Editorial & Opinion

Exhibición de reclusos en medios y redes ¿para qué?

Claudia Flores Mejía / Abogada

viernes 2, agosto 2019 - 12:00 am

A partir de la implementación del “Plan Control Territorial” del nuevo gobierno, hemos podido observar en las redes sociales, especialmente en Twitter, y en los medios de comunicación, la forma en que son expuestos los privados de libertad, sin distinción –procesados y condenados–, en el desarrollo de los traslados que han sido ejecutados desde diversos centros penales con destino, algunos, hacia el Centro Penal de Seguridad de Zacatecoluca. También, ha sido posible notar la aceptación popular de tal medida por los seguidores de la cuenta presidencial oficial de Twitter, pese a la degradación a que son sometidos los reos. Esta medida se ha implementado para prevenir la criminalidad que se origina al interior de los establecimientos penitenciarios y así lograr su control total.

Pero ¿es necesario que los internos sean exhibidos públicamente para alcanzar el objetivo de la medida adoptada? ¿es esa situación acorde con los estándares de los derechos humanos relativos a los privados de libertad? Puedo asegurar, sin duda alguna, que la efectividad de una medida como la señalada no radica en el grado de publicidad que tenga o de exposición a la población. En primer lugar, porque el objetivo, en algunos casos, es trasladar de una prisión ordinaria a una de máxima seguridad a ciertos reclusos, lo cual, independientemente de su exposición pública, cumple su cometido consistente en ejercer control sobre aquel sector de la población reclusa que se asume produce delincuencia desde el interior de los centros penales; y, en segundo lugar, porque tiene implicaciones distintas a cumplir con su propósito, entre ellas, una grave transgresión a los derechos humanos de los privados de libertad, que va más allá del efecto disuasivo a delinquir que persigue tal exhibición.

Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en Las Américas, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a instancia de su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, establecen en el IX.4 que en los traslados de las personas privadas de libertad deben respetarse su dignidad y derechos fundamentales, y no deberán practicarse con la intención de castigar, reprimir o discriminarlas, ni a sus familiares o representantes; ni se podrán realizar bajo sufrimientos físicos o mentales, en forma humillante o que propicien la exhibición pública.

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Claramente, que esta última circunstancia acontezca, prohibida por ese instrumento, genera un componente de humillación en las personas sometidas a los traslados actuales originados por el plan de gobierno, que se refleja en una lesión a su dignidad y a su integridad personal (psíquica), y que además trasciende hasta sus familiares quienes sufren esa humillación y el estigma que genera la publicidad de la privación de libertad.

El mencionado organismo regional a través de la Relatoría ha establecido que ese tipo de prácticas es inadmisible y contraria a los derechos humanos, que con claridad es violatoria no solo de la dignidad humana, por constituir un trato cruel, inhumano y degradante, sino que afecta los derechos más valiosos de la persona. Además, la exposición que se haga de personas procesadas y no condenadas, afecta su derecho a la presunción de inocencia, pues sin habérseles concedido un juicio previo cuando ya han sido exhibidas, son sometidas a valoraciones de culpabilidad sin tener una sentencia sobre la acusación en su contra.


Las exposiciones públicas de los internos penitenciarios al generar una grave lesión a su honor, a su imagen y dignidad humana, dadas las circunstancias en que son expuestos (semidesnudos, en posiciones corporales denigrantes, correteados por órdenes de custodios), produce a su vez un daño moral susceptible de indemnización y potencialmente exigible al Estado.

Es de suma importancia que el gobierno reconsidere las formas de ejecución de su plan respecto a los reclusos sometidos a traslados, sobre todo aquellas denigrantes y humillantes que conllevan serias transgresiones a derechos humanos, pues el fin no puede justificar los medios en materia de estos derechos sobre ningún grupo de la sociedad, por lo tanto, tampoco de la población reclusa. El gobierno debe tener en cuenta que no es posible retroceder en el trato a los privados de libertad, buscando el mero castigo bajo tratos humillantes (pese a que la siguiente fase de su plan busque la reinserción), cuando el sistema penitenciario reformado ha constituido garantías esenciales para los derechos de los mismos y para su protección, aspectos que no pueden ser destruidos a partir de regímenes gubernamentales que no sean capaces de encontrar un equilibrio entre el control de los centros penales y la garantía de los derechos humanos de las personas.




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