Editorial & Opinion

La máxima publicidad frente al máximo secreto

Roberto Burgos / Abogado

lunes 23, diciembre 2019 - 12:00 am

El reciente fallo del Instituto de Acceso a la Información Pública, en el que ordena a la Presidencia revelar información administrativa y financiera del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), constituye un avance importante en materia de transparencia y contraloría ciudadana.

El Instituto le recuerda a dicha dependencia su carácter de institución pública y que, como tal, no puede estar excluida del escrutinio de instituciones contraloras, ni de los ciudadanos, que cabe mencionar, cada vez muestran renovado interés en poner fin al ámbito de discrecionalidad de los funcionarios, ante los incontables abusos cometidos en la administración de fondos y recursos manejados por las administraciones anteriores, y en particular, cuando se trata de financiar las actividades que se supone, son ejecutadas en materia de “inteligencia de Estado”.

Dicho trabajo, así como el ámbito de competencias que se encuentran enumeradas en la Ley del OIE, ya ha sido usado como excusa para ocultar el manejo desordenado de fondos públicos. Se ha dicho que desde este organismo se paga a informantes, se apoya la investigación de redes criminales y se detectan amenazas a las máximas autoridades. Todo esto, en principio, forma parte de las atribuciones de otras dependencias estatales que ya invierten recursos en ello, y hasta del mismo Batallón Presidencial de la Fuerza Armada, que tiene a su cargo la custodia de la familia presidencial, así como las instalaciones asignadas a esta.

publicidad

¿Qué justifica entonces mantener el máximo nivel de secretividad que desde Casa Presidencial se sigue justificando sobre las interioridades del OIE? El Instituto responde a dicha interrogante reivindicando el carácter de derecho humano que posee el acceso a información pública, así como la procedencia de controles externos sobre una oficina a la que nadie ha tenido acceso hasta la fecha, lo que constituye en sí mismo un riesgo para la institucionalidad, la democracia y los derechos de los ciudadanos, si tomamos en cuenta los antecedentes que dejaron las oficinas de inteligencia que durante los últimos cincuenta años, antecedieron al actual organismo.

Nombres como el de la ANSESAL en los años setenta o la DNI en los años ochenta desarrollaron actividades dentro y fuera del territorio en el más completo secreto, sus miembros, generalmente militares, gozaron de los privilegios propios de quienes pertenecen al entorno presidencial y fueron públicamente señalados por graves violaciones de derechos humanos, por el robo de archivos estatales y por orquestar campañas de odio contra organizaciones ciudadanas e instituciones académicas cuyos miembros pagaron con su vida el disenso durante la pasada guerra civil.


De tan cruenta realidad se hicieron eco los firmantes de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992, cuando incluyeron en el texto de los mismos, una referencia al entonces nuevo organismo de inteligencia, especificando entre otros aspectos que este se mantendría bajo la autoridad del Presidente de la República, y bajo la supervisión de la Asamblea Legislativa. En cuanto a su accionar, las partes firmantes declararon: “…La actividad del Organismo de Inteligencia de Estado deberá ceñirse a lo requerido para el acopio y análisis de información con fines de interés general, por los medios y dentro de los límites autorizados por el ordenamiento jurídico y, particularmente, con estricto respeto a los derechos humanos…”.

No es casualidad entonces que la misma Constitución de la República, contemple la posibilidad de que el órgano legislativo pueda recomendar la destitución del jefe del OIE, en caso de cometer este graves violaciones de derechos humanos, ni que dicha recomendación tenga carácter vinculante para el Ejecutivo.

Por todo esto es tan importante mantener la mirada puesta sobre el servicio de inteligencia presidencial, cosa que hace posible la resolución del Instituto a la que aquí se está haciendo referencia, cuando declara: “…cabe recordar que la OIE no deja de tener naturaleza pública y que toda actividad del Estado, por lo general, debe estar sometida a la contraloría social…”.




RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN



Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.