La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseguró ayer que el proceso Constituyente convocado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, puede “crear un caos en el país”, afectado por una crisis política, económica y social.
Durante una entrevista con la cadena estadounidense Univisión, Ortega Díaz indicó que “ante factores políticos que han atentado contra la Carta Magna (…) tengo que decir que esas acciones pueden crear un caos en el país o exacerbar la crisis que estamos viviendo”.
La titular del Ministerio Público, citada por la dependencia en su página de internet, reiteró, por otra parte que, “de acuerdo con la Constitución (…), la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debe ser convocada por el pueblo, como único depositario del Poder Constituyente”.
Ortega, confesa ex chavista que se deslindó del gobierno desde hace más de tres meses, aseveró que quienes impulsan la Constituyente “no han indicado cuáles son las soluciones o respuestas a la grave crisis que atraviesa” la nación caribeña.
Recordó que Venezuela se halla afectada por “la falta de alimentos, el alto costo de los productos de primera necesidad, la escasez de medicamentos, la situación de los hospitales y la inseguridad”.
La fiscal Luisa Ortega Díaz, ahora una de las voces más críticas de la administración de Maduro, considera que el proceso Constituyente inició de manera “fraudulenta”, por lo cual ha pedido al jefe de Estado venezolano “echar atrás” su iniciativa.
En tanto, el gobierno de la nación caribeña la acusa de haberse puesto del lado de la oposición local, que protagoniza protestas desde abril pasado, que, según el Ministerio Público, se ha cobrado la vida de 102 personas.
El oficialismo, que la acusa de apoyar la violencia en el país, sostiene que una vez instalada la ANC tras la elección del próximo 30 de julio, hará una revisión de cada uno de los funcionarios que integran el Ministerio Público.
Marcha de apoyo a nuevos jueces acaba en disturbios en Caracas
Venezuela vivió ayer otra jornada de enfrentamientos entre manifestantes y militares al interceptar la Guardia Nacional varias marchas de apoyo a los 33 nuevos magistrados designados el viernes por el Parlamento, de mayoría opositora, para que sustituyan a jueces en ejercicio del Tribunal Supremo.
Al menos ocho personas que participaban en las marchas, entre ellas varios periodistas, fueron heridas por agentes de este cuerpo de Policía militarizada que dispararon bombas lacrimógenas y perdigones de goma para cortar el paso y dispersar a los manifestantes.