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Política

Fundación sugiere eliminar voto popular en la elección de candidatos a la CSJ

Gerson Chávez

jueves 31, mayo 2018 - 12:01 am

El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la corrupción tuvo ayer como conferencista a la coordinadora de Independencia Judicial, Úrsula Indacochea. / Diego García

La Fundación para el Debido Proceso de la Ley (DPLF) sugirió ayer reformar la Constitución de la República para mejorar el mecanismo de elección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

A criterio de la fundación, la preselección de los candidatos que serán enviados a la Asamblea Legislativa solo debe quedar en las manos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) “como entidad autónona”, para que la  Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) ya no elija, sino que solo “aporte” candidatos para el proceso de preselección que realizará el CNJ.

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En la legislación vigente, el CNJ y la Fedaes realizan correspondientes procesos internos para elegir a candidatos a magistrados, para que luego la Asamblea Legislativa elija a los nuevos funcionarios.

La coordinadora de Independencia Judicial de DPLF, Úrsula Indacochea, explicó que es necesario eliminar el mecanismo de elección de la Fedaes porque no es acorde a los estándares internacionales y premia criterios populares y no técnicos de los candidatos.


“Que exista una etapa donde se preseleccionen por voto popular (a los candidatos) incumple el estándar de evaluación en función al mérito, porque el voto popular no premia el mérito de las personas (sino) premia su popularidad, premia su red de contactos, que no son los que se exigen para los jueces”, planteó.

 

Condición: transparencia

Si la responsabilidad queda al CNJ se “debe verificar”, la Fundación sugiere contar con garantías para “realizar su labor de manera independiente y libre de interferencias indebidas de los poderes políticos o de grupos económicos”.

Aseguran que los consejeros del CNJ tienen la “obligación de revelar cualquier tipo de incompatibilidad o conflicto de interés para la evaluación de candidatos” y que tendrían que ser elegidos con transparencia, sin vínculos partidarios que afecten su independencia.




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