Cerrar [X]

Editorial & Opinion

Grave desacato constitucional

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

sábado 10, noviembre 2018 - 12:00 am

Desacato en términos legales y semánticos es una desobediencia deliberada o dolosa a un precepto, una orden o reglamento y se considera, además, un evidente incumplimiento de los deberes que un cargo o función impone, mucho más significativo en sus alcances cuando afecta el ámbito público o estatal. Por eso, el Art. 235 de nuestra Constitución, expresa literal y claramente que “Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes”.

Esta disposición constitucional, de obligatorio e ineludible acatamiento, parece que se les ha olvidado, adrede, a un grupo de diputados de la actual Asamblea Legislativa, que acumula más de tres meses calendario, de incumplir su responsabilidad en elegir a los magistrados propietarios y suplentes idóneos de la Sala de lo Constitucional y dos de la Sala de lo Civil.

Por su parte, el Art. 125 Cn. in initio define con exactitud el cargo de diputado, cuando expresa que “Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo”. Todos y cada uno de los 84 diputados propietarios y sus suplentes, que integran la actual Asamblea Legislativa, son única y sencillamente los representantes del glorioso y sufrido pueblo salvadoreño. Incluso lo recalca de manera expresa el Art. 218, que textualmente dice: “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada”. En cuanto a las facultades que tienen nuestros diputados, encontramos que el Art.131Cn. le fija diversas atribuciones a la Asamblea Legislativa, entre ellas la decimonovena que le mandata elegir, por votación nominal y pública, entre otros funcionarios, al presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el mandato constitucional que el pueblo salvadoreño está exigiendo que cumplan, sin dilaciones ni arreglos oscuros, a sus actuales representantes ante el Órgano Legislativo.

publicidad

Negarse, intencional o dolosamente, a darle cumplimiento a una necesidad de garantía pública de toda la población, constituye un inconcebible atentado al Estado de Derecho Constitucional y deriva en grave desacato a nuestra máxima Ley estatal, a la Constitución de la República, sin ningún asidero legal o pretexto peregrino que valga para retardar dañinamente esa vital elección, misma que deja en desamparo a toda la sociedad sin distingos, así como a las entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras radicadas en el territorio, ante una eventual actuación o disposición inconstitucional, o una petición de amparo, o de hábeas corpus en caso sucediera una violación a nuestros derechos individuales en general, especialmente a la vida, salud, pensamiento o creencia, de propiedad y posesión, o nuestra libertad ambulatoria.

La ausencia de una Sala de lo Constitucional implica, no solo una grave desobediencia a la Ley máxima, sino que coloca en grave riesgo la seguridad jurídica de la nación entera. Esta irresponsabilidad legislativa no es cuestión de burlas satíricas, ni un juego burdo de dimes y diretes. La República, tal y como está concebida constitucionalmente, se encuentra en peligro y ante una amenaza de que sus habitantes e instituciones pudieran ser objeto de violaciones a sus derechos en todo sentido y dimensión, con daños personales y patrimoniales, que no podemos cuantificar por el momento. Por obra y gracia de caprichos bastardos, de posturas tercas, basadas en miopes e impopulares criterios politiqueros, carecemos de un Tribunal Constitucional al que le corresponde, según el Art. 174 Cn. el conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el hábeas corpus y otras situaciones importantes para el desenvolvimiento normal y pacífico del Estado como tal, como el dirimir las diferencias que surjan entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo. Asimismo, resulta inconcebible que colegas abogados, que están obligados a respetar el orden legal del país, se empecinen junto a esos diputados, en mantener sus candidaturas mal evaluadas. Exigimos una pronta rectificación y elección.





RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN



Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.