Política

“Hay balance positivo y negativo”

Yolanda Magaña

lunes 9, septiembre 2019 - 12:01 am

El abogado Rodolfo González, quien fue magistrado de la Sala de lo Constitucional 2009-2018, cree que cien días no son suficientes para evaluar la gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, aunque realiza un balance preliminar en donde señala puntos positivos como un ánimo por desburocratizar los trámites para las actividades económicas y el acercamiento al Gobierno de los Estados Unidos, pero ve señas de autoritarismo cuando el mandatario lanza algunos mensajes en redes sociales.

El ahora catedrático de derecho constitucional señala que “empieza mal” una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) si esta depende del Ejecutivo.

 

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¿Cuál es su evaluación del desempeño del gobierno actual en sus primeros cien días?

Hay un balance en parte positivo y parte negativo, se puede señalar dentro de lo bueno la conducción de la política exterior, de los apoyos ciegos, irreflexivos, sin atender ninguna observación que se le hacía al FMLN, a Venezuela y Nicaragua, ahora vemos una política orientada con mayor acercamiento a los Estados Unidos. Esa es una condición que esperaríamos que en el resto del quinquenio arroje resultados positivos, hay decisiones que dependen del Ejecutivo (TPS). Otro aspecto positivo que se escucha del empresariado es que ha mejorado el clima de negocios, muchas trabas burocráticas, que a veces dependía de pura interpretación de la ley, si es interpretación no hay problema, si es saltarse requisitos legales no es posible.


Dentro de la parte negativa se ven algunas señas autoritarias como dar órdenes vía redes sociales de órdenes que antes tienen que pasar por procedimientos administrativos o incluso judiciales. La herramienta de las redes sociales se puede utilizar para notificar la apertura o el resultado final de un procedimiento, pero decir que se hizo un despido por Twitter no se puede hacer incluso si es por nepotismo o ineficacia, no podemos decir que los 100,000 empleados sean de confianza del presidente de la República. Se pueden remover si incurren en infracciones pero hay que seguir un debido proceso; si es de autónomas poco o nada tiene que ver con el Presidente.

A mi juicio, poner la palabra veto cuando la Asamblea está discutiendo un proyecto es impropio. Los órganos tienen sus propias competencias. Da la impresión que algunas de estas cosas puede que sea por ignorancia pero otras puede que sea una pequeña vocación autoritaria que tiene que moderarse definitivamente. Hay procedimientos y normas que respetar.

Hay finalmente algo que colocaría en la zona gris, seguridad pública, la Sala que yo integré le ordenó al Estado tomar medidas concretas para eliminar el desplazamiento forzado y hacer un control territorial efectivo. Pero vemos picos y bajas de homicidios que no sabemos a qué se debe porque no se tiene claridad y ya tuvimos una experiencia de un ministro (David) Munguía Payés que a la baja de homicidios en 2012 dijo que por la eficacia policial y después supimos de un fenómeno inédito. No sabemos en este momento a qué se deben esos picos, de alzas, de bajas de homicidios. Quizás cien días es muy poco tiempo.

Es aplaudible que baje el número de homicidios, pero a la vista de las experiencias, los ciudadanos tenemos derecho a saber a qué se debe. Si de verdad es por la eficacia, qué bien, genial, estamos tranquilos y dormimos tranquilos pero, si es por otro tipo de decisiones que no responden a la eficacia de la Policía, pues, necesitamos más tiempo para calificarlo.

 

¿Qué señales ve para el clima de inversiones?

No tengo información de primera mano pero sí escucho que procedimientos administrativos para realizar inversiones en que la ley estaba siendo interpretada de manera restrictiva, ahora se está interpretando de manera mucho más laxa, relajada, y produce el efecto de eliminar obstáculos, es bueno. Conocimos casos en la Sala, medicamento aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos), autorizado por el Consejo Superior de Salud Pública, pero el jefe de farmacología del ISSS (Instituto Salvadoreño del Seguro Social) decía que necesita un visto bueno de él.

 

¿Cuáles tienen que ser las siguientes acciones en materia económica?

Por favor, que empiecen aplicar la ley de asocios público privados, esa ley está aprobada desde hace un par de años y entre otras cosas el Gobierno anterior no solo no agilizó sino que burocratizó porque se veía un fantasma de privatización. Pudiera ayudar a dinamizar nuestra economía. Yo diría que solo la aplicación de la ley da para que en los cinco años se tenga una mejora en la economía tangible, visible. Aquí se ha hablado de simplificar la contribución tributaria, el empresario no está diciendo que quiere evadir impuesto, ese tipo de cosas sí dependen del Gobierno, facilitar al particular que quiere invertir y generar empleo son pasos en la dirección correcta que ojalá la administración los dé.

 

¿Se atrevería a dar una nota global?

No tengo suficiente información, hay mucha confusión entre cosas que se dicen en redes sociales, información que no se tiene tan clara, el Plan Cuscatlán que en sí mismo no era tan claro pero luego no sabemos qué porcentaje se está cumpliendo. Tal vez en esta ocasión, porque por el hecho inédito que en 30 años ninguno de los dos grandes partidos está en control del Ejecutivo, por esta vez a mi juicio cien días es muy poco tiempo, yo necesitaría quizás seis meses para decir hacia dónde vamos. Con Arena y con el FMLN, bien que mal, la poca institucionalidad que aporta el partido a un Ejecutivo nos ayuda a saber cuál es su ideología, trayectoria, para saber qué se puede esperar.

