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Editorial & Opinion

¿Existe un derecho a migrar?

Rubén I. Zamora / Abogado, político y diplomático

lunes 5, noviembre 2018 - 12:00 am

El nuevo fenómeno de las migraciones de nuestros compatriotas centroamericanos en forma masiva a los Estados Unidos, plantea el problema de si existe o no un derecho especifico de migrar, que sea reconocido por la ley internacional; dilucidar si esto es o no correcto,  se vuelve importante no solo porque nuestro presidente ha  abogado en la ONU por los migrantes basándose en la existencia de este derecho, sino porque las organizaciones que atienden la migración y varios  columnistas en sus artículos lo dan por seguro e incluso citan disposiciones del derecho internacional para confirmarlo.

La verdad es que en el Derecho Internacional no existe norma alguna que obligue a ningún Estado a recibir migrantes, sino que la recepción de no nacionales dentro del territorio del Estado está sujeta a la legislación de cada país.

Quienes argumentan lo contrario, aducen el Art. 13 de la Declaración Universal de derechos humanos: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”

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Por la redacción de este texto pareciera que existe un derecho general que autorice a una persona a emigrar a otro Estado, pues se reconoce no solo la entrada sino la residencia en el mismo. Sin embargo, esta es, como su nombre lo indica una “declaración” de la Asamblea General de Naciones Unidas y carece de obligatoriedad, quienes la firmaron lo que están diciendo es que expresan su deseo de que esto sea así, o como dice el mismo preámbulo de esta declaración a que “sea un estándar común para todos los pueblos y naciones”.

En el derecho internacional las declaraciones de los organismos internacionales, son la expresión de aspiraciones comunes, pero carecen obligatoriedad para los gobiernos, son importantes y han producido efectos, pues muchos gobiernos, voluntariamente las acatan. La obligatoriedad se encuentra en otro tipo de documentos de otra naturaleza: las Convenciones o Pactos y los Tratados; las Declaraciones se hacen mediante voto de la Asamblea General y suele ser por consenso, para la vigencia de un Tratado o Convención no basta la votación, sino que adicionalmente se requiere de una adhesión y firma de cada país. Por lo tanto, para afirmar que hay un derecho a la migración con carácter jurídico y no solo moral es indispensable que este derecho sea reconocido y regulado en un Tratado o una Convención o Pacto.


Efectivamente, tenemos un instrumento de esta naturaleza que es el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” que está vigente como ley internacional desde el 16 de diciembre de 1966 y el cual le da un tratamiento a la migración aun cuando no usa ese término, asi, en el artículo 12 dice textualmente “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia”; el Pacto introdujo una precisión o restricción a lo establecido por la Declaración: “que se halle legalmente en el territorio de un Estado”, en otras palabras, el derecho de circular libremente y asentar residencia, solo puede  reclamarse si se adecua a las exigencias legales del país receptor, por ejemplo, si la ley requiere la visa para poder ingresar al país, nadie puede exigir  que se le permita entrar y residir si no es cumpliendo con esa norma y no puede amparar su exigencia en base al derecho internacional.

Por otra parte, el numeral 4º del mismo artículo, que repite el inciso segundo de la Declaración y que reza “Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país” contrario sensu, nos indica que, si no es nacional, solo podrá entrar sujetándose a las leyes del país receptor.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969, conocida como Pacto de San José, mantiene la misma norma y en su artículo 22  es aún más explícita respecto a lo que analizamos y dice así: “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales”, en lo único que varia es que la Convención regional sujeta tanto la entrada como la estadía en el territorio del país receptor al cumplimiento de sus leyes.

Concluyendo, independientemente que la ética y una consideración humanista nos obliga a ver el fenómeno de la migración como un derecho del ser humano, jurídicamente, en términos del Derecho Internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, no lo contempla como un derecho específico del migrante y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, lo considera, pero poniendo al migrante para su entrada y estadía sujeto a las leyes del país que lo recibe.




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