Editorial & Opinion

La justicia y las intromisiones

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios @JaimeRamirezO

miércoles 6, noviembre 2019 - 12:00 am

Con la reciente resolución que se dio sobre el caso del magistrado Escalante Díaz, en la que la Cámara aduce que la tipificación del delito que llevó a cabo la FGR no es pertinente con las pruebas presentadas. Ante este escenario, la Cámara hizo uso del principio “Iura novit curiase” (el juez es conocedor del derecho) por ello cambió la tipificación, de Agresiones Sexuales en Menor e Incapaz a una falta llamada “actos contrarios a las buenas costumbres y el decoro público”, que está definido en el ordinal 4 del artículo 392 del Código Penal; con ello se abrió una cortina de críticas e improperios para la Cámara Primero de lo Penal.

En atinencia a lo anterior vale la pena hacer una serie de valoraciones más allá de lo que desean algunas organizaciones, ciudadanos o funcionarios públicos que están sedientos de sangre y de linchamientos públicos, que ciertamente tienen a todo el país hablando del magistrado Escalante. De manera que antes de emitir una opinión responsable y pública, era fundamental que se documentaran sobre el caso, es decir, haber leído el relato de los hechos requeridos por Fiscalía, ir al juzgado a verificar cuáles son las pruebas periciales presentadas o solicitadas por Fiscalía, como la pericia psicológica, luego constatar los informes del equipo multidisciplinario o al menos esperar a tener la resolución.

Sin embargo, como en todo rumor o caso sonado que ocurre en El Salvador, algunos ciudadanos y ciertos funcionarios públicos opinan con la primera noticia que sale a la luz, sin contar con los suficientes elementos de juicio que les permitan ser objetivos, y lo que es peor, la clase política no deja de aprovechar la oportunidad para sacar raja de cara a las elecciones 2021 y hasta se ha rasgado las vestiduras presentando piezas de correspondencia en las que solicita reformas al Código Penal, donde casi pide la instauración de la pena de muerte o la castración química para los depredadores sexuales.

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Todo ello estaría bien si El Salvador tuviera cultura de respeto a la norma; pero los creadores de la misma, lamentablemente, son los máximos violadores de la ley; basta con echarle un vistazo a las ultimas elecciones de funcionarios de segundo grado, para entender lo acá escrito. Por otra parte, se observa que, en las redes sociales, particularmente el Twitter, una gran mayoría de ciudadanos son expertos en derecho, al grado que hacen una apología del delito increíble, donde condenan a pena de muerte al magistrado Escalante, como si se tratase de una monarquía donde el acusado no tiene derecho a nada, más que poner el cuello para que su cabeza sea cortada.

Los que hemos estudiado derecho sabemos que el debido proceso se alimente de pruebas y experticias que vinculen a un acusado con un hecho punible, ya que el derecho se invoca, pero los hechos se prueban. No obstante, es lamentable que la Fiscalía continúe con vicios de origen, donde a la fuerza quiere que los jueces impongan la medida más gravosa que es la “detención” sin demostrar con pruebas fehacientes la participación del individuo en la comisión de un delito, aunque la defensa haya probado el arraigo suficiente. Aun, peor, quiere que los jueces condenen solo con la   participación oral de la Fiscalía, inhibiendo toda posición de defensa.


A contrario sensu, tenemos la posición de un sistema de justicia debilitado por la corrupción, los abusos en el ejercicio de la judicatura, los prevaricatos y el cohecho de algunos malos jueces que, dicho sea de paso, salpica a todo el gremio de abogados que, de por sí no tiene buena fama. Pero no por ello diremos que todos los abogados son corruptos y truhanes, es como si tildáramos a todos los médicos de negligentes, solo porque uno de ellos hizo una mala praxis o que digamos; que todos los sacerdotes católicos son abusadores de niños porque unos cuantos de ellos han cometido pedofilia; en consecuencia, todos los ciudadanos estamos obligados a ser responsables al emitir opinión, pero tienen mayor responsabilidad los funcionarios públicos.

Con ello no estoy diciendo que el magistrado Escalante, sea inocente o culpable, pero hay hechos que, a simple vista, pueden levantar suspicacia o que, a partir de resoluciones abusivas, se pueda crear una jurisprudencia retorcida; de modo que corresponderá al sistema de justicia comportarse a la altura, ya que estoy seguro que el pueblo salvadoreño no soportará un nuevo revés a la justicia.




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