 

¿Qué decisiones del Gobierno han mostrado respeto a la institucionalidad, a los derechos humanos y a la democracia?

Igual, cien días es muy poco tiempo. Respeto a la institucionalidad básica, el respeto a la Constitución, todavía no sabemos. Vemos a gente diciendo que el presidente de la República debería estar por más de un periodo, él o su familia o su cónyuge o quién sea. No tenemos claro si es una posición del Ejecutivo como tal, de Nayib Bukele como Presidente o quién está pensando así, le estoy hablando de un indicador jurídico político importantísimo, respeto por los cinco años de las reglas básicas del juego o cambio o intento de cambiar, lo que ya a usted le dice un atentado a la democracia o un respeto a la democracia.

Respeto a las resoluciones judiciales, está por ver, ahora que la Sala de lo Constitucional ha admitido unas demandas de amparo de personas despedidas y ha ordenado el reinstalo, qué grado de cumplimiento va a haber. El caso Sitramss dijeron que lo iban a cumplir, pero no pareciera fuera un caso que afectara un proyecto estrella de este Ejecutivo. Cuando un proyecto esencial del Ejecutivo se cae en los tribunales ahí es cuando se mide de mejor manera la cabeza fría de un Ejecutivo. Ni en el sentido de decisiones que hayan mejorado la democracia ni al revés, no me alcanzan cien días para identificar.

 

¿Ha sido atinada la decisión de dejar al secretario jurídico de la Presidencia la atribución de coordinar a los oficiales de acceso a la información pública?

No creo que sea compatible con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) porque el estatus del oficial le da autonomía incluso respecto de sus superiores. Hay cosas que sí se pueden centralizar desde Casa Presidencial para todos los ministerios, pero hay cosas que no, si estamos hablando de cosas autónomas, incluso dentro de los ministerios como los oficiales, incluso si se hizo bajo una reforma al reglamento, yo pediría que se revise bien si es compatible con la LAIP, tengo la impresión de que no es compatible. Yo revisaría esa decisión.

 

Se han visto movimientos de oficiales de información. ¿Es normal?

Hay resoluciones del IAIP que le dan un especial estatus de protección al oficial de información y nosotros emitimos jurisprudencia sobre los derechos de los empleados públicos que algunos traslados que formalmente cumplen con el requisito legal pero que a la vista del contexto global tienen característica de represalias es una violación a la estabilidad laboral.

 

¿Qué opina de la Cicies?

Si armáramos unos pasos o unas etapas, porque el derecho internacional siempre tiene un rol subsidiario de la normativa interna, hacer un diagnóstico serio, no la corazonada, ni lo que piensa un político, de si la institucionalidad interna ha sido suficiente o no para combatir el flaglelo de la corrupción, crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas. Estando en la Corte, yo participé en foros internacionales en donde El Salvador era puesto como ejemplo de que con institucionalidad propia había procesado a tres expresidentes de la República y procesados por pura vía civil o penal, presidente de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la República, presidentes de autónomas, alcaldes. El diagnóstico como para decir la institucionalidad no es suficiente no lo conozco que se haya hecho. Tomada la decisión, ¿cuál es la mejor vía? Es cierto, hay formas fast track para adquirir obligaciones internacionales, que es solo de Ejecutivo a Ejecutivo, pero esas formas son muy débiles, porque la Asamblea, para darle cumplimiento, tiene que emitir legislación, crear instituciones, reformar instituciones al interior de órganos ya existentes, como cuando se replanteó la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía; si no está involucrada la Asamblea, es muy débil.

Uno puede decir, pero eso es más engorroso, sí, pero le da más estabilidad al compromiso internacional. Es más, para Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) en Guatemala se le fue a preguntar si el proyecto de tratado violaría la soberanía. En Honduras pasó por el Parlamento aunque MACCIH (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) es más una instancia para coordinar el funcionamiento de los órganos internos. En todo caso, nadie puede impedir que la modalidad por la cual se adquiere el compromiso sea llevada al Órgano Judicial, ojalá, si sucede, no veamos tuits de Nayib Bukele queriendo presionar a la Sala de lo Constitucional diciendo que el pueblo los está vigilando, ese es populismo barato que no va con la actuación de los tribunales.

 

¿Qué pasaría si la Cicies depende del Ejecutivo con asesoría de la Organización de Estados Americanos (OEA)?

Empieza mal, porque, con toda la razón del mundo, los otros órganos, los distintos sectores sociales, lo primero que se preguntarían es: ¿va a dejar el Ejecutivo que funcionarios suyos sean investigados por la comisión o va a vetar estas investigaciones?, si la trae para que investiguen los otros órganos pero a él no. No es una decisión de Gobierno, es una decisión de Estado. No sabemos si OEA o la ONU aceptarían esa modalidad de una comisión que dependiera solo del Ejecutivo pero si lo aceptaran empezamos mal y se abre la puerta para que el Judicial lo revisara a petición de cualquier ciudadano.




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