Editorial & Opinion

La lección de Puerto Rico

Eugenio Chicas / Diputado del FMLN al Parlacen

jueves 1, agosto 2019 - 12:00 am

La reciente crisis política de Puerto Rico llevó a dimitir al gobernador Ricardo Rosselló junto a las 15 figuras más relevantes del gobierno. El artífice de ese desenlace ha sido el valiente pueblo boricua, que hastiado ha decidido exigir activamente sus derechos, asumiendo la movilización política para provocar la dimisión del gobernante frente a la indolencia y abandono de las autoridades norteamericanas.

El detonante que condujo a la debacle fue el destape de más de 800 páginas, descubiertas por un comprometido grupo de periodistas investigadores, que develan la comunicación sostenida -en la red social Telegram- entre el jefe de gobierno con su entorno más cercano, salpicada de repugnantes burlas hacia los afectados por fenómenos naturales, sexismo y homofobia, poniendo al descubierto además una trama de corrupción, favoritismos, malversación de fondos, negligencia, aprovechamiento ilícito de trabajos y o servicios públicos.

Puerto Rico es la menor de las Antillas Mayores, posee 9,104 km2 de extensión territorial y cuenta con 3,5 millones de habitantes en su territorio; mientras, más de 5,5 millones han emigrado hacia Estados Unidos. Sufre una enorme y agobiante deuda externa calculada en más de $70,000 millones, una profunda crisis económica y fiscal, y fuertes señalamientos de corrupción que llevaron al Estado a declararse en quiebra.

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Desde 1997 los gobiernos norteamericanos impulsaron un plan para atraer y estimular las inversiones norteamericanas en Puerto Rico; no obstante, al cabo de 22 años las mismas autoridades consideran fracasado el propósito, pues con todo y la pertenencia territorial, nunca se materializaron esas inversiones. El drama se profundizó tras el mortífero huracán María que devastó su territorio en septiembre de 2017, causando la muerte de 3,057 personas y arrasando la infraestructura con el consiguiente efecto social y económico. Tras el grave fenómeno natural, el presidente Trump visitó fugazmente la isla por cinco horas, expresando: “hemos gastado mucho dinero en Puerto Rico”, mientras repartía royos de papel higiénico a los damnificados. Valga decir que hoy esa isla vive una de sus peores épocas de pobreza.

La pertenencia del territorio de Puerto Rico a Estados Unidos fue determinado por el “Tratado de París” de 1898, protocolo que puso fin a la guerra entre España y Estados Unidos, instrumento y negociación en el que no participaron representantes isleños. Fue hasta julio de 1952 cuando se promulga la Constitución de Puerto Rico, estableciéndose la elección de autoridades locales y con ella el estatus de Estado Libre Asociado, extraña condición jurídica -que no le ha servido para resolver su grave crisis- bajo la cual el territorio pertenece a Estados Unidos pero no forma parte de él; es decir, aunque no existe anexión es un territorio de Estados Unidos sujeto a la autoridad y poderes plenipotenciarios del Congreso norteamericano.


Recientemente, en 2008, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas por unanimidad se pronunció por el reconocimiento del derecho del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia. Los últimos acontecimientos reavivan el debate para revisar la relación política y económica entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

Paralelamente, en El Salvador hemos tenido un desfile de visitas de prominentes autoridades norteamericanas, entre ellas: el Fiscal General, William Barr; el empresario Howard G. Buffett; el Secretario de Estado, Mike Pompeo y el jefe del Comando Sur, Craig Faller ofreciendo “el oro y el moro”, mostrando el creciente interés de situar su agenda política para frenar la narcoactividad, combatir las pandillas, así como detener la migración irregular; dejando claro el énfasis de su agenda en torno a su seguridad nacional, estrategia naturalmente articulada a la coyuntura electoral de Estados Unidos y al propósito de reelección del presidente Trump.

En esas visitas, en línea con sus objetivos, lograron asegurar por cinco años más el control de la base de inteligencia y monitoreo del aeropuerto Monseñor Romero -y quién sabe cuántas concesiones más-, sin ceder en nada respecto a la estabilidad migratoria de nuestros migrantes dreamers o TPS.

Si el propósito del gobierno del presidente Bukele es mantener buenas relaciones con la vecindad, éste debe fundarse en la firme defensa de las condiciones humanas con las que deben ser tratados nuestros migrantes. Analizar la experiencia de Puerto Rico es aleccionador, pues de poco sirve para los objetivos de desarrollo nacional quedarse a servir de alfombra.




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