Editorial & Opinion

La eterna lucha por la verdad

Roberto Burgos Viale / Abogado

lunes 16, diciembre 2019 - 12:00 am

La semana pasada fue abundante en revelaciones sobre violaciones a derechos humanos durante la guerra civil. No solo se volvió hablar sobre la masacre en El Mozote y cantones aledaños de diciembre de 1981, sino que además, se escucharon denuncias de ex combatientes del FMLN, que señalaron la responsabilidad de sus antiguos mandos por las purgas internas que, indiscriminadamente, se practicaron entre sus propios miembros, como un eco imparable de lo ocurrido con el poeta Roque Dalton una década antes.

Y aunque varios de los hechos ocurridos en los ochentas del siglo pasado, han sido objeto de referencia en medios de comunicación, e informes más o menos independientes desde la sociedad civil, no existe en el país una sola verdad sobre la inmensa cantidad de muertes provocadas por uno y otro bando, pareciera entonces, que cada quien es el dueño de una verdad indiscutible e incuestionable, ante la cual, las dudas ajenas, son solo una expresión de la ideología contraria, que no merece un argumento como respuesta, sino la violencia cuando menos verbal contra el que sostenga lo contrario.

Esto se repite en cada aniversario o conmemoración de los hechos de guerra y de los daños colaterales que esta provocara, asuntos todos que siguen sin resolverse ante la justicia, que esquiva e interesada, sigue manteniendo la impunidad de los victimarios de uno y otro bando.

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¿Qué hace falta para construir una “verdad nacional”?, ¿Cómo es que a partir de la memoria histórica de los diversos sectores que forman nuestra sociedad, puede fijarse  la veracidad sobre lo ocurrido? Estas y otras interrogantes siguen ocupando también a sociedades más avanzadas en materia de historia y de memoria. En el caso de Alemania por ejemplo, pasaron años desde el final de la segunda guerra mundial, para que se concluyera el proceso de “desnazificacion” de sus funcionarios, y tendrían que pasar décadas, para contar con una fiscalía especial para la persecución de los delitos de guerra.

La misma lentitud en la construcción de memoria han enfrentado otros países que en tiempos más recientes, sufrieron la sistemática violación de los derechos humanos de sus ciudadanos: los países de la antigua Yugoslavia y de la moderna Ruanda, son solo algunas de las regiones del mundo que con la destrucción de su infraestructura debido a la guerra, también padecen la aniquilación de una memoria colectiva que es reacia a germinar nuevamente en sociedades post conflicto.


Una experiencia importante fue la que tuvo Chile, que a pesar de haber contado con una Comisión de la Verdad como la nuestra, decidió formar una segunda en plena democracia. Fué en el año 2005 durante el mandato del presidente Ricardo Lagos, cuando se convoca a una nueva “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura”, también conocida como la “Comisión Valech”, para que supliendo las carencias de la Comisión de la Verdad, documentara y asesorara al mandatario sobre lo ocurrido en los años de dictadura militar.

La misma “Comisión Valech” tendría un segundo capítulo al presentar un nuevo informe sobre esta escabrosa materia en el 2011, demostrando que la “verdad nacional” y la “memoria colectiva” son procesos sociales e individuales, que además encierran un dinamismo propio, gracias al acopia de pruebas, basadas en testimonios y documentos, cuyo acceso no siempre es inmediato, requiere de esfuerzo organizado y voluntad institucional de reconstruir paso a paso lo ocurrido, antes de que hacerlo se vuelva imposible por la desaparición de testigos y pruebas.

Volviendo a El Salvador, la verdad de lo que pasó tiene sus defensores y ofensores, estos últimos, los negacionistas de cualquier hecho que sirva para cuestionar su comportamiento durante la guerra, desde los que niegan la masacre en El Mozote y otros cantones aledaños, hasta los que no aceptan que la extinta guerrilla secuestró y torturó de la misma manera que lo hicieron los cuerpos de seguridad que dependían orgánicamente del ejército, o que la existencia de bandas armadas que actuaban como escuadrón de la muerte, incluyeran entre sus filas a connotados líderes políticos.

Todo esto ocurrió en nuestro país, pero aún es necesario poner fecha a los acontecimientos, nombre a los autores y a todas las víctimas, ponerle un alto definitivo a la impunidad y garantizar con este proceso –que no es judicial- que tales prácticas no vuelvan a ocurrir. La verdad no será nunca tal, si tampoco puede ser compartida, si no puede ser un lugar en la memoria para el entendimiento mutuo, lejos del campo de batalla en la que se ha convertido.




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