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Editorial & Opinion

La importancia de una CICIES

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios

jueves 28, febrero 2019 - 12:00 am

Está claro que El Salvador no avanza en materia de transparencia y rendición de cuentas debido al debilitamiento histórico de la institucionalidad, específicamente me refiero a las instituciones que administran justicia, ya que están siendo dirigidas por personas con un nivel de compromiso partidario absoluto, lo cual imposibilita que la justicia se administre de manera objetiva y sin ataduras. Prueba de ello es la cantidad de funcionarios públicas que siguen impunes, y que han acrecentado su patrimonio de manera obscena ante la vista impávida de todos.

Pero en razón de su investidura, no se les puede investigar ni perseguir, porque hacen uso excesivo del fuero, y se colocan por encima del derecho del resto de la población; de modo que algunos funcionarios públicos utilizan el fuero para protegerse de la vida corrupta que llevan, pero no para una incontingencia legal que permita la gobernabilidad.

Ante este escenario, se vuelve importante crear una Comisión Internacional contra la Impunidad que investigue, persiga y castigue a los corruptos que han sustraído las riquezas del pueblo, ya que, con el sistema de justicia actual, no se puede alcanzar el anhelo de castigar a todos aquellos personajes que se han aprovechado de las riquezas del erario público, que pasaron de ser personas con recursos limitados a vivir en mansiones y a tener colección de vehículos de lujo,  lo cual es un contraste vulgar con relación a las múltiples necesidades que viven miles de compatriotas que no alcanzan a cubrir lo básico, carentes de energía eléctrica, agua potable, con un sistema de salud deplorable y con una mala calidad educativa.

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De manera que no se puede continuar en el camino de la desigualdad, producto de una corrupción sistematizada, y de una administración ineficiente de recursos públicos, es decir, que se pasó de 20 años de gobierno de ARENA, donde hubo ciertos funcionarios públicos que no solo abusaron de los recursos públicos, sino que utilizaron el aparato del Estado para repartirse los mejores puestos entre sus parientes y militantes;  luego ascendió al poder el FMLN y se esperaba  que suprimieran todos esos privilegios, debido al discurso anti corrupción.

No obstante, a pesar de que Mauricio Funes, dijo que su gobierno iba a ser de meritocracia, fue justamente todo lo contrario, dado que no habían pasado ni cien días de gobierno, cuando ya había repartido los mejores puestos entre sus amigos y militante del FMLN, o sea, un reparto indiscriminado de puestos públicos, tanto que, en la gestión de Funes, se crearon alrededor de 26,000 plazas de gobierno; todo ello se suplió financieramente con la creación de nuevos impuestos y con la modificación de tasas impositivas  ya existentes.


En otras palabras, nunca en la historia de El Salvador, se había tenido una recaudación de impuestos tan alta, como la que logró conseguir el FMLN; de igual manera, han sido los gobiernos que más gasto corriente han tenido en toda la historia. Luego, al arribo de Salvador Sanchez Ceren como presidente, se esperaba que las cosas fueran diferentes y que hubiera mayor mesura en el gasto público.  Sin embargo, todo continuó con la misma dinámica, no hubo cambios, y la contratación gubernamental de personal, siguió su curso.

De modo que, en 10 años de gobierno, el FMLN contrató cerca de 50,000 empleados públicos más, lo que provocó una inversión pública pírrica en áreas estratégicas como salud, educación y seguridad ciudadana. Y como si esto fuera poco, en la actualidad el FMLN, está blindando a cuadros estratégicos, antes de entregar el poder, los está pasando a ley de salario, lo cual no solo es inmoral, sino ilegal y, por lo tanto, se vuelve un acto de corrupción.

De manera que es ahí, donde deben de operar las instituciones que administran justicia e investigar todas esas anomalías. Ya que no se ha dado ningún pronunciamiento por parte de la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Secretaría de Transparencia, el Ministerio Público, entre otras instituciones, es decir, que las instituciones se vuelven inoperantes y débiles, porque las personas que las dirigen siguen la orden de sus partidos, en detrimento de los derechos del resto de los salvadoreños.

Por esa razón, es justo y necesario que se apoye la creación de una CICIES que investigue a todo nivel los actos de corrupción que se han cometido por todos aquellos que han manejado fondos públicos; desde el contrato del Mercado Cuscatlán, hasta el enriquecimiento ilícito de varios diputados que han sido cuestionados por extorsionar o vender el voto.




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