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Editorial & Opinion

La aprobación del Presupuesto y la elección del Fiscal

Roberto Cañas López / Académico, firmante de los Acuerdos de Paz

miércoles 21, noviembre 2018 - 12:00 am

En política no es bueno resignarse, aceptar el mal menor y decir: al menos ya tenemos magistrados de Sala de lo Constitucional, eso no es correcto. No se puede simplemente, pasar la página y dejar atrás una cuestión grave: dejar hacer, dejar pasar es inaceptable.

Debe ser una exigencia ciudadana la no repetición de los aspectos negativos que se dieron en la última elección de funcionarios de segundo grado. No se vale que para elegir a los magistrados en la Asamblea Legislativa no se creó un perfil del funcionario a elegir; no se utilizaron como criterios rectores la idoneidad, independencia y moralidad.

Hay que decirlo con todas sus letras, al final todos los grupos parlamentarios aprobaron un dictamen que se limitó a señalar la experiencia de los propuestos, pero no se explicó por qué y en base a qué, esas personas tienen mejor hoja de vida, experiencia y capacidad, que los otros candidatos; especialmente porque una de las personas electas tiene una condena en el Tribunal de Ética Gubernamental y otro está investigado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

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Señores diputados, las cuestiones de interés público no se discuten en privado, no es correcto elegir en privado y votar en público; además tenía que haberse dado un decreto por elección de cada candidato; sin embargo se hizo solo un decreto.

Hoy es un imperativo la aprobación del Presupuesto General de la Nación y la elección del Fiscal General de la República, esto se debe hacer, antes de que termine el año. Es mandato constitucional.


Elegir en los plazos establecidos es de interés nacional. Cuando los diputados no cumplen con su obligación y no eligen en tiempo, envían una pésima señal a la ciudadanía, le dicen a la población: aquí en El Salvador, no pasa nada, si no se cumplen los plazos, para honrar las obligaciones.

Aprobar el Presupuesto General en 2018 es importante, no se puede argumentar que no hay problema.

Sí, hay problema, pues para completar el presupuesto 2019 se solicita una emisión de deuda por $1,407 millones, de los cuales $607 millones son para el pago de pensiones de la Fuerza Armada, el presupuesto especial de elecciones, el escalafón de salud y la compra de medicamentos; otros $800 millones serían para seguir pagando deuda.

El ministro de Hacienda, advirtió: Si la Asamblea Legislativa no aprueba el Presupuesto General de la Nación de 2019 “tampoco habrá elecciones”, recordando que cuando el plan de gastos no es aprobado sigue vigente el correspondiente al año anterior.

La situación de las finanzas públicas es delicada y las pláticas por el presupuesto en este momento en la Asamblea Legislativa están paralizadas.

Si no se aprueba el presupuesto antes de que termine el año el Ministerio de Salud, tendrá dificultades para el pago del escalafón y al Ministerio de Economía, se le complicará cubrir el pago del subsidio al gas propano para un poco más de 1.1 millones de beneficiarios.

También El Salvador debe tener un Fiscal General de la República, antes que termine 2018. La actividad en la Asamblea Legislativa para dicha elección ya comenzó. El país no puede permitirse, después de lo que pasó en la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, otra elección sin transparencia, donde los intereses particulares estén encima del interés superior de la nación.

Lo que está en juego es muy importante, al Fiscal le corresponde defender los intereses del Estado y de la sociedad. Promover la acción de la justicia en la defensa de la legalidad.

Los salvadoreños necesitamos un Fiscal independiente, comprometido con la investigación del delito, que promueva una acción penal, que termine con la impunidad. Un Fiscal que trabaje sin descanso por el enjuiciamiento y castigo de los indiciados en delitos de lesa humanidad.

Para el Fiscal y para todos, cero tolerancia con la corrupción debe ser la consigna. La Asamblea Legislativa tiene que elegir un Fiscal que investigue, persiga y ordene que se capture a todos los funcionarios públicos que abusen de su poder e influencia para hacer mal uso de los recursos del Estado.

Para ser Fiscal General de la República, la Constitución exige moralidad y competencia notorias, la atención de los diputados cuando elijan al Fiscal debe estar comprometida en que se cumplan estos requisitos. Este es el único camino para la correcta elección del próximo titular del Ministerio Publico. No más actuaciones decepcionantes. Por favor.




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