Editorial & Opinion

Institucionalidad precaria, impunidad y CICIES

Aldo Álvarez / Abogado, catedrático, directivo del CD

martes 20, agosto 2019 - 12:00 am

En los últimos días se ha conocido que ya está prácticamente terminado el acuerdo que se firmará con organismos internacionales, por el cual se conformará una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, a la cual se le ha dado por llamar CICIES. No conocemos aún los detalles a plenitud, pero en los próximos días los sabremos. ¿Que debería haber una amplia y vasta discusión sobre el tipo de Comisión que se proponga? Sí, por supuesto ¿Que deberá haber una amplia discusión por parte de los principales actores de la sociedad civil sobre el tipo de propuesta que se haga? Sí, por supuesto ¿Que si se deberá tomar en cuenta el clamor popular sobre su imperioso establecimiento? Sí, por supuesto ¿Que si deben comenzar a actuar las fuerzas políticas tradicionales con sofismos, falacias y retórica interesada sobre el tema? Bueno, para eso estamos nosotros los pensantes y los filósofos políticos que ejercemos la virtud con rectitud para desenmascararlos.

Comienzan los detractores de una comisión de esta naturaleza a descalificar la necesidad de la implementación de la misma –de forma interesada por supuesto-, diciendo que este tipo de entidades no son necesarias porque en este país hay instituciones que tienen el mandato por Constitución la investigación, persecución, represión, acusación y juzgamiento de los delitos de corrupción. Pues este primer argumento no se sostiene ni lo más mínimo sobre sí, pues instituciones “formales” pueden haber, y varias, que si esas instituciones se encuentren o se hayan encontrado cumpliendo a cabalidad con su mandato legal y constitucional, eso está claro que no ha sido así. Por tanto el argumento de la formalidad es insostenible.

Continúan los detractores de esta Comisión diciendo –siempre interesadamente claro-- que lo que se debe hacer es fortalecer las instituciones nacionales encargadas de estas tareas. En este punto tienen toda la razón, pero cuando vemos que este argumento ha estado presente en los últimos años, y ello no ha dado como resultado un apoyo sustancial en términos técnicos y presupuestarios –ni siquiera han decidido una disposición análoga a incluir al Ministerio público dentro de un porcentaje como el del 6% del Presupuesto General de la Nación-, entonces es claro para cualquiera que este es sólo un argumento que, si bien es cierto tiene toda coherencia y aceptación, no ha pasado de ser un mero argumento vacío, que no ha “cuajado” nunca en realidad, pues a los corruptos e impunes políticos de siempre, nunca les ha importado fortalecer una institucionalidad que muy probablemente podría investigarles a ellos mismos.

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Siguen los detractores de una CICIES diciendo que, esta Comisión se establecerá para convertirse en una especie de inquisición que realizará “cacería de brujas” con especial dedicatoria a los adversarios políticos del Presidente. Un argumento pobre, que no se sostiene por sí mismo tampoco, pues una Comisión con las características que se han planteado, ni estará supeditada en nada al Órgano Ejecutivo, ni podrá de forma alguna ser controlada en forma alguna por éste, pues sus miembros e integrantes son en su totalidad investigadores internacionales, que están más allá del alcance de los corruptores de siempre, esos que consideran este país su “finca” y que históricamente han podido torcer la institucionalidad a su favor, para privilegiar sus intereses.

Asimismo, los detractores de esta figura contra la impunidad y la corrupción señalan, que no se puede suplantar indefinidamente la labor de investigación profunda que le corresponde por Constitución a los organismos del Estado, lo cual se vuelve a la vez un argumento falaz y mentiroso, pues este tipo de Comisiones se pactan por un tiempo determinado y no obstante existe la posibilidad de una extensión, ello dependerá del avance que exista en el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado dedicada a esta labor, así como del endoso político que los ciudadanos le den al gobierno pactante, para que tal labor continúe.


Finalmente, los sofistas detractores de la CICIES señalan –siempre interesadamente-, que tal Comisión Internacional vendrá a suplantar las funciones de las instituciones nacionales, “vulnerando la soberanía nacional” de esa forma. Argumento más falsario no puede haber, pues este tipo de Comisiones sólo se dedican a investigar en forma independiente los delitos relacionados con la corrupción –entiéndanse corruptos y corruptores- pero de ninguna forma suplantan la labor de la Fiscalía de acusar o de los Jueces de Juzgar. Así pues, tiemblen corruptos y corruptores de este país, ante la perspectiva de la CICIES.




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