Política

“La elección de la Corte de Cuentas será clave en 2020”

Gerson Chávez

lunes 16, diciembre 2019 - 12:02 am

Javier Castro, director de Fusades e integrante del Consorcio por la Transparencia

En agosto del próximo año concluyen funciones los tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República y el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción dice que será una elección clave para el combate de la corrupción en El Salvador. El Consorcio pide que la Asamblea Legislativa no elija magistrados con vinculación política partidaria para no afectar la independencia en ese ente contralor y recomienda que reforme la Constitución, para que los magistrados sean electos con 56 y no con 43 votos de los diputados.

 

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El viernes terminó la edición anual de la Semana de la Transparencia que hace el Consorcio por la Transparencia, ¿Qué análisis hacen del trabajo realizado este año por la Corte de Cuentas y creen que es suficiente con el proyecto de ley que presentó para modernizar ese ente contralor?

La Corte de Cuentas de la República es una de las instituciones de control clave para la lucha contra la corrupción. El problema que ha existido es que históricamente ha sido una institución que ha carecido de independencia del poder político y no ha sido eficiente en cuanto a controlar el uso de los recursos públicos. Ha sido una institución que ha actuado de manera discrecional.


Cuando hablamos de Corte de Cuentas y evaluamos qué ha estado pasando en los últimos meses, podemos mencionar que en efecto sí hay un proyecto de una nueva la ley de la Corte de Cuentas que se ha elaborado por la Corte de Cuentas con apoyo de la cooperación internacional. Es un buen paso porque vendría a mejorar la labor de auditoría que realiza la Corte de Cuentas, su etapa de fiscalización, se incorporan mejores técnicas de auditoría. También se mejora con todo lo que tiene que ver con el juicio de cuentas. Hoy por hoy, todavía es un proceso escrito, sumamente lento y no está acorde con las tendencias internacionales y estándares en materia de juicio de cuentas.

Pero, no es suficiente, porque lo que necesita la Corte de Cuentas es una reforma de carácter estructural que trate aspectos que justamente son los aspectos que más han afectado, como la falta de independencia. Acá me refiero en ese punto, en primer lugar, a que tiene que reformase la Constitución porque actualmente, se eligen a los magistrados de la Corte de Cuentas con mayoría simple; mayoría simple no nos garantiza un adecuado contexto en el que no intervengan las distintas fuerzas políticas y, eso ha ayudado mucho al reparto partidario de la Corte de Cuentas de la República.

También hay que mejorar y fortalecer los requisitos para llegar a la Corte de Cuentas, que sean personas independientes de los partidos políticos; tiene que cambiarse y fortalecerse la forma de elección, se necesita también hacer una reforma en la Corte de Cuentas para separar las funciones de fiscalización con las funciones del juicio de cuentas.

También hay una deuda de la Corte de Cuentas que es la auditoría de gastos reservados de la Presidencia de la República. Es algo que no se ha realizado. Ha habido todo tipo de excusas que no tienen fundamento legal ni constitucional. La jurisprudencia constitucional ha señalado de que no puede haber una partida presupuestaria que no sea auditada por la Corte de Cuentas. Esta conformación de la Corte de Cuentas ha dicho que las va a auditar; sería la primera vez que auditan los gastos reservados o la partida secreta o como se le quiera llamar. Ojalá de que se haga y no solo se haga hacia atrás, sino que también tiene haber una auditoría presente en cualquier gasto reservado o secreto. Muchos de los casos de gran corrupción que se han dado en el país tienen que ver con el tema del uso de los fondos reservados, ahí se han generado casos de gran corrupción y por eso nos parece relevante de que ese tema se realice.

 

¿Cree que es necesaria una depuración en la Corte de Cuentas de la República?

Todos los entes de control de la corrupción deben de tener mecanismos efectivos tanto para el ingreso como para depurar. Se debe evitar que personas vinculadas con la corrupción lleguen a los órganos de control, en ese sentido, debe haber procesos efectivos en cuanto a poder depurar a todas aquellas personas con una conducta en contra de la ética y de la ley, y que no tengan ese compromiso de velar por la transparencia y el uso correcto de fondos públicos. Una de las críticas que ha tenido la Corte de Cuentas de la República ha sido el tema del clientelismo político, contrataciones bajo criterios políticos, ese un problema serio.

