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Giran orden de captura internacional por ataque de helicóptero en Lolotique

Juan Carlos Vásquez

lunes 26, agosto 2019 - 12:02 am

El Juzgado de Primera Instancia de Chinameca, San Miguel, giró orden de captura internacional y embargo de bienes para tres exguerrilleros acusados de derribar un helicóptero, en el que viajaban tres miembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y quienes además eran asesores de la embajada de ese país acreditada en El Salvador.

El hecho ocurrió el 2 de enero de 1991, cuando un helicóptero UH-1H, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tripulado por el coronel David H.Pickett, el cabo Ernest G. Dawson y el piloto Daniel F. Scott fue derribado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en el cantón San Francisco, en Lolotique, San Miguel. Pickett era el comandante del Cuarto Batallón de Aviación, Scott era el piloto y Dawson, el jefe de tripulación.

En el expediente consta  que el hecho es atribuido a Fernán Fernández Arévalo, de pseudónimo “Porfirio”; Santos Guevara Portillo, “Domingo” y Severiano Fuentes, “Aparicio”.

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En la resolución judicial se señala que mientras los extranjeros a bordo del helicóptero sobrevolaban la zona montañosa de Lolotique, San Miguel, recibieron un ametrallamiento y la aeronave se desplomó.

Con la orden de captura internacional girada por la jueza Dinora del Carmen Andrade de Lazo, se librará oficio a la Policía Internacional (Interpol) con el fin de localizar a los tres acusados y ponerlos a la orden del juzgado para que enfrenten el proceso penal.


En este caso se aplica el Código Penal que estaba vigente en el año 1973 y que fue derogado con la normativa que entró en vigencia en 1998.

También, el Juzgado de Primera Instancia de Chinameca ha librado oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador para que gestione con la embajada de Estados Unidos colaboración en algunos aspectos.

Se señala que como Estados Unidos desde 1991 ha  brindado apoyo en este expediente, a través de Cancillería, se le debe solicitar dar con el paradero de los familiares de los tres ciudadanos estadounidenses que murieron en el atentado.

Lo que se pretende es “salvaguardar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas y ofendidos de ese atentado o en su caso determinar si existen”, se señala en la resolución judicial.

En la resolución judicial, también se ha ordenado embargar los bienes de los tres imputados, por ello, la jueza libró oficio al Centro Nacional de Registros  para “congelar, embargar o marginar” los bienes a nombre de los imputados, que están prófugos.

 

Posición de la jueza

La jueza Andrade de Lazo menciona que desde que el caso llegó a su despacho se ha custodiado el voluminoso expediente, resguardándose la prueba, a pesar de todas las problemáticas y atentados que se dieron en su momento contra el despacho judicial.

Menciona que solicitará a la administración del Centro Judicial de San Miguel, la asignación de dos cajas fuertes para poder resguardar la prueba que a futuro se produzca en este caso.

“Hasta el día de hoy dichos folios, investigaciones, álbumes fotográficos de la destrucción y derribamiento del helicóptero, así como también las notas periodísticas de noticieros como las portadas que acapararon los diarios de la BBC de Londres y otros medios internacionales en el año de 1991, autopsias, pericias, servirán en esta época como prueba para el nuevo proceso. Se espera que en su momento oportuno se pueda instalar el juicio oral, en el cual desfilarán un gran número de  testigos que en su momento sean admitidos cuando los imputados sean capturados”, destaca la jueza de la causa.

¿Qué dice la comisión de la verdad?

El caso documentado en el informe de la Comisión de la Verdad concluye que hay suficientes pruebas para señalar a ambos exguerrilleros como quienes ejecutaron al teniente David H. Pickett y el cabo Earnest G. Dawson, quienes sobrevivieron al ataque en el helicóptero, donde sobrevolaban hacia la base en Soto Cano, Honduras.

El informe “De la locura a la esperanza”, de la Comisión de la Verdad, dice que Fernán Fernández Arévalo ejecutó a los dos militares por orden de Severiano Fuentes Fuentes, responsable político del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) -una de las organizaciones que conformaron el FMLN- en la zona. La patrulla que coordinaba Fuentes Fuentes disparó en contra del helicóptero UH-1H que volaba entre los 30 y 50 metros de altura y lo derribó-. “Según comprobó posteriormente la autopsia, el piloto Scott murió al caer el helicóptero. La patrulla del ERP se acercó disparando, e hirió a los dos sobrevivientes”, dice el informe.

Diario El Mundo documentó en las ediciones de enero de 1991, que después que los guerrilleros derribaron el helicóptero, los dos militares no fueron auxiliados. Lugareños que habían llegado al sitio, dijeron que les constaba que los militares estaban vivos y que les pidieron agua. Ellos fueron en busca del líquido y los dejaron con los entonces guerrilleros, pero en el camino escucharon disparos y al regresar, los militares estadounidenses estaban muertos. En marzo de 1992, “Aparicio” y “Porfirio” fueron entregados al juzgado de Chinameca.

 

Los hechos ocurridos

2/01/1991

Según consta en el expediente, el helicóptero donde viajaban los tres estadounidenses fue derribado por los exguerrilleros prófugos, el piloto murió al instante, pero los otros dos que sobrevivieron fueron asesinados.

 

17/03/1992

El comandante “Jonás”, del FMLN entregó a “Porfirio” y “Aparicio”, quienes habrían ejecutado a dos militares de EE.UU.

 

08/02/2017

Colectivo de Víctimas del terrorismo pidió abrir el caso en la Fiscalía, luego de ser derogada la Ley de Amnistía.

 

19/072017

El entonces fiscal general, Douglas Meléndez, informó que giró las órdenes de captura en contra de los presuntos responsables del asesinato de los tres militares estadounidenses.

 

19/08/2019

La jueza de Primera Instancia del municipio de Chinameca ordenó la captura internacional para que los tres imputados puedan ser localizado y detenidos por la Interpol.

 




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