Editorial & Opinion

La justicia y la política

Jaime Ramírez Ortega / Abogado

jueves 15, agosto 2019 - 12:00 am

Con la nacionalización nicaragüense del expresidente Mauricio Funes, se cierra la puerta para extraditarlo hacia El Salvador, según cálculos políticos que han realizado tanto el Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, como por algunos dirigentes del FMLN, con la mira de no continuar manchando la ya deteriorada imagen que tiene este partido de izquierda. Ante este escenario, vale la pena destacar lo siguiente: si bien es cierto que sobre el expresidente Funes pesan cinco órdenes de captura, en las que se le acusa de haber sustraído $351 millones, hasta la última por la supuesta evasión de impuestos en perjuicio de la hacienda pública.

Todo ello constituye una realidad jurídica en la que también otorga al expresidente Funes, como a cualquier otro ciudadano, la presunción de inocencia, hasta no ser oído y vencido en juicio con arreglo a las leyes; de manera que, a priori, no podemos juzgar a plenitud la situación del expresidente Funes, pero sí podemos inferir que siempre la fascinó un estilo de vida que era evidente que no podía costear ni con el salario de periodista, ni con el salario de presidente; de ahí que las pruebas que ha presentado la Fiscalía General de la República se sustrae que cada uno de los gustos de Funes, y los de su familia, amigos y amantes,  fueron satisfechos con la partida secreta, dinero que proviene de los impuestos de miles de salvadoreños que salen a diario a buscar honradamente el pan de cada día.

De manera que la solvencia moral para reprender o corregir a otras personas no deviene de un puesto de autoridad, sino de la rectitud que una persona posee el ser congruente su mensaje con sus acciones. De tal suerte que el expresidente Funes, carece de toda autoridad moral para estar señalando al gobierno del presidente Bukele, dado que tuvo en sus manos la oportunidad de ayudar a las familias más necesitadas para distribuir, de manera justa y equitativa, los recursos públicos, lo cual no ocurrió.

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De igual manera, el expresidente Funes no tiene credibilidad para estar acusando de forma deliberada la vida de un reconocido líder religioso, dado que no solo daña el entorno familiar del pastor, sino a la feligresía que ahí se congrega, y está claro que el expresidente Funes no es la persona idónea para hablar de fidelidad matrimonial, de administración de bienes o de negociación con pandillas, dado que ha quebrantado en varias ocasiones el santo estado del matrimonio; así mismo, ha demostrado ser un mal administrador de recursos públicos y personales, y con una destacada participación en la tregua pandilleril del año 2012, donde no solo se les proporcionaron recursos  sino protección.

Ahora bien, con la nacionalización nicaragüense del expresidente Funes, en términos políticos se estaría cerrando la posibilidad de la extradición, y de paso genera un incumplimiento a una de las promesas del presidente Bukele de traerlo en los primeros 100 días de su mandato, ya que mientras Daniel Ortega esté en el poder no será posible sentar a Funes en el banquillo de los acusados, a menos que Ortega lo utilice como moneda de cambio, cuando empiece la presión internacional. Pese a todo ello, existe una posibilidad jurídica de traer a Funes desde Nicaragua.


Lo primero que se debe hacer es ratificar, por la Asamblea Legislativa, el tratado de extradición simplificada que existe desde el año 2005 con Nicaragua, y aplicar lo establecido en el artículo 28 de la Constitución, concerniente a la extradición y al principio de reciprocidad; luego, que el Fiscal General solicite a la Corte Suprema de Justicia, para que por segunda vez solicite la extradición, en la que se haga un análisis jurídico, donde se deje claro que los delitos de que se le acusa,  son comunes y fueron cometidos siendo ciudadano salvadoreño, en el terrario salvadoreño y como mandatario de El Salvador,

lo cual dejaría en suspenso la prohibición de la extradición a ciudadanos nicaragüenses, establecida en los artículos 43 y 164 N°6 de la Constitución de ese país; todo ello de conformidad a la Convención de Extradición Centroamericana, ratificada en 1923, en su número I, La Convención de Extradición de Criminales, aprobado, en el año 1887, en su artículo 1. Y por último, el Tratado Centroamericano Relativo a la Orden de Detención y Extradición Simplificada en sus artículos 2 y 4.




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