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Editorial & Opinion

El TLC con Taiwán está aún vigente

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

sábado 2, marzo 2019 - 12:00 am

Según el inciso primero del Art. 144 de nuestra Constitución “los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución”, disposición legal superior que se relaciona con el ordinal 7º. del Art. 131 Cn. el cual especifica que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa es “Ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación”. Y si un tratado celebrado con otro país es ley de la República eso implica, necesaria e ineludiblemente, que su nacimiento a la vida jurídica de la nación, debe cumplir con el proceso constitucional de la formación, promulgación y vigencia de la ley, que se encuentra enmarcado desde el Art. 133 hasta el Art. 143 de nuestra Carta fundamental, misma que da esencia y permanencia al Estado de Derecho.

En este orden de ideas, constituye un axioma jurídico, ya previsto desde los lejanos tiempos de la Roma Imperial que pasó cinco siglos recopilando Códigos del mundo antiguo conquistado, que así como toda ley nace al ordenamiento legal de un país, mediante un proceso legislativo, también muere, fenece o se deroga de la misma forma, es decir, efectuando rigurosa y cumplidamente todo un proceso legal previamente señalado en la Constitución vigente. Y así lo establece el Art. 142 Cn. que, en forma escueta, pero conceptualmente específica, establece que “Para interpretar, reformar o derogar las leyes se observarán los mismos trámites que para su formación”. Subrayados en cursiva son propios.

Traigo estas consideraciones motivado por una inesperada, oscura e inconstitucional derogatoria del Tratado de Libre Comercio (TLC) que, desde hace muchos años,  había celebrado El Salvador con la República China de Taiwán, del cual se habían derivado muchos beneficios económicos y generación masiva de empleos en los rubros agrícolas del café, azúcar y producción de miel de abejas, entre otros más, con una balanza de ingresos favorable a nuestro país, con exención de aranceles y otras ventajas que la vieja nación amiga de los salvadoreños había otorgado, sin mencionar otras ayudas como otorgamiento de becas diversas, transferencias de tecnologías de última generación, además de capacitaciones diversas en áreas muy especializadas, que no viene al caso narrar, por ser ampliamente conocidas en el sector oficial y que, ahora, hemos dejado de recibir en detrimento del avance nacional.

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Nadie niega que dirigir las relaciones exteriores es una de las facultades otorgadas al presidente de la República, según lo preceptuado en el Art. 168 Cn., lo mismo que celebrar tratados y convenciones internacionales, someterlos a la “ratificación de la Asamblea Legislativa” y vigilar su cumplimiento. Si el mandatario actual consideró que el TLC con Taiwán, por diversas motivaciones, causas o justificaciones que consideraba pertinentes de su parte o de su Gabinete de Estado, decidió que debía derogarse, era su obligación constitucional someter esa derogatoria al Órgano Legislativo para ser aprobada o denegada. Y queremos insistir en esta situación, insoslayable e ineludible, las leyes nacen y mueren de igual manera o procedimiento.

Y reitero, el Art. 142 constitucional es clarísimo, cuando textualmente dice que  “Para  interpretar, reformar o derogar las leyes se observarán los mismos trámites que para su formación” y siendo todo tratado una ley de la República, el presidente Salvador Sánchez Cerén, debió cumplir con ese mandato antes enunciado y nunca expresar, por cadena informativa, que “quedaba derogado el TLC suscrito con la nación asiática de Taiwán”, que fue el infeliz corolario de romper relaciones diplomáticas  con dicha república, las cuales se mantuvieron inalterables por más de siete décadas. El Ejecutivo salvadoreño ha inobservado el orden constitucional con esa derogatoria, legalmente inexistente y por tanto, no obliga a ser cumplida, porque se realizó usurpando atribuciones legislativas, tal como está señalado en nuestra Carta Fundamental, misma que el presidente de la República está obligado a cumplir y hacerla cumplir, juntamente con los tratados, las leyes y demás disposiciones legales, según el Art. 168, ordinal primero de la Constitución. En resumen, para nosotros, como abogados, el TLC salvadoreño-taiwanés sigue aún vigente y debe cumplirse.





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