Nacionales

Estado sin recuperar $5.1 millones de obras no hechas en hospitales

Juan Carlos Vásquez

miércoles 7, agosto 2019 - 12:03 am

Han pasado nueve años desde que la exministra de Salud, María Isabel Rodríguez, denunció irregularidades en la construcción e instalación de equipos médicos del hospital San Pedro, de Usulután y Santa Gertrudis, San Vicente, sin que a la fecha el Estado haya recuperado los $5,142,096.57 defraudados.

El caso llegó a sede fiscal durante la gestión de Romeo Barahona, quien abrió expediente luego que ingresara la denuncia el 27 de mayo de 2010; durante su administración se judicializó solo el caso del Hospital Santa Teresa, de Zacatecoluca, en La Paz, que forma parte del proyecto Reconstrucción de Hospitales y Extensiones de Servicio de Salud (RHESSA) que incluía siete nosocomios.

Barahona llevó ante los tribunales al exministro de Salud José Guillermo Maza Brizuela, como principal acusado junto a 15 imputados, luego el entonces fiscal Luis Martínez judicializó las irregularidades detectadas en el referido proyecto, pero en los hospitales San Pedro y Santa Gertrudis, el 27 de marzo de 2014.

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Solo en la investigación de las anomalías en estos dos nosocomios, la Fiscalía General de la República tardó tres años y diez meses, mientras que en la etapa procesal la causa penal ya tiene cinco años y cinco meses de estar en sede judicial y no ha pasado de la fase de instrucción.

El proceso se estancó porque defensores y fiscales han presentado apelaciones, revocatorias y  han solicitados audiencias especiales.


En lo que respecta a jueces y magistrados han juramentado peritos, se han emitido sobreseimientos, anulado resoluciones y ordenado nuevas audiencias; es más el caso que está en el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador, se debe hacer una audiencia especial para enviar a juicio al exministro de Salud José Guillermo Maza Brizuela, y 16 imputados más, por orden de la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador.

 

La acusación

La Unidad Penal del Estado, de la Fiscalía General de la República, en el dictamen de acusación dice que con el accionar de los imputados se le causó un perjuicio económico al Estado por una cifra de $5,142,96.57 centavos.

En el proyecto del hospital Santa Gertrudis el monto es de $1,052,043.77, mientras que con el hospital San Pedro, lo defraudado oscila en $4,090,052.80. El Ministerio Público dice que el caso se hilvanó en seis delitos comenzando por las negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, estafa, estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos y falsedad documental agravada.

El exministro de Salud había sido exonerado de la autoría directa de negociaciones ilícitas que los fiscales le atribuyen en las anomalías del hospital San Pedro, pero la Cámara Primera de lo Penal luego de una apelación fiscal, anuló el sobreseimiento definitivo a su favor  dado por el Juzgado Primero de Instrucción de la capital y ordenó que en una audiencia especial fuera enviado a juicio, esa diligencia está pendiente.

En las pesquisas, la representación fiscal perfiló a Maza Brizuela como la persona clave para que se  gestara la defraudación al Estado, mientras fungió como titular del Ministerio de Salud entre el 1 de junio de 2004 y 31 de mayo de 2009, en la administración del expresidente Elías Antonio Saca, este último condenado a 10 años por los delitos de peculado y lavado de dinero.

En el extenso expediente tramitado por el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador, consta que al interponerse la denuncia, el Ministerio de Salud presentó un informe que ha sido la columna vertebral en la investigación y que tiene que ver el paquete de la Reconstrucción de Hospitales y Extensiones de Servicio de Salud (RHESSA).

Los montos

En la obra del hospital San Pedro, Maza Brizuela supuestamente autorizó el pago de $9,558,737.37 a la empresa C.P.K. Consultores, luego que la supervisora Asocio CHC-Norcontrol, Roberto Salazar (ESEO) informó sobre un avance del 78.3 % de la obra.

Sin embargo, un peritaje técnico confirmó que únicamente se había ejecutado el 57 % del proyecto, es decir que se debió pagar $5,981,586.10.

Según la pericia el avance de la obra reportado por la empresa supervisora y pagado con fondos del proyecto no coincidió con el avance técnico real, por lo que se presume que hubo un exceso en el pago de obra y equipamiento del inmueble no ejecutado por $3,500,000.

En la voluminosa documentación hay informe con fecha 16 de julio del año 2007, donde se verifica que el exministro de Salud, Maza Brizuela, suscribió un contrato con C.P.K. Consultores S.A. de C.V. Borelli & Mérigo Arquitectura por $10,494,000.21 centavos y que el mismo fue rescindido en noviembre 2009.

Siempre en el año 2009, C.P.K. demandó al Ministerio de Salud por un monto de $2.1 millones argumentando costos adicionales, por lo que en un proceso de conciliación Maza Brizuela supuestamente dio el visto bueno para que se reconociera a la empresa contratista en concepto de reajuste y sobrecostos con un monto de $1.73 millones, se finalizó pagando $1,629,000 correspondiente al 94 % de lo demandado.

Consta en las diligencias de investigación que en ese proceso conciliatorio actuaron como árbitros José Luis Arias, en representación del Ministerio de Salud; José Adolfo Torres Lemus, por el Asocio C.P.K.  Consultores, y un tercero que no se definió.

Mientras, como apoderado de la empresa demandante estuvo el exsubdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), César Rolando García Herrera, acusado en este nuevo proceso por falsedad documental agravada y estafa agravada.

En cuanto al Hospital Santa Gertrudis, el Ministerio Público explica detalladamente que el avance físico de la obra ejecutada es del 63.05 % según el peritaje técnico realizado por el ingeniero Julio César Ramos Mancía, el 30 de noviembre de 2009.

El perito dejó claro que el monto que el Ministerio de Salud debió pagar tuvo que ser de $8,951,600.53, sin embargo al contratista le canceló financieramente el 70.46 % equivalente a $10,003,644.31.

Se revela entonces que la cantidad de obra pagada y no ejecutada, más el valor de los equipos propios del inmueble, según estimaciones 1 y 9 fue de $1,052,043,77.

 




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