Editorial & Opinion

El sistema que funciona…

Roberto Burgos Viale

lunes 20, enero 2020 - 12:00 am

Un sistema se define como un conjunto de cosas que relacionadas entre sí, contribuyen a determinado objeto. Se trata de un conjunto armónico que funciona, que es útil y ventajoso para sus creadores, gracias a la eficiencia de los elementos combinados o que participan del fin para el que ha sido creado.

Un país también puede compararse a un sistema, tanto en sus recursos naturales como en los aspectos institucionales a los que constantemente se hace referencia: el sistema hídrico, el sistema político, el sistema electoral o el sistema de defensa y seguridad pública, para citar solo algunos de los ejemplos más comunes.

En El Salvador ninguno de los sistemas mencionados funciona correctamente, la deforestación aumenta a medida que la burocracia para protegerla crece con los años, los procesos electorales de los últimos tiempos han demostrado falta de coordinación y transparencia en su financiamiento, sin que aún se pueda hablar de fraudes, al menos hasta ahora. En cuanto al sistema de seguridad pública y defensa nacional, ambos parecen fusionarse de manera progresiva, en una estrategia no solo inconstitucional, sino que además poco efectiva para garantizar los derechos humanos de víctimas, imputados y ciudadanos.

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En suma: persiste un modelo de inoperancia donde sea que se mire, de fallas provocadas y despilfarro de recursos. El único sistema que realmente funciona, independientemente de las valoraciones legales y éticas al respecto, está en la Asamblea Legislativa. No se trata del que pone en marcha el proceso de formación de leyes o el control inter orgánico a través de sus comisiones especiales, el sistema que funciona es el del clientelismo, mediante el cual, se obtiene y se mantiene el poder en las mismas manos de siempre, asegurando fidelidades personales a cambio de favores y servicios.

Estos favores pueden ser de los más variados, y no reconocen barreras ideológicas ni religiosas: van desde la contratación de familiares o activistas de partidos políticos o sindicatos, hasta la autorización de compras institucionales que garantizan altas comisiones a los proveedores, así como el impulso a proyectos de ley que faciliten negocios privados, en los que el legislador participa o tiene interés. En algunas ocasiones se han sincronizado estas tres variantes, de manera que los beneficios de esta clase de componendas también dejan como gananci la contratación de un familiar, o que el impulso de leyes ad hoc asegure el apoyo financiero en la siguiente campaña electoral, y así hasta el infinito, garantizando con todo esto la continuidad de los actores políticos de siempre, para quienes el relevo generacional o la jubilación no existen.


Esta práctica consuetudinaria de utilizar la estructura administrativa legislativa en beneficio de quienes la controlan no tiene límites, y las pruebas ya comenzaron a aflorar en los últimos días. Recuérdese que la Asamblea Legislativa cuenta con un presupuesto de más de 58 millones de dólares, un monto similar al del año fiscal anterior, en el que solo para el alquiler de inmuebles se autorizó 1.5 millones de dólares, como parte de un proceso de descentralización poco claro, y sobre el que apenas se brindó información sobre la necesidad del mismo.

Igual situación ha ocurrido con la autorización de misiones oficiales y el pago de viáticos para quienes asisten a estas. Cuando se revisan los registros institucionales, salta a la vista que buena parte de estos viajes son innecesarios, que los logros para el país son ínfimos, que los asistentes no son los idóneos para representarnos y que los fondos con los que viajan no son liquidados ni auditados y además no se justifican, pues brindan un estipendio diario a quienes ya reciben altos salarios y que además cuentan con alimentación, transporte y alojamiento pagados por sus anfitriones en todo el mundo.

Estamos ante la sinrazón arraigada en un órgano cuya principal tarea constitucional era la de legislar, pero en el que coexisten dos estructuras y sistemas: el constitucional, digamos “formal” que mantiene la continuidad mínima de las funciones encomendadas, visibles semana a semana en la sesión plenaria que es transmitida a todo el país, y el sistema “clientelar”, paralelo y subterráneo, que potencia los intereses ocultos de grupos de interés, mafias locales y redes de corrupción que son las que al fin de cuentas imponen su voluntad a la mayoría de representantes.

El rescate de la Asamblea Legislativa, el gran reto de hacerla funcionar y hacer que vuelva a sus cauces institucionales, no debería considerarse un reto imposible, se trata de una tarea ciudadana en la que conviven la voluntad y el compromiso con el país.




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