Editorial & Opinion

La anarquía en la expresión no es “mordaza”

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios

jueves 23, mayo 2019 - 12:00 am

He sido un defensor apasionado de las libertades establecidas en la Constitución, especialmente de la libertad que debe tener cada ciudadano de expresar y difundir sus ideas, ya que no se puede avanzar hacia el fortalecimiento de las instituciones del Estado, sin la denuncia ciudadana y la crítica constructiva del libre pensador, que sirven como elementos disuasivos de prácticas corruptas y del nepotismo al que han estado acostumbrados una gran cantidad de políticos (no todos), que arribaron al poder, únicamente para beneficiarse.

En consecuencia, la ciudadanía honesta y que da la cara en la emisión de su opinión, debe y tiene que continuar haciendo patria, denunciando las prácticas corruptas, y los abusos de los recursos públicos que hacen algunos malos funcionarios públicos. Por lo tanto, no se tiene que confundir la libertad que se tiene de emitir opinión y difundir una idea, con la anarquía de decir lo que se pega en gana, en la que una persona o un periódico digital, amparados en el anonimato, difaman, calumnian e injurian a cualquier ciudadano en la que dañan su honor y su prestigio.

Recordemos, no todos los servidores públicos son ladrones y ni todos son sinvergüenzas, dado que hay personas honradas que por cuestiones de la vida les tocó trabajar con el Estado, pero eso no los convierte en malas personas a las que se deba atacar sin misericordial; es lamentable que la sociedad ha caído en la era de la desinformación, donde cualquier salvadoreño ahora se cree un analista y experto en política, y lo que es peor, algunos se creen poseedores absolutos de la verdad, de modo que no se les puede contrariar, porque difaman y ofenden a la persona que tiene la osadía de contradecirlos en público.

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Pero estos cobardes que se escudan en el anonimato, no tienen la capacidad de debatir las ideas a partir del argumento sólido y el silogismo, que conlleve a proponer soluciones para sacar al país de la miseria y la corrupción, por ello se centran en calumniar y en difamar a la persona que emite una idea. Y a decir verdad no tiene sentido replicar a un troll, que carece de valentía y de pantalones para dar la cara, pero estoy convencido que desde sus verdaderos perfiles “ni pío dicen”, porque son pusilánimes y fantoches.

Por lo tanto, la propuesta de reforma que están solicitando algunos diputados, en la que se pide se incorpore el artículo “24 A” a la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos, es congruente, porque busca castigar la falsedad de algunos perfiles de personas y páginas digitales, que, amparados en la libertad de expresión, calumnian, difaman e injurian, sin entender que la libertad de expresión es un derecho que tienen los salvadoreños para manifestarse y expresarse públicamente ante los abusos y actos de corrupción que cometen algunos funcionarios públicos.


Pero de ningún modo se puede interpretar que la libertad de expresión, es libertinaje de decir todo lo que se quiera de una persona o institución, dado que el artículo 6 de la Constitución establece que el límite de la libre expresión es no dañar el honor y la buena imagen de las personas; así mismo define el derecho a respuesta, es decir, que cuando algún medio de comunicación o persona vierte una opinión en la que acusa a un “x” ciudadano, sin contar con una fuente confiable, la persona que se considere ofendida, puede pedir el derecho a repuesta y el medio de comunicación está en la obligación de proporcionar el espacio.

Lo anterior no sucede con aquellos seudo periódicos digitales que no se sabe quiénes son los propietarios, se desconoce su fuente de financiamiento, se ignora quiénes son los que forman parte del equipo editorial, no poseen una dirección física. En otras palabras, son competencia desleal que solo sirven para hacer viral cualquier noticia falsa, amparados en que tienen derecho a opinar, de modo que se han vuelto en toda una maquinaria para desprestigiar a su adversario político.

En suma, los salvadoreños no debemos perder la valentía para denunciar con rostro descubierto los abusos y los actos de corrupción que se están cometiendo por los diversos actores de la sociedad, pero para que haya justicia, la mejor denuncia es la que se hace en la fiscalía y es ahí donde deben terminar todos los corruptos, para que sean procesados. Ahora bien, lo que sí no está correcto de la reforma propuesta, es la cantidad de años que están pidiendo, lo cual no es proporcional con el resto de delitos.




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