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Política

Entre ellos debe escoger el Presidente a los comisionados de acceso a información

Yolanda Magaña con reportes de Gerson Chávez

viernes 11, enero 2019 - 2:27 pm

Jornada de votación para elegir la terna propuesta por el sector de sindicalistas. Foto: Jorge López.

Los sectores de profesionales, sindicalistas y universidades eligieron sus respectivas ternas de candidatos a comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en respectivas asambleas generales.

El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, debe elegir a un comisionado propietario de cada uno de los sectores profesionales, sindicalistas y periodistas; y un comisionado suplente del sector de las universidades.

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Sin embargo, el sector de periodistas aún no elige. El proceso fue declarado desierto por falta de entidades electoras, ya que solo se presentaron 2 de 3 necesarias. La Subsecretaría de Transparencia de la Presidencia convocó a las asociaciones de periodistas el 14 de enero para elegir la terna de candidatos a comisionados propietarios y el 1 de febrero para elegir la terna a comisionados suplentes.

Los sectores profesionales, sindicalistas y universidades sí realizaron las asambleas generales y eligieron las ternas respectivas. De estas personas, deberá elegir el gobernante a las personas que tendrán a cargo la institución que dirime las diferencias en torno a si una información pública es reservada o no.


SECTOR DE PROFESIONALES

José Alirio Cornejo: Licenciado en economía y consultor para proyectos de organizaciones no gubernamentales (ONG). En un conversatorio dijo que El Salvador “ha avanzado mucho en lo político, en lo democrático, con este avanza de la izquierda ha hecho progresar a este país”, dijo. Sugirió divulgar la ley de acceso a la información y cuestionó que el Ministerio de Defensa no entregó información pública. Sugirió la regulación de las ONG en la ley de acceso a la información.

Alba Lisseth Benítez Trujillo: Enfermera. Labora en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI). Ha dicho que las resoluciones del IAIP sobre las declaraciones patrimoniales y viajes ha contribuido al combate a la corrupción y que velará por el derecho de los ciudadanos en la protección de los datos personales. También sostiene que buscará que las asociaciones ejerzan su derecho de acceso a la información para que no se limiten solo a proponer candidatos. Para acercar los servicios del IAIP a la población, aseguró que trabajaría con las alcaldías.

Xenia Hernández Castro: Abogada. Asesora técnica de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, siglas en inglés), un ente que promueve la independencia en las elecciones de funcionarios de segundo grado en El Salvador. Fue investigadora de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), junto al abogado Roberto Burgos, solicitó la información de las auditorías patrimoniales que destaparon los casos de crecimientos patrimoniales de los expresidentes Mauricio Funes y Antonio Saca. Ha propuesto mejorar la gestión de archivos, un plan de trabajo para la custodia de la información reservada, dar a conocer el manual del IAIP para la protección de datos personales y un plan de trabajo para la cultura de transparencia. En un conversatorio, rechazó los nuevos criterios de la Sala de lo Constitucional para no dar trámite a solicitudes de acceso a la información, uno de los cuales fue negar información pública cuando implica generación de información pasada.

SECTOR DE SINDICALISTAS

Carmen Yolanda Rodríguez Martínez: abogada y notaria en ejercicio de la profesión. Propuesta por el Sindicato del Instituto Nacional de Empleados Públicos (SITINPEP). Egresada de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Es abogada en ejercicio, asesora del Despacho Rodríguez Celis, miembro del Consejo Académico de la Alcaldía Nacional de Seguridad Pública desde julio 2009, colaboradora del despacho del Ministerio de Gobernación de julio de 2009 a enero de 2010, subgerente legal del Fondo de Financiamiento y Garatía para la Pequeña Empreas (Figape). Colaboradora jurídica del despacho de doctores Humberto Sáenz Cevallos y Mario Enrique Sáenz (1981-1982).

Wendy Funez de Serafín: abogada y notaria, coordinadora de trámite del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), propuesta por el Sindicato del Instituto Nacional de Empleados Públicos (SITINPEP). Asistió a un conversatorio para dar a conocer sus propuestas, ofreció aplicar la Ley de Procedimientos Administrativos y continuar las alianzas estratégicas con organizaciones internacionales como Prointegridad, fortalecer la unidad de cumplimiento para que remita casos a instituciones que luchan contra la corrupción y aliarse con instituciones que combaten la corrupción como Fiscalía, Corte de Cuentas y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. Sugirió reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para ampliar los entes obligados que si bien no manejan fondos públicos influyen en el país. Mencionó partidos y federaciones.

Claudia Liduvina Escobar Campos: abogada, propuesta por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Sitramitps), colaboradora jurídica de la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Asistió al conversatorio para exponer sus propuestas. Propuso formar “al sector organizado”, mejorar el control del uso de los recursos del Estado y regular el uso de los datos personales en las empresas privadas. Opinó que los entes obligados de la ley de acceso a la información –las instituciones públicas– pueden acudir a la Sala de lo Contencioso y ante cualquier sala, un mecanismo que han utilizado las instituciones para frenar la entrega de información que ha sido ordenada por el IAIP. Ante el conflicto de información entre un trabajador y la contraloría social, Escobar no quiso definir cuál prevalece sobre otro y dijo que “sería de analizar cada caso en particular”.

SECTOR DE UNIVERSIDADES

Silvia Cristina Pérez Sánchez: abogada con maestría en derecho familiar, abogada y notario en el bufete Pérez Sánchez y Asociados. Fue propuesta por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca). También fue consultora externa de Checchi Consulting, capacitadora externa del Consejo Nacional de la Judicatura, colaboradora jurídica asignada al área de inconstitucionalidades y hábeas corpus de la Sala de lo Constitucional, colaboradora judicial de la Cámara de Familia de la Sección del Centro.

José Walter Polío González: docente titular de la Universidad Gerardo Barrios en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Es administrador de empresas con maestría en derecho de familia. Propuesto por la Universidad Gerardo Barrios. Según su currículo, fue asesor jurídico ad honorem de la Alcaldía de Usulután, de mayo a diciembre de 2009, en la gestión de Miguel Ángel Jaime Rivas (Jaime Rivas fue alcalde de GANA acusado de peculado y de recibir dinero de pandillas). Polío González ha sido colaborador jurídico del doctor José Ángel Infantozzi Fuzco, de enero a noviembre de 1999 y capacitador de líderes comunales de agosto a octubre de 1999 en la alcaldía de Usulután. Ha recibido reconocimientos del Consejo Nacional de la Judicatura.

Juan Enrique Castro Pereira: Ingeniero eléctrico. gobernador propietario por el sector patronal por cuatro años a partir del 6 de octubre de 2015 en el Fondo Social para la Vivienda (FSV) nombrado por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. Gerente general de Conica, S.A. de C.V. Propuesto por la Universidad Autónoma de Santa Ana (Unasa). Representante legal de 2005 a 2015 de Maquinaria y Materiales de Construcción, S.A. de C.V. y miembro de la junta directiva 2014-2016 de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco). También aparece como representante legal de Distribuidora y Comercializadora de Combustibles, S.A. de C.V. (DYCCO).

Las candidaturas de Jaymee Magaña y Gilberto Canjura fueron excluidas de la elección, luego de impugnaciones. Magaña fue multada por el IAIP y Canjura, vinculado al FMLN. Foto: J. López.




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