El canciller de la República, Hugo Martínez. Foto: Cancillería

El canciller de la República, Hugo Martínez, en nombre del Estado salvadoreño, pidió perdón hoy por la masacre de 45 personas perpetrada en 1981 por soldados y paramilitares al servicio del Gobierno.

En un acto público ante las familias de las víctimas y habitantes de San Francisco Angulo, Tecoluca, Martínez reconoció “como verdaderos los hechos aquel día 25 de julio de 1981”.

“A consecuencia de este reconocimiento y en mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador (…) quiero pedir perdón en nombre del Estado salvadoreño por estos repudiables hechos”, dijo Martínez en el marco del 36 aniversario del crimen conocido como “la masacre de San Francisco Angulo”.

De acuerdo con el relato oficial, un grupo de aproximadamente 20 hombres “fuertemente armados” asesinó a 45 civiles, en su mayoría mujeres y niños, “sin que se produjera enfrentamiento alguno”, y luego los sepultaron en una fosa común.

En junio de 2005, un grupo de sobrevivientes y familiares de las víctimas solicitó la exhumación de los cuerpos y finalmente se recuperaron 30 osamentas durante las excavaciones, que fueron suspendidas por falta de equipo y las dificultades que supuso el cambio de la topografía.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el febrero de 2014 a la Fiscalía realizar “dentro de un plazo razonable, una investigación seria, exhaustiva, diligente y concluyente, con el fin de esclarecer la verdad” de dicha matanza.

Esta masacre, cuyo proceso se mantuvo relativamente activo por un juez de la localidad que decidió no aplicar al caso una ley de amnistía a los crímenes de guerra (1993), ha generado una controversia entre la organización de derechos humanos “Madeleine Lagadec”, que representa a las víctimas, y el Ejército, por la supuesta destrucción de archivos relacionados.

En abril pasado, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) culpó al Ejército de destruir en 2015 “información relacionada a violaciones de derechos humanos” ocurridas durante la guerra, con la venia del Archivo General de la Nación (AGN), misma que había solicitado la organización con anterioridad.