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Impugnan investigación de Congreso a comisión contra impunidad en Guatemala

AFP

miércoles 25, septiembre 2019 - 3:34 pm

El mandatario prohibió el ingreso al país del exjuez colombiano Iván Velásquez, quien dirigía la Cicig. Archivo DEM

La organización Acción Ciudadana, adscrita a Transparencia Internacional, impugnó este miércoles la creación en el Congreso de una comisión para investigar supuestas acciones ilegales cometidas por una misión antimafias de la ONU que concluyó recientemente sus funciones tras 12 años en Guatemala.

"Consideramos totalmente aberrante lo que está sucediendo en el Congreso", dijo a periodistas Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana, luego de presentar una solicitud de amparo ante el tribunal constitucional para dejar sin efecto la comisión parlamentaria.

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El martes, diputados del partido del presidente Jimmy Morales y sus aliados aprobaron un acuerdo para crear el grupo de cinco congresistas facultados para interponer denuncias contra exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los impulsores de la comisión parlamentaria, entre ellos diputados señalados de corrupción por la Cicig, consideran que la misión de la ONU cometió ilícitos durante su funcionamiento.


El pasado 3 de septiembre, la misión de la ONU llegó a su fin luego de que el presidente Morales se negó a renovar el mandato del ente que funcionaba desde 2007 a petición del gobierno guatemalteco para atacar a las mafias incrustadas en el aparato estatal.

Morales, quien antes elogiaba el trabajo de la Cicig y había prometido ampliar el mandato hasta 2021, adujo en agosto del año pasado que la misión violó la presunción de inocencia de sindicados y que intervino en asuntos internos.

El mandatario prohibió el ingreso al país del exjuez colombiano Iván Velásquez, quien dirigía la Cicig.

Cux indicó que les preocupa que la investigación se trate de una "revancha" por los casos de corrupción que destapó la fiscalía con apoyo de la Cicig.

Agregó que la comisión del Congreso es inconstitucional y afecta la división entre los poderes de Estado.

El principal escándalo destapado por la Cicig fue la revelación en 2015 de una estafa en las aduanas que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla del fraude.




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