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Editorial & Opinion

Es urgente crear mecanismos legales para evitar acefalías en las instituciones públicas

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Sección El Salvador.

viernes 16, noviembre 2018 - 12:00 am

Durante el evento que el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador y el Centro de Estudios Jurídicos organizaron a finales de octubre de 2018, sobre el método de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, uno de los temas que se abordó fue la urgente necesidad de establecer mecanismos legales para evitar acefalías en las instituciones públicas y, de modo específico, en relación a elecciones de segundo grado: fue prácticamente unánime la idea que la vergonzosa situación creada por la Asamblea Legislativa, de inexistencia de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (por más de cuatro meses) no debe repetirse.

Y es que cada vez se está haciendo más común y más extenso el atraso de la Asamblea Legislativa en adoptar acuerdos para elecciones de segundo grado (entre otros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República, magistrados de la Corte de Cuentas, integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura, etc.), por lo que es evidente la necesidad de crear soluciones legales para impedir acefalías institucionales.

Con relación a las posibles opciones para superar dicho problema, durante el evento se hizo mención –a modo de reflexiones, no de propuestas específicas– de diversas salidas, que van desde aquellas que requieren reforma constitucional (como el modelo uruguayo, que prevé que si 90 días después de producida la vacante en la Suprema Corte de Justicia no se ha realizado la designación por la Asamblea General, queda automáticamente designado, “el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo”), hasta aquellas que están en línea de fijar sanciones –penales, administrativas, pérdida de derecho de elección pasiva, etc.– para los diputados omisos en cumplir con su obligación constitucional.

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Así, se destacó que si bien el atraso legislativo constituye en sí un problema, que lastimosamente se produce cada vez más, la mayor afrenta al Estado constitucional de derecho se produce cuando un notable retraso legislativo causa acefalía en las instituciones públicas, al grado que la desidia legislativa provoca que aquellas dejen de operar (como es el caso de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia): dicho resumidamente, la patología no es el disenso parlamentario, sino que la anomalía es el retraso legislativo que genera acefalismo institucional.

Para intentar evitar tan grave situación, se charló sobre la posibilidad de una reforma legal que autorice, en la hipótesis que expire el plazo del mandato de un funcionario sin que la Asamblea Legislativa haya procedido a la elección del sucesor, la continuidad en el cargo del funcionario de elección de segundo grado, esto es, un funcionario “en funciones” o provisional.


Al respecto, durante el evento existió un interesante debate sobre la validez constitucional y la conveniencia política de esa eventual vía de solución, ya que, por un lado, desde la perspectiva estrictamente jurídica, se podría considerar que la permanencia en el cargo es una forma de fraude al plazo constitucionalmente determinado, pero también es cierto que el único caso en el cual la Constitución es explícita sobre la imposibilidad de continuidad en el cargo, es con relación al Presidente de la República; y, por otro lado, la automaticidad de permanencia en el cargo puede funcionar como incentivo perverso para que los diputados no adopten decisión alguna, permitiendo la continuidad de un funcionario con el cual todos los partidos políticos estén cómodos, precisamente cuando aquel actúa con incuria en el ejercicio del control de los otros órganos.

En relación con la posibilidad de continuidad en el cargo, a pesar del vencimiento del plazo, es importante apreciar que si bien no se trata de la misma situación, la jurisprudencia constitucional ya validó, en sentencia del 14 de julio de 2014, que el Fiscal General Adjunto pueda suplir al Fiscal General “en el caso extraordinario de cesación de éste en el cargo por cualquier causa, mientras se elija y toma posesión el nuevo funcionario electo”.

Debe continuarse, pues, con el debate, porque lo esencial es asegurar la continuidad del funcionamiento de las instituciones públicas, evitando que los ciudadanos queden desprotegidos por una acefalía resultante de la incapacidad de superar discrepancias políticas.




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