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Editorial & Opinion

¿Garantía de cumplimiento de los fines del Estado democrático de derecho?

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Dra. Ivette Cardona

viernes 21, diciembre 2018 - 12:00 am

Para dar respuesta a la pregunta que planteamos, debemos partir de la finalidad esencial de un Estado democrático de derecho, y que no es otro que  garantizar el desarrollo digno de toda persona, tanto en su ámbito individual, como político, social, económico y cultural, para cuya tarea el Estado deberá orientar su actividad, sus políticas públicas y sus mecanismos jurídicos de control, con el objeto de lograr que los derechos fundamentales de toda persona sean debidamente atendidos, viabilizados y protegidos, que es el fin primordial del Estado moderno.

Bajo esta premisa, en la Constitución vigente, encontramos los principios económicos y financieros que habrían de regir los preceptos sobre la Hacienda Pública y el Orden Económico, los cuales por estar plasmados al más alto nivel normativo, son una garantía de ser indisponibles o  no negociables por los poderes públicos de turno.  Su expresa protección constitucional, producto de la evolución del Estado contemporáneo, tiene como fin orientar eficazmente el equilibrio económico, el gasto público y asegurar una adecuada distribución de la riqueza nacional, determinando con ello la debida distribución de los fondos públicos en aquellas instituciones que velarían por hacer efectivos los derechos fundamentales, compromiso del Estado democrático de Derecho.

Dichos principios no son estáticos, al contrario, la dinámica social y el reclamo ciudadano sobre la forma de aprobación del Presupuesto y las restricciones al financiamiento de algunos rubros en otros ejercicios fiscales, ha traído como resultado una interpretación constitucional vigorosa, que ha  contribuido a marcar pautas importantes para su debido desarrollo legislativo y ejecutivo.

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Específicamente en el campo de la Hacienda Pública, la Constitución  regula en el  Capítulo II del Título VII, el apartado sobre dicha materia, cuyo articulado establece los principales ejes que habrán de tomar en cuenta el Órgano Ejecutivo y el Legislativo, el primero como director de las finanzas públicas, y el segundo, como encargado de la aprobación del Presupuesto General de la Nación, proceso en el cual deberán observarse los principios de unidad, de oportunidad, equilibrio, universalidad y transparencia, debate y publicidad, los cuales se deducen también de lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.

En esa dinámica, los artículos 226 y 227 de nuestra Carta Magna resultan elocuentes en cuanto exigen la observancia por parte de ambos órganos fundamentales del Estado, del equilibrio presupuestario en relación a prever la estimación de ingresos y erogaciones  –paliando el excesivo gasto público-  para cada ejercicio fiscal y adoptar las medidas indispensables a fin de remediar temporalmente deficiencias de ingresos y prevé, asimismo, el deber de llevar a cabo una debida distribución de erogaciones para el cumplimiento eficaz de los fines del Estado.


A pocos días de la finalización del año 2018, es indispensable la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el año 2019, bajo un proceso de promulgación transparente que promueva una deliberación responsable, y que se apruebe tomando en cuenta el interés general.  Interés que, insistimos, no es otro que el de cumplir los fines esenciales del Estado mediante la debida distribución de las finanzas públicas. Consecuentemente, es una exigencia constitucional que la elaboración y aprobación del Presupuesto General de la Nación debe efectuarse  buscando la realización efectiva de los rubros de salud, educación, seguridad pública, entre otros, para su debido financiamiento de acuerdo a los fondos propios de que se disponga.

De ahí que nos parece importante sumarnos a los requerimientos de algunas organizaciones sociales de lograr la pronta aprobación del Presupuesto estatal, cuidando no sólo su equilibrio como un todo armónico, sino también procurando la eficaz asignación de los recursos a las instituciones para el debido cumplimiento de sus tareas funcionales, de acuerdo al objetivo central del Estado democrático de Derecho orientado a la prevención y tutela de los derechos fundamentales de la sociedad salvadoreña.




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