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La dura batalla por las mujeres presas por aborto en El Salvador

AFP

jueves 5, septiembre 2019 - 10:29 am

 

Organismos humanitarios libran una acuciante batalla legal en El Salvador por lograr la libertad de 16 mujeres que purgan largas condenas bajo la draconiana legislación antiaborto que rige en el país centroamericano.

La ley salvadoreña criminaliza la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, al punto de que partos fuera del entorno hospitalario en los que el recién nacido fallece son calificados como homicidios y castigados con hasta 40 años.

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"La lucha es de largo aliento, pero es urgente porque algunas mujeres acumulan once años de estar presas", declaró a la AFP Morena Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATE).

Las mujeres que se encuentran pagando estas sentencias "están desesperadas", dice la activista, que explica que muchas tienen hijos pequeños a los que apenas pueden ver.


La organización no gubernamental ha presentado solicitudes de conmutación de pena para las 16 mujeres ante el Ministerio de Justicia y Seguridad, abriendo así un proceso que pasa por varias instancias antes de llegar a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde deben ser aprobadas por al menos ocho de los 15 magistrados.

La abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) Teresa Delgado explicó a la AFP que un proceso de conmutación de pena puede extenderse hasta por más de tres años.

En los casos de tres de ellas, la defensa solicitó una revisión de sentencia, que abre la posibilidad de revertir la condena y borrar su expediente penal, lo cual no ocurre si se conmuta la pena. Estos recursos solo se admiten cuando un tribunal constata que se presentaron "irregularidades" en el proceso, explica Delgado.

En el último año, cinco mujeres sentenciadas en este tipo de casos salieron de la cárcel, algunas de ellas con la pena conmutada.

El actual código penal salvadoreño establece en su artículo 133 una pena de 2 a 8 años por aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los involuntarios, como "homicidio agravado", un delito penado con 30 a 50 años de prisión.

Es dura la cárcel 
Pero no siempre fue así. Aunque el aborto siempre ha sido un delito castigado con cárcel en El Salvador, el código penal de 1973 establecía cinco excepciones, entre estas que se hubiera producido por un accidente o una conducta que no tenía intención de provocarlo, cuando estaba en riesgo la vida de la embarazada o en caso de violación.

Pero una reforma aprobada en 1997 durante el gobierno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) lo prohibió absolutamente.

La nueva ley entró en vigencia en 1998 y un año después una reforma constitucional ordenó al Estado proteger la vida humana desde el momento de la concepción.

"Estar dentro de la cárcel no se le desea a ningún ser humano, sobre todo acá en El Salvador", declaró a la AFP Teodora Vásquez, quien fue liberada el 15 de febrero de 2018 tras serle conmutada la pena, luego de pasar 10 años y siete meses presa cumpliendo una sentencia de 30 años de prisión porque su bebé nació muerto.

Vásquez recordó que purgó su pena en la cárcel de mujeres de Ilopango, periferia este de San Salvador, que tiene una capacidad instalada para 1.200 personas pero que hasta febrero albergaba 2.229 internas.

En el penal, además de sufrir el hacinamiento, las mujeres que llegan tras perder sus embarazos sufren "discriminación" porque el Estado les "hace culpables aún sin tener pruebas".

Tras insistir en que lo peor que le ha pasado es estar "entre las rejas", Vásquez indicó que el compromiso de las liberadas es luchar por las que están dentro de la cárcel.

"Aunque las 16 mujeres recuperen su libertad, vamos a seguir la lucha porque no queremos que las generaciones futuras lleguen a una cárcel por un problema obstétrico como por el que nosotras llegamos", sostuvo Vásquez, convertida en férrea defensora de los derechos de las mujeres.

Su lucha le valió en 2018 ser galardonada con el premio sueco de derechos humanos Per Anger.




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