Cerrar [X]

Editorial & Opinion

Inconstitucionalidad, derogatoria y nulidad

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: José Belarmino Jaime Flores

viernes 29, septiembre 2017 - 12:00 am

La declaratoria de inconstitucionalidad, al igual que la derogatoria de una ley, tiene el efecto de expulsar del ordenamiento jurídico una norma, con la diferencia que la derogatoria es una facultad de la Asamblea Legislativa, motivada por causas que no necesariamente devienen de una vulneración a la Constitución; y la inconstitucionalidad, solamente la puede declarar la Sala de lo Constitucional, motivada por violación a la norma primaria.

Sin embargo, en ambas figuras los efectos son los mismos, no se proyectan hacia el pasado, sino únicamente hacia el futuro, respetando las situaciones jurídicas ya consolidadas, pues si fuera lo contrario tendría efectos desastrosos, ya que, por ejemplo, si se declarara inconstitucional una norma tributaria que estableciera un impuesto, los ciudadanos que ya lo hubieran pagado tendrían el derecho a su devolución, contrariándose  así la seguridad jurídica, e igual sucedería en el supuesto que se derogara por la Asamblea.

A diferencia de las derogatorias y las declaratorias de inconstitucionalidad, en las sentencias que declaran nulidades, las cosas vuelven a su estado original, como si el acto que se declara nulo no hubiere existido jamás; es decir, los efectos en la nulidad son hacia atrás, lo cual es diferente a los casos de derogatoria y de inconstitucionalidad, donde sus efectos son hacia el futuro.

publicidad

Dicho de otra manera, pareciera que la Sala ha confundido lo que es una inconstitucionalidad con lo que es una nulidad: en efecto, como se ha dicho, en virtud de una declaratoria de inconstitucionalidad lo que se hace es expulsar del ordenamiento jurídico la disposición que viola la norma primaria, y, desde luego, desde la fecha en que se pronuncia hacia adelante, a ningún acto que contraríe esa sentencia puede atribuírsele validez alguna.

En cambio, los efectos de la nulidad son totalmente diferentes, porque al declarar la nulidad lo que sucede es que esa declaratoria borra todos los efectos que la norma pudo haber producido: es decir, como si nunca hubiere existido.


Por lo que antecede, pienso que la actual conformación de la Sala, al borrar todos los efectos que pudo haber producido la Ley de Amnistía, confunde la declaratoria de inconstitucionalidad con la declaratoria de nulidad.

Como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sala, “El proceso de inconstitucionalidad persigue como un resultado eficaz, que se traduzca en una modificación de la realidad material, es decir, la invalidación de la disposición que, como consecuencia del examen del contraste, resulte disconforme con la Constitución por vicio de forma o de contenido” (verbigracia, sentencia de 31-VII-2009, Inc. 94-2007). Se trata de invalidar, y, por ende, de expulsar la norma inconstitucional; y de ahí que el natural papel del Tribunal Constitucional sea el de legislador negativo, es decir, uno que suprime normas jurídicas, por lo que se le equipara a una derogatoria, pero no a una nulidad absoluta.

Sin embargo, la Sala ha emitido una sentencia de tipo “nulificante”, cuya naturaleza excede de aquellas para cuyo pronunciamiento está habilitada por la Constitución, pues pese a que se admite que, “además de actuar como legislador negativo”, puede proponer –directa o indirectamente– una determinada interpretación del texto constitucional, lo que viene precedido de la elección que realice de todas las normas implícitas que del texto de la disposición se desprenden, esa elección está determinada por una “interpretación acorde con la Constitución” (sentencia de 13-I-2010, Inc. 130-2007); ello no implica exceder el canon constitucional y legal al que, como toda autoridad estatal, está sujeta.

Así, si bien la Sala de lo Constitucional puede modular los efectos de sus resoluciones; esto es, reducirlos, diferirlos en el tiempo o tomar medidas para armonizarlos con otros derechos o intereses fundamentales en vilo, no debe exceder los efectos propios de sus proveídos, dándole un resultado que no les es propio por su naturaleza; como ocurre a una sentencia de inconstitucionalidad a la que se atribuyen consecuencias propias de una sentencia de nulidad absoluta.

(Nota: Artículo del IIDC basado en consideraciones formuladas en el voto razonado disidente del Magistrado Belarmino Jaime Flores; frente a sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Referencia 44-2013/145-2013, del 13-7-2016).




RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN

Una Asamblea entrampada

Un país que pasa más de cuatro meses sin el más importante tribunal del sistema judicial …

MÁS INFORMACIÓN
El Estado no debe ser visto como botín

Son miles y miles las plazas contratadas en las dos últimas gestiones presi-denciales. Los partidos...

MÁS INFORMACIÓN
Ausencia de propuestas en seguridad pública

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador-TSE el pasado 2 de octubre 2018 con base en …

MÁS INFORMACIÓN


Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.