Editorial & Opinion

¿Hacer justicia o conseguir la paz?

Roberto Burgos Viale / Abogado

lunes 20, mayo 2019 - 12:00 am

Esta fue la interrogante que se plantearon los firmantes de las comisiones negociadoras del gobierno y de la guerrilla hace treinta años. La opción de seguir combatiendo ya no era viable y la comunidad internacional exigía resultados concretos de aquellas rondas de dialogo que duraron años y que llevaron a sus protagonistas a optar por ponerle fin a la guerra a costa de las aspiraciones de justicia de miles de víctimas de uno y otro bando. No tuvieron otra opción.

En aquella época -inicios de los noventas- los militares contaban con el peso político suficiente para boicotear el proceso de paz y grupos extremistas de uno y otro lado podían prolongar las muertes y desapariciones quien sabe por cuanto tiempo. Ponerle fin a la guerra era lo único en lo que casi todos estaban de acuerdo y el país tampoco tenia condiciones para iniciar un proceso de justicia restaurativa, concepto que fue acuñado años después por el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Por qué no se podía hacer justicia entonces? Primero por que no se tenía una sociedad democrática, segundo porque las víctimas no estuvieron representadas en la mesa de negociación y tercero porque ni se contaba con el acceso a la información que habría hecho esto posible y tampoco con un órgano judicial medianamente depurado, que garantizara un juicio justo para todos los responsables de graves violaciones de derecho humanos.

Algunas de estas razones subsisten. Habría entonces que esperar mucho tiempo y que la justicia internacional desarrollara mecanismos innovadores a partir de las operaciones de paz en El Salvador, Guatemala, Ruanda, la Ex Yugoslavia y Sudáfrica, para citar algunos ejemplos, donde se fue desarrollando la convicción de que no es lícito ni legítimo someter a las sociedades a esta alternativa entre justicia o paz, a cambio de ponerle fin al enfrentamiento armado y dejar en impunidad casos que afectan derechos universales y no solo de la comunidad donde se consumaron.

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Este fue un proceso lento y doloroso, en el que la experiencia salvadoreña también fue analizada por académicos y políticos, teniendo en cuenta lo exitoso que fue parar una guerra civil de doce años, pero a la vez lo frustrante de ver detenerse las aspiraciones de justicia en la publicación del informe de la Comisión de la Verdad creada por la ONU, un año después de que se firmara la paz y que hasta la fecha sigue siendo cuestionado por políticos de izquierda y derecha. De este intento de frenar las aspiraciones de los ciudadanos por conocer con detalle lo ocurrido a sus familiares y de exigir una justa reparación por los hechos cometidos, es que surge la ya derogada “Ley de Amnistía para la consolidación de la paz”, pero su fantasma pareciera que sigue gravitando sobre los legisladores que, en cumplimiento de la sentencia donde se declaró inconstitucional hace tres años casi, se incluye la orden al parlamento de crear una verdadera Ley de Reconciliación que satisfaga las aspiraciones de justicia y paz, pero también de reparación de los afectados.

Esta nueva ley debería demás contar con garantías de que los hechos de la guerra no se van a repetir, además de mecanismos de reparación individual y colectiva, así como nuevas formas de educar para la paz y no para el extremismo que nos llevo al conflicto. Todos los anteriores son parámetros que ya se han llevado a la practica en otros países, donde con mayor o menor acierto, se ha logrado construir sociedades nuevas, donde las responsabilidades imputadas y los desagravios para unos y otros no han ocasionado la hecatombe que algunos anuncian aquí y que ha llevado a la comisión política de la asamblea legislativa a impulsar la aprobación inmediata de un proyecto de ley que nadie más conoce, como una forma de salir del compromiso de su creación ordenada por la Sala de lo Constitucional y a la vez excluir al gobierno entrante del proceso.


Tal parece que se olvidan las obligaciones internacionales del país a cambio de privilegiar o como se ha dicho públicamente, de “blindar” a conocidos personajes de la política con una ley a la medida de la impunidad que han gozado casi tres décadas y a quienes ya casi se les termina el período para el que fueron electos. La anterior alternativa de ¿Justicia o paz? Le da paso a la de ¿Amnistía o fuero?




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