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Editorial & Opinion

Justicia para Imelda, justicia para todas

Lourdes Molina Escalante / Economista sénior Icefi @lb_esc

jueves 6, diciembre 2018 - 12:00 am

¿Quién es Imelda? Es una joven mujer de 20 años, originaria de Jiquilisco, Usulután. Desde que era una niña de 12 años fue víctima de violencia sexual por parte de su padrastro; en 2016, producto de las continuadas violaciones, resultó embarazada; en abril de 2017, sufrió un parto extra hospitalario y actualmente se encuentra privada de libertad, acusada de homicidio en grado de tentativa en contra de su hija recién nacida.

Imelda es un ejemplo de cómo un Estado puede vulnerar y violar sistemáticamente los derechos de las mujeres. El Estado salvadoreño estuvo ausente en la mayor parte de la vida de Imelda, como niña y adolescente no la protegió de los abusos de su padrastro, como joven mujer, le negó sus derechos sexuales y reproductivos; y cuando el Estado se hizo presente, lo hizo para revictimizarla y tratarla como criminal.

Pero Imelda no es la única, el Estado salvadoreño también ha aparecido en la vida de Mirian, Maritza, Marina, Salvadora, Ena, Carmen, Teodora, Guadalupe, Marina, Mirna, Cinthya, Verónica, Alba, Johana, Evelyn, María Teresa, María y muchas otras mujeres, únicamente para ensañarse con ellas. Todas ellas, mujeres, pobres, que sufrieron algún tipo de emergencia obstétrica al momento de dar a luz. Mujeres que han sido condenadas a pasar décadas en prisión por el delito de homicidio agravado en contra de sus recién nacidos. Todas ellas son el testimonio vivo de que, como dijo San Romero, en nuestro país la justicia es igual a las serpientes y sólo muerde a las que están descalzas.

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El punto de partida de la violación sistemática de los derechos de las mujeres es un marco legal absurdo y miope, que bajo la falacia de “defender el derecho a la vida” establece las condiciones para que cualquier mujer que sufra complicaciones obstétricas durante el embarazo o el parto, pueda ser violentada y criminalizada por todo el aparato estatal, incluyendo el sistema de salud, el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

El sistema de salud, por ejemplo, está obligado a denunciar cualquier situación sospechosa, pero en muchos casos la sospecha se torna en culpabilidad automática e incuestionable, el personal de salud falla en recabar y registrar información médica relevante sobre las emergencias obstétricas y sus impactos en las facultades físicas y mentales de las mujeres, en lugar de ello los expedientes médicos se llenan de juicios de valor acusatorios. La Policía Nacional Civil, que debería investigar y recabar evidencia, se limita a vigilar y apresar a las mujeres, cuando aún están convalecientes en la cama de un hospital. El Instituto de Medicina Legal, no se queda atrás, reiteradamente sus análisis son inconsistentes y carecen de la objetividad y pericia científica mínima que todo procedimiento forense debería cumplir. Finalmente, el rol de la Fiscalía General de la República y de los jueces, es verdaderamente vergonzoso e indignante. Una fiscalía empeñada en mantener acusaciones que carecen de evidencias sólidas, enfocada en conseguir pruebas incriminatorias, pero descarta pruebas que demuestran la inocencia o atenúan la culpabilidad de las mujeres; una fiscalía, efectiva para perseguir a las víctimas de violencia sexual, pero sin interés en perseguir al violador; una fiscalía que logra condenas de 30, 40, 50 años contra mujeres pobres, pero consigue condenas mediocres y parciales para los corruptos. Una fiscalía que es complementada con un sistema judicial prehistórico lleno de jueces y juezas misóginos, que ejerce una justicia patriarcal y machista, que retrasa audiencias y posterga el derecho de acceder a la justicia; que mantiene a mujeres pobres en prisión preventiva porque existe el “riesgo” de que huyan, pero declara reserva en casos contra agresores sexuales y violadores; y, que envía a prisión a mujeres con condenas cargadas de machismo y discriminación.


Es momento de que el Estado salvadoreño reconozca sus errores, se reconozca a sí mismo como un Estado patriarcal, empiece a deconstruir el machismo y finalmente siente las bases mínimas de un Estado garante de los derechos de todas las niñas, adolescentes y mujeres.

Una primera oportunidad para ello es el próximo 17 de diciembre, día para el que se ha reprogramado la audiencia de sentencia de Imelda. Es el momento para que el Estado salvadoreño le devuelva su libertad a Imelda. Es hora que el Estado garantice justicia para Imelda y justicia para todas las mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y han sido condenadas por homicidio agravado.




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