Política

Funde: “El temor es que la CICIES solo tenga el nombre, pero no el contenido”

Gerson Chávez

viernes 29, noviembre 2019 - 5:52 pm

Foto de Gerson Chávez.

Un grupo de 15 organizaciones de la sociedad civil insistieron hoy en que el convenio fundacional de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), suscrito entre el Gobierno de El Salvador con la Organización de los Estados Americanos (OEA), debe de pasar por la ratificación de la Asamblea Legislativa.

Las 15 organizaciones, incluida la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y Acción Ciudadana, plantearon que “la falta de ratificación de la Asamblea Legislativa del Acuerdo constituiría una clara manifestación de evadir las reglas sobre frenos y contrapesos establecidos por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico”.

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“Extrañamos que no se haya ratificado por la Asamblea Legislativa el acuerdo de constitución de la CICIES. El que no se haya ratificado en un convenio sujeto a ratificación de la Asamblea Legislativa le resta potencia jurídica, le resta capacidad de incidencia a la CICIES en el combate a la impunidad y a la corrupción”, planteó el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.

Las organizaciones también insistieron en que el Gobierno revele el contenido de la correspondencia que recientemente le envió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en torno a la instalación de la CICIES.


“Desde el principio se habló en el Plan Cuscatlán de una CICIES instalada con la ONU y con la OEA. Ha quedado un poco atrás las conversaciones que se tienen con ONU para que podamos con el apoyo y experticia para fortalecer la CICIES (…) El temor de las organizaciones es que la CICIES solo tenga el nombre; pero no el contenido que estamos buscando para un combate efectivo de la corrupción y la impunidad”, expresó la investigadora de Funde, Jessica Estrada.

Finalmente, las organizaciones dijeron que es necesario reformar el Código Penal para permitir que la CICIES se muestre parte querellante en un proceso, porque actualmente la legislación solo faculta a instituciones nacionales como querellantes. Las organizaciones compararon que en Guatemala fue aprobado un pliego de reformas penales previo al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).




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