Nada de lo que aquí ocurre puede sorprender a nadie que haya vivido en El Salvador por los últimos 10 años. Los últimos acontecimientos que están llamando la atención de los salvadoreños son las actuaciones de la Sección de Probidad de la CSJ, que con una ley que data de más de 50 años y recién hasta hoy  entra en funciones, probablemente por iniciativa de esta última CSJ, que por las primeras señales, está  tomando distancia e independencia de los otros dos órganos del Estado.

Los casos más importantes que ocupan los titulares de los medios de comunicación, son las investigaciones sobre los bienes de los expresidentes de la República (especialmente los tres últimos) que presentan enormes diferencias  entre lo que tenían al momento de iniciar su cargo y a la finalización de este. La realidad es que no son los únicos funcionarios cuestionados, pero sí los de mayor jerarquía y por consiguiente quienes más escándalo producen. Y es que a todos nos molesta que estos personajes  hayan aumentado desproporcionalmente sus peculios, recurriendo a  métodos poco convencionales o de dudosa moralidad.

Probidad ha concedido  a los señalados la oportunidad de desvanecer  los cargos que se les imputan, y el resultado es que ha mandado que se les procese en juicios, en los cuales se les deberán proveer todas las garantías del debido proceso. Del resultado de tales juicios, imaginamos que si los resultados lo ameritan, se les obligará a devolver lo indebidamente adquirido, y si además existe mérito, se les procesará penalmente.

Es de hacer notar que en estos procesos debe separarse los sentimientos de simpatía o antipatía que el funcionario se haya ganado ante el público durante el ejercicio del cargo, porque el proceso no se refiere a calificar la conducta, sino a justificar los bienes adquiridos en ocasión de ejercer un cargo público. La actitud del cumplimiento de la ley por parte de la CSJ, ha provocado como primera providencia la reacción del llamado primer órgano del Estado, derogando la antigua ley de probidad, sustituyéndola por otra, a la cual se dice que le han “quitado los dientes”, lo que ha causado la impresión en mucha  gente, que lo que los legisladores han hecho es “matar su chucho a tiempo”, lo cual se puede verificar fácilmente corroborando quiénes suscribieron con su voto el nefasto decreto, y la inusitada velocidad de la promulgación  y  publicación de la misma en el Diario Oficial, para que fuera ley.

Pero además de lo anterior,  hay quienes observan otra delicada situación,  y es que se comenta que debido a arreglos y convenios no muy cristalinos entre los partidos políticos, que controlan el órgano legislativo, ya se ha negociado un cambio en la junta directiva de la Asamblea Legislativa actual para la segunda mitad del período legislativa, cambio que implica el ascenso a la cúpula de personajes señalados por la valiente Sección de Probidad, como posibles sujetos de investigación, y por lo mismo cuestionados por la legislación constitucional que exige a dichos funcionarios “honradez y moralidad notoria”.

Hace más de 400 años, Don Quijote sentenció: “Cosas veredes, Sancho Amigo” (Cosas verás Sancho Amigo). Nuestras autoridades, los partidos políticos, y los salvadoreños en general, deberíamos entender que a nivel  internacional estas “ideas y trucos” para defraudar la ley, nos hacen ser objeto como país, de la burla y el desprecio  de las naciones verdaderamente civilizadas, y nos encaminan hacia atrás en el desarrollo histórico que como nación independiente y soberana tenemos derecho a construir.

Cabe señalar  como ejemplo de probidad, el caso del expresidente Mujica de Uruguay, ex guerrillero y de corte absolutamente socialista, quien dio cátedra a toda América de que la honradez se lleva en la sangre y en el corazón. Al entregar el poder cuando finalizó su período, regresó a su misma casa en su VW escarabajo, pero con la frente en alto y su honor invicto. ¿Qué tan lejos estaremos de Uruguay en el tiempo? ¿Podremos ver algún día algo semejante?