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Internacionales

Guatemala retuvo vuelo a El Salvador donde pretendía expulsar a investigador CICIG

Redacción Web-DEM

domingo 6, enero 2019 - 6:49 am

Más de cien pasajeros que se dirigían en un vuelo comercial a El Salvador fueron retenidos por más de tres horas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital guatemalteca, luego que el gobierno de Jimmy Morales buscaba expulsar en dicho vuelo a un investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a quienes hace unas semanas les fue cancelada sus visas de permanencia y luego reestablecidas por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Autoridades de Migración no permitieron el ingreso de Yilen Osorio Zuluaga, investigador de la misión de la ONU, que regresaba a Guatemala luego de unas vacaciones en su natal Colombia, lo que a lo largo de la medianoche y madrugada mantuvo una fuerte tensión y una inusual presencia de agentes antimotines de la Policía en la terminal aérea, a donde también acudieron representantes de derechos humanos y del Ministerio Público para advertir al gobierno y a las autoridades que esta acción estaría violando el amparo de la CC, y que su incumplimiento tendría acciones legales.

Mientras las autoridades discutían el proceder contra el investigador, por tres horas el vuelo de Avianca 443, rumbo a El Salvador, permaneció en el aeropuerto supliendo con dificultades las necesidades de los pasajeros, quienes criticaron el proceder del gobierno de Guatemala.

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Motty Rodas, de la Asociación Líneas Aéreas dijo a Emisoras Unidas que además del vuelo hacia El Salvador, se vieron afectadas otras tres empresas aéreas con al menos 900 pasajeros, y que incluso hasta las 3:00 de la madrugada de este domingo, cuando se permitió el retorno de las operaciones, las aerolíneas estaban considerando suspender sus vuelos de la mañana.

Tensión entre poderes


La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras giró instrucciones para permitir el ingreso del funcionario de la CICIG y pidió al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart y a la canciller guatemalteca, Sandra Jovel cumplir con lo resuelto por la CC, de lo contrario, “se procederá legalmente como corresponde”.

Por su parte el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, respaldó el pedido del Ministerio Público y reiteró al gobierno que “distintas resoluciones judiciales indican claramente que el personal de CICIG no tiene impedimento alguno para ingresar al país” y que el proceder de las autoridades puede ser reconocida como un acto de “desobediencia flagrante” por parte del gobierno.

En la madrugada el Juez de Paz Oliver Orellana dio ocho horas a varias instituciones del Estado de Guatema para que entreguen informes y luego de ese tiempo resolverá la situación del investigador de la CICIG, Yilen Osorio, a quien el Gobierno le prohibió entrar al país a pesar de fallo de la Corte de Constitucional que permite su ingreso.

De acuerdo con reportes del diario Prensa Libre, el Juez de Paz realizó la exhibición personal del funcionario y ordenó que permanezca en el recinto aeroportuario, pero que no sea expulsado de Guatemala.

La Corte de Constitucionalidad resolvió el pasado 21 de diciembre que atoridades de Migración y Gobernación debían entregar las visas y que no se deben restringir la locomoción de los funcionarios de CICIG.

“En lo sucesivo, resuelva favorablemente las solicitudes de visa que estén pendientes de extender y que a futuro solicite la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con la celeridad que el caso amerita, se abstenga de realizar cualquier acto tendiente a limitar o mermar la locomoción y el tránsito de los funcionarios de la Cicig”, señala la resolución.

Comisión Internacional de Juristas (CIJ) condena las acciones

En un comunicado de prensa girado este domingo, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) condenó dichas acciones cometidas por el gobierno guatemalteco.

La CIJ dijo que esto “constituye delitos graves que atentan incluso en contra de los principios de la Organización de las Naciones Unidas” y que, ante ello, “el ministerio público debería iniciar de oficio, en forma inmediata, la persecución penal”.

“La coyuntura actual demanda que se adopten medidas urgentes de carácter preventivo y correctivo y someter el caso de Guatemala a una apreciación colectiva”, expresó, el director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, Ramón Cadena.

Lea el documento completo aquí




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