Editorial & Opinion

La lección de la incoherencia

Ricardo Castaneda Ancheta / Economista sénior, Icefi @Recasta

jueves 30, mayo 2019 - 12:00 am

El 1 de junio de 2009, iniciaba un nuevo ciclo político en el país. Un partido denominado de izquierda llegaba al poder. En sus hombros cargaba la ilusión, pero también el hartazgo, de buena parte de la sociedad, que había sido testigo de cómo se construyó un Estado que era muy fuerte para proteger los privilegios de unos pocos, pero muy débil para defender los derechos de las grandes mayorías. A pesar de los enormes problemas que iban a enfrentar –una oposición intransigente, varios reveses de la Sala de lo Constitucional- una característica podría hacerlos triunfar: la coherencia. La coherencia entre lo que criticaron y lo que harían. La coherencia entre lo que prometieron y lo que cumplirían. La coherencia entre denominarse el cambio y realmente serlo. La coherencia entre para quienes decían gobernar y para quienes realmente lo harían.

Luego de 10 años, dejan el poder. Y a pesar de los avances que se lograron en diversas áreas, los cuales han sido destacados por los titulares de las diversas instituciones en sus informes de gestión, esta década ha estado marcada por la incoherencia. La incoherencia de criticar y denunciar los actos de corrupción de las administraciones pasadas; pero esconder y defender los actos de corrupción de sus administraciones. El caso del expresidente Funes quizá sea el más emblemático, con gastos que incluyeron la compra de piñatas, como una metáfora de cómo actuó él frente al erario.

Se plantearon desmontar el modelo neoliberal. Luego dijeron que se conformaban con que no avanzara. Lo cierto es que, en materia económica, su mayor logro es que la economía crece pírricamente, por encima de su potencial; sin embargo, ese crecimiento se concentra en pocas manos, los datos reflejan que, entre 2009 y 2018, la participación de las remuneraciones en la producción total decreció en 1.4 puntos porcentuales (pasando de 38.6 a 37.2 %), mientras que las ganancias de las empresas crecieron en 1.2 puntos porcentuales (pasando de 37.7 a 38.9 %). Criticaban los privilegios fiscales, pero los siguieron otorgando, sin evaluaciones, sin resultados. Además, incluso llegaron a proponer la creación de Zonas Económicas Especiales con incentivos fiscales ad eternum.

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El gasto social era una de sus grandes apuestas, avanzar a la universalización era la consigna. Sabían que para lograrlo el tema financiero era clave, especialmente en el último quinquenio. La tozudez de no abrir un espacio de diálogo amplio y participativo, sino conformarse a negociar a puertas cerradas con la oposición los llevó a caer en impago en 2017. Pero el mayor impago es con la población, al haber reducido el gasto social, especialmente en educación y salud en los últimos años. Los resultados son contundentes: una caída en las tasas netas de matrícula y las coberturas de vacunación. Plantean como un logro haber reducido el déficit –aunque las finanzas siguen siendo insostenibles – sin importar que haya sido a costa del bienestar de las personas. Aunque aplaudieron haber logrado la reforma de pensiones de 2017, diciendo que los trabajadores eran los ganadores, lo cierto es que las grandes ganadoras fueron las administradoras de pensiones.

Cuando suceden este tipo de situaciones, la Administración Pública pierde la legitimidad frente a la ciudadanía. Nueve de cada 10 salvadoreños, de acuerdo al Latinobarómetro 2018, opinan que se ha gobernado para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. Las cosas buenas que se han hecho quedan enormemente opacadas por un conjunto de incoherencias. Por cierto, aprobar la Ley de Amnistía sería el colmo de las incoherencias.


Ahora estamos a las vísperas de un nuevo ciclo político. El próximo Gobierno deberá de aprender de las lecciones de las gestiones pasadas, especialmente de la incoherencia. Uno de sus principales desafíos será recobrar la legitimidad de la Administración Pública; aunque en una parte de la población hay esperanza de cambio, en otra habitan las dudas sobre qué sucederá. El próximo Gobierno no puede darse el lujo de volverle a fallar a la población, la mística de quienes tengan el privilegio de servir en la próxima administración pública debe ser la coherencia, el de rendir cuentas, pero especialmente, gobernar para las grandes mayorías y brindar los resultados que tanto anhela la población salvadoreña.




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