autónomas, municipales, así como aquellos de nombramiento oficial que trabajen en instituciones que reciben ayuda del Estado que no cumplan con las disposiciones contenidas en esta ley o que irrespeten de cualquier manera los Símbolos Patrios”.

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“En la misma falta incurrirán y con las mismas consecuencias, los funcionarios o jefes que, teniendo conocimiento de las infracciones a esta ley o actos de irrespeto a los símbolos patrios, no procedan a incoar en sus subalternos los juicios correspondientes, dentro de tercero día”. Por lo tanto, los 84 diputados, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República, son culpables de falta grave, por no pronunciarse sobre la modificación que anda circulando del Escudo de Armas, y que presuntamente es comunicación oficial del Presidente electo.

A lo mejor para algunos salvadoreños la modificación al Escudo de Armas no sea importante, o quizá intenten justiciar el cambio de diseño haciendo mofa. Todo ello está vinculado a la pérdida de los valores patrios. Lo cierto es que no podemos continuar agachando la cabeza, ante la flagrante violación a la ley, independientemente del funcionario o ciudadano que sea; hoy se trata del Escudo de Armas, mañana no se sabe qué otras cosas se cambiarán sin el consentimiento de los salvadoreños y sin pasar por la Asamblea Legislativa. Tal como lo establecen los Artículos 131 al 143 Constitución.


Mucho ha sufrido el pueblo salvadoreño a manos de salvajes que, vestidos de políticos, han saqueado las arcas del Estado. La historia nos indica los desvíos de recursos públicos que terminaron en manos privadas y ejemplos de ello tenemos: el mal llamado saneamiento de la banca; la privatización de ANTEL; el saqueo al ISSS; el caso Fecepe; Infocentros; la construcción de los hospitales; la donación de Taiwán para los terremotos 2001; el saqueo de los $350 millones en la gestión 2004 a 2009; el saqueo público 2009 a 2014 de $351 millones; el precio inflado del alquiler del mercado Cuscatlán, y lo peor es que continúa.

Y como si fuera poco, están los despilfarros de las riquezas públicas que han sido mal administradas en los últimos 30 años. Luego tenemos las construcciones amañadas de carreteras con productos de mala calidad, como en el reciente caso de la carretera a Los Chorros, donde, supuestamente, se habían hecho las respectivas obras de mitigación para evitar justamente desastres en vidas humanas; ante ello, la Fiscalía debería abrir una investigación y deducir ahorita responsabilidades penales y civiles.

A raíz de todo lo anterior, los salvadoreños no deberíamos de ser tan confiados ni depositar las esperanzas en un solo hombre; tenemos la facultad para cuestionar lo que se está haciendo mal; aplaudir y apoyar todo lo que se está haciendo bien y, en ese sentido, no se deberían de obstaculizar los proyectos que favorezcan a los más necesitados, independientemente de quien lo proponga. Es decir, el bloque de partidos no debería obstaculizar el trabajo del Presidente electo, ni el Presidente electo oponerse a proyectos solo porque no fueron propuestos por su persona. Trabajo en equipo es la clave para salir adelante.




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