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Política

Funcionarios multados por CCR irán como candidatos

Antonio Soriano

viernes 15, diciembre 2017 - 12:02 am

La presidenta de Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas (centro), dice que la institución no ha parado sus otras obligaciones por la emisión de las constancias electorales. / DEM

La presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas, informó ayer que la institución ha entregado 2,322 constancias electorales a candidatos a diputados, alcaldes y concejales para que puedan inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Algunos de esos aspirantes debieron pagar una multa ante el Ministerio de Hacienda para tener la documentación, debido a que tenían procesos en los cuales presentaban responsabilidad patrimonial o administrativa pendiente de solventar ante la Contraloría, por haber hecho mal uso de fondos públicos.

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Según la presidenta de la CCR, han recuperado bajo el concepto de “multas”, a una cantidad de aspirantes, $41,159.38, fondos que retornarán a las arcas del Estado.

De acuerdo con Rivas, por responsabilidad patrimonial se han recuperado $18,973,39 y por responsabilidad administrativa, $22,186.99.


La responsabilidad patrimonial, según la ley de la Corte de Cuentas, es el daño económico demostrado en la disminución del patrimonio de una institución pública; mientras que la responsabilidad administrativa es el incumplimiento de funciones y deberes del funcionario.

Las multas fueron interpuestas por la Cámara de Segunda Instancia, que está integrada por los tres magistrados de la Corte.

La CCR inició el pasado 4 de diciembre el proceso de emisión de las constancias electorales de los candidatos.

 

Clave para inscribirse

El finiquito que da la Corte de Cuentas a los candidatos es decisivo para que el TSE los inscriba oficialmente como aspirantes a los cargos de elección popular.

En las resoluciones que ha emitido el TSE a 83 candidatos a diputados recuerda que la constancia de la Corte de Cuentas es un requisito a cumplir para ser inscrito. “Certificación o constancia extendida por el presidente de la Corte de Cuentas de no tener pendiente al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada”, indica.

La sentencia ejecutoriada  significa una sanción patrimonial o administrativa para los funcionarios actuantes.




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