 

El próximo año hay elección de magistrados de la Corte de Cuentas. ¿Qué esperan de esa elección como Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción?

Como Consorcio nos parece de que la elección de la Corte de Cuentas será clave en 2020. En agosto de 2020 terminan el ejercicio de sus cargos la actual conformación de la Corte de Cuentas de la República y lo que esperamos es que se haga un proceso con transparencia y una elección por razones de idoneidad, que se elijan personas capaces, conocedoras de la materia; pero, al mismo tiempo y, sobre todo, personas honestas e independientes de los partidos políticos. Un elemento predominante, en la conformación de la Corte de Cuentas, ha sido el tema de la vinculación política partidaria. Nosotros advertimos en un estudio que hicimos en el Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas cómo ha sido el elemento característico a lo largo del tiempo en la Corte de Cuentas. Recordemos que ya hubo magistrados de la Corte de Cuentas que fueron declarados inconstitucionales porque no se respetaron los parámetros que ha señalado la Sala de lo Constitucional.

El IAIP sin duda es otra institución de control. ¿Cómo evalúan el trabajo del IAIP y hacia dónde creen que deben ir enfocadas las investigaciones tras la supuesta filtración de datos?

El Instituto de Acceso a la Información Pública ha sido una institución clave en cuanto al tema de transparencia. Tiene ocho años de existir la ley y siete, aproximadamente, de estar funcionando el Instituto. En la primera generación de comisionados se pudo ver un Instituto que generó confianza, sí hubo errores, por ejemplo, cuando se mantuvo en reserva y se confirmó la reserva en la información de los gastos de los viajes del expresidente, Funes. A pesar de ese yerro, el balance fue positivo, luego entramos a una segunda generación de comisionados del Instituto. Nos generó algunas dudas el proceso de elección, creemos que no reunió los estándares de transparencia y no estuvo orientado, necesariamente, a la idoneidad. Ahora lo que estamos viendo es que el Instituto se encuentra en una grave crisis de credibilidad, justamente, por ese caso que nos genera mucha preocupación como Consorcio y que tiene que ver con la filtración de datos personales del Instituto hacia Casa Presidencial. Creemos que es necesario que la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía, permita profundizar y determinar las responsabilidades y la investigación tiene que ser en el Instituto como en la extinta Secretaría de Transparencia.

 

¿Creen ustedes que la información personal pueda ser utilizada con fines políticos, para atacar personas?

Esto puede terminar en que las personas sientan temor de hacer solicitudes de información. Hay preocupación de que se puedan dar acciones de persecución en contra de las personas.

 

En el Tribunal de Ética Gubernamental ¿cree que es falta de voluntad de los magistrados o es un tema político las pocas resoluciones sancionatorias?

Lo que repercute en el Tribunal de Ética es un problema original de diseño. Por el diseño que tiene no genera las condiciones de independencia que debería de tener del poder político. Es un diseño que las instituciones, que muchas veces son observadas por el Tribunal de Ética, son quién ponen a la persona (en el cargo de miembro del TEG).

 

¿Y cómo evalúan el trabajo de Probidad?

En Probidad ha bajado el ritmo. Tenemos una ley obsoleta, de más de 50 años, multas muy pequeñas y en ese sentido creemos importante que se apruebe una ley de Probidad que tenga dientes, que no venga a excluir en juicio civil de enriquecimiento ilícito. Uno de los proyectos que tiene la Corte Suprema de Justicia excluye el juicio civil de enriquecimiento ilícito. Lo que más preocupa es que la Corte Suprema de Justicia con ese proyecto que tiene, está contrariando la jurisprudencia constitucional que señaló que el juicio civil tiene que estar incorporado.

 

Que haya bajado el ritmo en Probidad ¿se debe más a quienes están al frente o los magistrados que los rodean?

Es una combinación de factores. También vimos que con esa misma ley de los años cincuenta, la anterior conformación de la Corte Suprema de Justicia inició los primeros juicios de la historia de enriquecimiento ilícito y eso tuvo consecuencias en las investigaciones que se hicieron después en temas de gran corrupción.

 

 

Perfil

El abogado Javier Castro De León es el director del Departamento de Estudios Legales  de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Tiene una Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Universidad Dr. José Matías Delgado, LLM in Law and Management del   Instituto Iberoamericano de Desarrollo Empresarial-INIDEM Business Law School y un Postgrado en Derecho Constitucional Universidad de Salamanca, España.




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