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Editorial & Opinion

La Fiscalía ha destapado la caja de pandora

Rubén Zamora / Abogado, político y diplomático

sábado 18, agosto 2018 - 12:00 am

El juicio “Abreviado” del expresidente Saca más que la culminación de un largo proceso en el que la Fiscalía había puesto todas sus esperanzas, se ha convertido en un hecho histórico, ya no solo por ser el primer presidente que es públicamente declarado culpable y mandado a la cárcel, sino porque su confesión, que le ha ahorrado al Sr. Saca una buena cantidad de años de prisión, se ha convertido en un verdadero “destape” de la dimensión de la corrupción durante su mandato, de los procedimientos ilegales mediante los cuales derrochaban a diestra y siniestra nuestros impuestos y de los cómplices y beneficiados por sus delitos.

Ahora, más importante es señalar, que lo que la Fiscalía daba por terminado, aduciendo razonamientos de practicidad, hoy se le ha convertido en el más gigantesco caso que haya tenido entre manos y no hay duda que de la manera como lo aborde y hasta donde lo haga, será el termómetro de la evaluación histórica sobre el mandato del presente fiscal.

La confesión de Saca es realmente un documento histórico, porque por primera vez un presidente, cabecilla de las fechorías, nos ofrece, en forma detallada, un recuento del despilfarro del dinero del pueblo: cómo él lo ordenaba, quiénes eran sus cómplices ejecutores y quiénes se beneficiaban del saqueo; nunca antes ningún presidente se había visto en la necesidad de destapar semejante olla de corrupción; no hay duda que esto significa un gran paso en el camino de atacar esta lacra de nuestra sociedad.

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Pero este paso positivo está al borde de convertirse en un grave retroceso en la lucha contra la corrupción; en primer lugar, porque hace evidente el abismo que hay entre acusar a un funcionario de haber sustraído más de $300 millones de fondos públicos y una fiscalía que solo recupera la décima parte de esta cifra, con bienes cuya valoración actual es muy inferior, pues se trata de inmuebles que han sido saqueados sistemáticamente ante los ojos de las autoridades. Esto es una burla a todos nosotros, pues en definitiva es la ciudadanía la víctima de los robos de Saca y sus compinches; esos mal habidos millones han salido de nuestros impuestos y que por lo tanto somos los primeros a quienes la Fiscalía debe darnos cuenta de dónde están los $270 millones, especialmente si ya la confesión de Saca les da más que pistas, afirmaciones de nombres, montos y métodos por los cuales, todo un conjunto de funcionarios y empresarios participaban y se beneficiaban del delito; y da con datos concretos a quiénes se les daba el dinero, con nombres de personas y de partidos políticos. La fiscalía no es la dueña de lo malversado, lo que tiene es un mandato del pueblo y es ante el pueblo que debe responder.

Por otra parte, cerrar el caso, con la condena “abreviada” de Saca y de sus más cercanos funcionarios, es crear un precedente de impunidad muy grave, pues más de algún otro alto funcionario va a percibir las ventajas de apoderarse de millones, a cambio de devolver una décima parte al Estado y pasarse unos pocos años en la cárcel; el diezmo criminal que hemos presenciado esta semana no tiene nada de santo.


Las interrogantes que esta confesión levanta son múltiples y fundamentales para la salud pública: ¿Qué hará la Fiscalía con la pública confesión de Saca? ¿Cómo procederá contra las empresas que no solo se prestaron, sino que se beneficiaron con un 20 % de lo que se robaba?… ¿Qué medidas tomará contra los partidos políticos que han recibido algunos miles y otros millones de fondos públicos en forma ilegal?…. y esto nos lleva a otra pregunta: ¿Tomará el Tribunal Supremo Electoral alguna medida contra ellos?….

El Caso Saca no ha terminado y si la Fiscalía nos lo ha presentado como una guerra contra la corrupción, debe tener claro que lo que ha ganado es una batalla, pero no la guerra, y que dejar al enemigo solo parcialmente golpeado es la mejor receta para perder la guerra.




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