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Editorial & Opinion

Gobernabilidad y nueva forma de hacer política

Francisco Díaz Rodríguez / Abogado

sábado 9, marzo 2019 - 12:00 am

En El Salvador, a partir de los Acuerdos de Paz, por “gobernabilidad” hemos entendido el estado de confrontación o buen entendimiento entre el Ejecutivo y los partidos políticos de oposición en la Asamblea Legislativa.

Así lo ha entendido el presidente electo, Nayib Bukele, pero con una aproximación diferente. Ha anticipado que en su primer mes de gobierno presentará ante la Asamblea varias propuestas de beneficio para el pueblo, y que éste, el pueblo, sabrá qué hacer en las elecciones legislativas de 2021. Una nueva forma de hacer política. Y para probar la temperatura, lanzó por Twitter una primera propuesta: reorientar la mitad de los fondos destinados al nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, hacia la construcción de 50 centros escolares.

En esta nueva forma de hacer política, la pugna o el buen entendimiento ya no sería entre el Ejecutivo y la Asamblea, sino entre los diputados y el juicio del pueblo, el cual, en las elecciones del 2021, premiará con su voto a los diputados que apoyen las propuestas, y sacará del recinto legislativo a los que se opongan a ellas.

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Si esta nueva forma de hacer política, de cara a la población más que a los partidos políticos, sustituye a la de negociaciones privadas entre cuatro paredes, enhorabuena, bienvenida sea, será un paso hacia adelante. Pero esto no es suficiente para construir democracia. Revisemos la primera propuesta. Reorientar la mitad del presupuesto destinado a la construcción -urgente- del edificio de la Asamblea, para destinarla a la construcción de 50 centros escolares, ofreciendo, además, gratuitamente, el diseño de un edificio legislativo más eficiente y amigable con el medio ambiente, que costaría solo la mitad, resulta, a primera vista, algo de beneficio para el pueblo y un fuerte llamado de atención sobre el uso de los fondos públicos.

Sin embargo, a poco de tuiteada, aparecieron al menos cuatro opiniones serias cuestionando lo que a primera vista, parece ser muy bueno. La primera fue del Dr. Héctor Dada, quien consideró la propuesta, por su forma y contenido, como una trampa mediática. La segunda fue de Oscar Picardo Joao, quien, señalando las numerosas y enormes necesidades de la infraestructura educativa, concluyó que construir 50 nuevos centros escolares modelo, serviría de poco, estructuralmente, al sistema educativo, y profundizaría aún más las desigualdades del mismo. La tercera, de Jaime Barba, y la cuarta, de Carlos Rivas Escobar, subrayan cómo la propuesta posicionó en la opinión pública el tema. Barba, después de repasar otras muchas calamidades del sistema educativo, dice: “El reto es colosal y abrumador”; Rivas Escobar, bajo el título de “La deuda histórica con la infraestructura escolar”, señala, entre muchas cosas, la existencia de 95 centros escolares integrales que podrían ser el punto de partida.


Estas opiniones son suficientes para mostrar que la propuesta presidencial es discutible técnica y presupuestariamente, lo que significa que ella no necesariamente es lo mejor en beneficio para el pueblo en cuanto a infraestructura educativa. Surge entonces la pregunta: ¿Quién y cómo determina lo mejor en beneficio para el pueblo? La pregunta es crucial porque de su respuesta depende la naturaleza democrática o de otro tipo de una política pública.

Para ser democrática, esta nueva forma de hacer política no puede quedarse en Twitter. La campaña política terminó. La web y las redes sociales, tanto como la prensa escrita, la TV y la radio, deben utilizarse para construir democracia. La web y las redes sociales, son un vehículo óptimo para explicar a la población, de manera audio-visual, gráfica, sencilla, objetiva, veraz y comprensible, la totalidad de un problema y las propuestas de solución que se tengan, o para exponer la justificación social de un proyecto y su viabilidad técnica y financiera. Y lo son, también, para recoger la opinión de la población que dé legitimidad democrática a las propuestas, y las de los técnicos que confirmen que son viables, de modo que realmente resulten de beneficio para el pueblo.

Para no gastar, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia podría asumir institucionalmente las tareas de explicación y consulta, popular y técnica. Sería una nueva forma, institucional, de hacer política.




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