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La Fiscalía pide llevar a juicio a jueza que liberó a 17 pandilleros

Juan Carlos Vásquez

miércoles 26, abril 2017 - 12:01 am

La acusación contra la jueza Astrid Torres fue presentada ayer por la Fiscalía. / Edison González

La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, solicitó ayer al Juzgado 7o. de Instrucción de San Salvador que envíe a juicio a la exjueza de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Santa Tecla, Ástrid de los Ángeles Torres Flores, acusada de favorecimiento a la evasión de 17 pandilleros.

En el dictamen de acusación el Ministerio Público ofrece la declaración de los exdirectores de los centros panales de Quezaltepeque y Mariona, quienes al recibir las órdenes de libertad la advirtieron que los pandilleros tenían una condena vigente por delitos de proposición y conspiración, homicidio agravado y agrupaciones ilícitas; sin embargo la funcionaria ordenó que los liberaran, dijo el fiscal Héctor Martínez.

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La Fiscalía también ha ofrecido como prueba la comunicación que tuvo vía mensajes de textos la imputada con el entonces director del reclusorio de Quezaltepeque, donde le dijo que obedeciera la resolución que ella había emitido.

La representación fiscal señala que la exfuncionaria judicial incurrió en el favorecimiento a la evasión bajo la modalidad de concurso ideal (cuando con una acción se comete uno o más delitos).


Según la investigación fiscal, el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, condenó en julio del año 2009 a 124 pandilleros, pero la defensa de los imputados presentó casación en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia donde se resolvió que para 29 de los condenados no procedía la libertad, pero en mayo del año 2012, la exjueza obvió la decisión del tribunal superior y ordenó que abandonaran los penales donde estaban recluidos.

Para la Fiscalía, Torres, sabía perfectamente que esos pandilleros no podían salir de prisión, pero ordenó la libertad; sin embargo, el control de los alcaides de los penales evitó que 12 no quedaran en libertad ya que cuando al verificar los cómputos hechos por la exjueza determinaron que no eran iguales con el expediente que Centros Penales tenía registrado.

La Unidad Anticorrupción señala que existen suficientes pruebas para que el proceso sea enviado a vista pública y que uno de los seis tribunales de sentencia de la capital determine la situación jurídica de la exjueza; el delito que le atribuyen tiene una pena de cinco a diez años.




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