Editorial & Opinion

La diáspora debe votar para concejos

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

martes 21, enero 2020 - 12:00 am

Desde la época colonial española, que duró cerca de cuatro siglos, la figura de los alcaldes municipales revistió suma importancia, especial respeto y confianza en sus intervenciones por parte de los habitantes de cada localidad. Era el funcionario más conocido del lugar, en quien depositaban la tarea de gestionar obras que condujeran al progreso y desarrollo de la comunidad en general. Durante esa misma época, cada alcalde municipal se auxiliaba, a su vez, de los llamados “alcaldes de barrio” que lo ponían al tanto e inmediatez de los problemas propios de cada barrio o pequeña comunidad en que se dividía cada pueblo, villa o ciudad de esos lejanos tiempos. Con el pasar de los años, en las postrimerías del siglo XIX, en plena efervescencia de fortalecer la unión centroamericana, desaparecieron los alcaldes de barrio y se le dio énfasis a la elección de los regidores que debían acompañar al señor alcalde en todas sus funciones y decisiones. Para el ordenamiento de las actividades edilicias, el territorio de la república se dividió en departamentos, a cuyo frente se nombraba un gobernador, obligación que aún se encuentra vigente y regulada en el Art. 200, parte primera, de nuestra Constitución, misma que además fija en el siguiente artículo los requisitos para ser gobernador departamental. A propósito de este ordenamiento constitucional, vemos que el actual gobierno del presidente Nayib Bukele, ha entrado al séptimo mes de administrar el Órgano Ejecutivo y aún no le ha dado cumplimiento a esos artículos constitucionales de nombrar gobernadores departamentales, suplentes y propietarios, que podría considerarse una grave omisión de sus deberes como mandatario.

Las labores edilicias son, esencial y políticamente muy importantes para el país en general, considerando lo que ordena el Código Municipal y lo que señala el Art. 203, inciso 2º. de nuestra Carta Magna, donde mandata con meridiana claridad lo siguiente: “Los Municipios estarán obligados a colaborar con otras instituciones públicas en los planes de desarrollo nacional y regional”. Son, precisamente, las municipalidades, también denominados concejos municipales, o simplemente gobiernos locales, los primeros en conocer y advertir qué necesidades sociales urgen sus poblaciones respectivas: escuelas, puentes, mercados, adoquinados, apertura de caminos rurales, regulación vehicular, clínicas, reforestación de áreas, eliminación de desechos sólidos, etc. Cuando entre los municipios y el gobierno central se establecen líneas adecuadas de comunicación y entendimiento, ambos realizan labores de verdadero provecho común. Incluso, ese afamado plan del llamado control territorial antidelincuencial, tendría mejores resultados a diario, si el gobierno de Bukele por medio de sus respectivos ministerios, contaran con el apoyo municipal para ubicarlo dónde están realmente las zonas críticas de cada localidad, para realizar una mejor y efectiva intervención de la PNC y la Fuerza Armada. En ese mismo orden de ideas, todos los planes y proyectos que elaboran los diversos ramos de la administración pública, podrían ser mejor canalizados y cubiertos, si antes de elaborar sus respectivos presupuestos, ellos pidieran asesoramientos a cada concejo municipal para conocer, con amplitud, certeza y detalles precisos las necesidades prioritarias que, como autoridades locales, esperan se les satisfagan desde el Órgano Ejecutivo. Si bien, cada concejo municipal está obligado a elaborar y aprobar los diversos planes de desarrollo local, tanto éstos, como los que impulsa el gobierno central, se verían mejor efectuados y realmente conducirían a favorecer grandes núcleos poblacionales.

Alcaldes y concejales son funcionarios locales de elección popular. La importancia de este hecho es que cada municipio ganado por equis partido político, es como una punta de lanza que, aunada a otras, conforman el ritmo futuro de las acciones administrativas del país. Si un gobierno central carece de apoyo, o simpatía, en gran número de municipios, está destinado a ser un solemne fracaso en su gestión administrativa, o comenzará por realizar obras que no tendrán apoyo mayoritario de los habitantes del país. Por esa importancia crucial de los gobiernos locales, la honorable Sala de lo Constitucional determinó, en sentencia, la obligación de que los salvadoreños en el extranjero también participen en las próximas elecciones edilicias, según el municipio donde hayan nacido o estén asentadas sus partidas de nacimiento. Ese mandato supremo, señores diputados, es ineludible y de estricto cumplimiento.

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