Editorial & Opinion

Guatemala decidió

Eugenio Chicas / Diputado del FMLN al Parlacen

martes 13, agosto 2019 - 12:00 am

La misión de observación electoral del Parlamento Centroamericano acompañó la segunda elección presidencial en Guatemala del pasado domingo. Apreciamos que de 17,7 millones de habitantes forman parte del padrón 8,150,221 electores de los que finalmente acudieron el 42 %; hubo una tensa campaña en una intrincada complejidad política y territorial, aunque la jornada tuvo menos incidentes de violencia en relación al primer evento. A diferencia del proceso anterior, la transmisión de resultados fue ágil en el procesamiento del 98,93 % de actas y mostró rápidamente una diferencia de 16 puntos entre los contendientes, permitiendo que a tempranas horas de la noche los perdedores reconocieran el contundente resultado, hecho vital para la institucionalidad electoral.

El candidato ganador es el ultraconservador Alejandro Eduardo Giammattei Falla, médico de profesión, fracasado en dos oportunidades como candidato a alcalde capitalino; participó en cuatro ocasiones como candidato presidencial, todas con diferente partido político. Fue catapultado, además de su perseverancia, por duras posturas contra los matrimonios del mismo sexo y el aborto. Como director de centros penales tuvo un polémico desempeño, con severas acusaciones de violaciones a Derechos Humanos que le llevaron a un proceso de investigación por el que estuvo encarcelado diez meses y del que fuera exonerado, aprovechando con habilidad sus propuestas de “mano dura” y “pena de muerte” montado en el grave flagelo de criminalidad y pandillas. Ahora tendrá el reto de gobernar en una condición en la que el perdedor partido socialdemócrata cuenta con el mayor número de diputados y gobiernos municipales.

Espera una larga transición de cinco meses hasta enero; mientras, crecerá la complejidad de los problemas que agobian a Guatemala, al igual que al resto del Triángulo Norte: violencia, criminalidad de pandillas, narcotráfico y crimen organizado, causantes de 22,4 homicidios por 100,000 habitantes; economía considerada estancada con solo 3 % de crecimiento en relación con el acelerado aumento de 2,4 % de su población -una de las mayores tasas en América- agobiada por la pobreza que afecta al 53,7 % -de las más altas del continente-; la desnutrición aqueja al 49% de niños menores de cinco años, produciendo una mortalidad infantil de 140 x 100,000 nacidos vivos; decadencia de los servicios públicos y alto costo de la vida; en tanto, crece el desempleo y la marginalidad económica y social.

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Guatemala enfrenta una aguda crisis política debido a presiones internacionales e internas derivadas de la decisión del actual gobierno de terminar el mandato de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), creada en el año 2006, por acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno. Este órgano independiente de carácter internacional para apoyar, entre otras instituciones, al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil, se vio envuelto en litigios ante la Suprema Corte que cuestionaron su constitucionalidad, enfrentado a señalamientos y dudas respecto a presuntas dedicatorias en los procesos de investigación, que sin duda arrojaron resultados importantes. La CICIG fue controvertida por su falta de aporte para crear mecanismos de prevención sobre corrupción e impunidad, así como falta de medidas y acciones que contribuyeran a fortalecer y consolidar la institucionalidad; y que hoy harán mucha falta, pues el candidato electo se desmarcó sobre la extensión del mandato de la CICIG, señalándolo como fenecido, dejando su extinción en manos del gobierno saliente, como si la “cura” hubiese sido aplicada.

En el análisis de la crisis hay que sumar el sentido problema migratorio motivado por la inseguridad, pobreza y falta de oportunidades, crisis entronizada por la empecinada ambición de reelección del presidente Trump y su desprecio por los migrantes, ante lo que el gobierno de Guatemala de manera complaciente -o extorsionado bajo amenaza de imposición de aranceles-, firmó un tratado para establecer campos de concentración de refugiados migrantes bajo la figura de “Tercer País Seguro”; condición indigna impuesta en un documento desconocido para la opinión pública, rechazado por el 82 % de la población, así como por instituciones especializadas y la Iglesia que cuestionan la incapacidad del país para resolver las actuales demandas sociales y menos para atender refugiados deportados.


Las posturas dóciles y complacientes de los gobiernos del Triángulo Norte no abonan al interés nacional de cada Estado y menos a nuestros migrantes; es mayor el compromiso -coyuntural electoral en algunos casos- de un sector demócrata de Estados Unidos que protesta por el horrendo trato recibido por nuestros migrantes, que el de nuestras propias cancillerías y presidentes, quienes se atropellan por alagar al presidente Trump, mientras éste humilla a nuestros países. Nada va a cambiar en ese sentido con el nuevo presidente guatemalteco.




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