Editorial & Opinion

Entre la búsqueda de la justicia y la criminalización de mujeres

Julio Magaña / Abogado

lunes 22, julio 2019 - 12:00 am

Evelyn Hernández es parte de las víctimas estructurales que El Salvador produce día con día, donde –me atrevo a sostener- toda complicación derivada de emergencias obstétricas es vista como homicidio agravado para la Fiscalía General de la República, convirtiéndose en una política pública de muerte para las mujeres.

Esta visión del Ministerio Público – Fiscal  se debe al cambio de legislación penal que El Salvador tuvo en 1997, y que entró en vigencia a partir de 1998, donde políticos basados en argumentos religiosos y falsas moralidades promovieron la prohibición absoluta del aborto, efecto que demuestra que la legislación juega un papel importante para la protección de las mujeres o como en este caso, perjudicial y lesivo.

Las consecuencias devastadoras que generó la reforma penal, motivó un cambio percepción en el funcionariado médico, judicial y fiscal; este último tiene la obligación de promover la defensa de la legalidad y de los derechos humanos; sin embargo, como en el caso de Evelyn se convierten en empeñados fiscales construyendo casos en contra de las mujeres, alejándose de la búsqueda de la verdad, con el objetivo de señalar y condenar públicamente agotando todas las instancias judiciales.

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El caso de Evelyn, y de muchas mujeres criminalizadas por esta causa, denotan violaciones al derecho, al debido proceso y a los derechos fundamentales, mostrando inconsistencias entre los hechos y las pruebas periciales brindados por especialistas médicos, denotando el problema estructural donde el aparataje fiscal traspasa el límite del irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad de las mujeres mediante el ejercicio de su poder acusatorio, motivando a condenas infundadas de hasta 35 años de prisión. Igualmente, muestra cómo la criminalización tiene un impacto desproporcionado en las mujeres en situación de más vulnerabilidad, por encontrarse en situación de pobreza, sin acceso a educación, y por ser mujeres jóvenes.

La criminalización absoluta en El Salvador es una manifestación clara de vulneración a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos afectando el derecho a la vida, la salud y la autonomía de las mujeres.


La Fiscalía General de la República, que ostenta el monopolio exclusivo de la acción pública y cuenta con la potestad de decidir acerca de la conveniencia de ejercerla formulando el juicio de conveniencia u oportunidad de la acción penal, tiene una responsabilidad inherente de generar cambios en sus políticas internas a favor de las mujeres, es importante que el Fiscal General de la República realice acciones necesarias para evaluar los protocolos de actuación de sus fiscales tomando en cuenta la realidad de las mujeres, y no solo cumpla indicadores de detenciones y condenas, como si las mujeres fueran un simple número que cumplir.

En los últimos años, muchos países del mundo han flexibilizado las restricciones al aborto. Guttmacher Institute informó que, entre los años 2000 y 2017, 27 países de todo el mundo reformaron su legislación sobre el aborto para ampliar el acceso legal a esta práctica. El Dr. Raúl Melara tiene el compromiso inherente, constitucional, ético y moral de garantizar los derechos de las mujeres y de evitar la criminalización.




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