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Editorial & Opinion

La nefasta relación entre corrupción y política

Aldo Álvarez / Abogado, catedrático y directivo del CD

viernes 30, noviembre 2018 - 12:00 am

La relación entre corrupción y política es mucho más profunda de lo que quisiéramos, y no hay que perder de vista que la corrupción no sólo es una acción más o menos consagrada como delictiva, sino también un importante medio de influencia política con manifiestas ventajas respecto de la pura persuasión, por un lado, y la coerción, por el otro. Pero hay que decir que al nivel individual, la moralidad significa ser honrado, probo, de recto proceder, de integridad intachable, virtuoso, leal a los principios, a la ética, a la justicia. La moralidad es muy amplia y cubre todos los ámbitos de la vida humana, en lo económico, lo social y lo político. Todos estos actos son inmorales independientemente del área; sin embargo, la palabra inmoralidad cabe mejor cuando se usa en la dimensión personal y social, y corrupción cuando sucede en el plano político. Pero sin dudas hay que aceptar que la inmoralidad social y la corrupción política están íntimamente interconectadas, ambas son dos caras de una misma moneda, se alimentan entre sí. En un país donde la corrupción política se tolera abiertamente podemos estar seguros de que sus pobladores están faltos de moralidad. Al aceptar la corrupción política como un modo de vida, la gente también acepta la deplorable realidad de que la única forma de acceder a un modo de vida decente es haciendo trampas y fraudes de toda clase. Se adopta así un patrón de comportamiento de hacer riquezas en el corto plazo y de cualquier manera, aunque sea violando la ley. La gente mira exclusivamente a través del lente de sus intereses particulares, sin importar lo que le suceda a los demás, perdiéndose así la virtud de la solidaridad y su capacidad de protesta frente a los abusadores del poder.La gente llega a despreciar el lenguaje político sensato que pide moralidad de aquellas fuerzas políticas equilibradas y pensantes, y que también pide solidaridad hacia los problemas de otros y así, se tornan fácil presa de quienes controlan los instrumentos de poder. De esta manera, el individuo que acepta la corrupción acepta la ilegalidad y la injusticia. Éstos son algunos efectos perniciosos que la clase política corrupta produce en la población, a la cual le hace creer que esa es la manera normal de funcionar en la sociedad. Para desgracia nuestra, la clase política de este país se ha vuelto mayoritariamente corrupta y deshonesta, con tendencias claras al fraude y a los engaños a ultranza. ¿Cómo sorprenderse entonces frente a nuestra realidad de descomposición, violencia y fraude social generalizado, si ello no es más que el resultado de un problema estructural, cultural, endémico, de nuestra sociedad, de nuestros tiempos; pero sobre todo de la gran corrupción política que desde las esferas de poder se ha desparramado hacia la población? Si bien es cierto e inédito que en este país por primera vez se juzgaron dos expresidentes de la República –y muy probablemente se le sume un tercero, hoy por hoy “autoexiliado”–, la mayor virtud de ello es la de mostrar que es posible una realidad en la cual aun aquellos funcionarios o exfuncionarios de más alto rango, los que ejercen o ejercieron la llamada “gran corrupción”, deban responder ante la Justicia por sus actos deshonestos. Pero hay que preguntarse si la misma vara de justicia está preparada para medir a todos aquellos que en el futuro, del signo ideológico que sea, puedan ser tratados por igual, llevándonos a preguntar acertadamente si existen las condiciones de justicia estructural para que eso suceda. Pero por otro lado, nos preguntamos válidamente si cambiar el esquema estructural por el cual la corrupción es regla general a todo nivel y no excepción. El problema ya no es si se va a meter a la cárcel a un expresidente, sino el de preguntarnos si podemos seguir tolerando un Estado que ha propiciado la posibilidad de que tales actos hayan sido de común actuar por parte de los gobernantes y funcionarios. Y esto trasciende a quien administra la cosa pública en un momento determinado, pues si no se establecen las reglas y los cambios estructurales para que tales acciones sean proscritas, no habremos salido de mucho, pues los corruptos no tienen signo ideológico, y nadie es inmune a la corrupción completamente. La gran interrogante es si podemos aceptar que quienes el pasado han sido protagonistas políticos en gobiernos anteriores de esquemas descarados, obscenos y hasta confesos de corrupción, puedan siquiera plantearse la posibilidad de volver al ejercicio de la administración pública, pues de ser afirmativa esta respuesta, es casi igual a aceptar que estamos dispuestos y hasta nos gusta ser objetos de la corrupción, lo cual sería tanto como aceptar que en materia de democracia representativa, tenemos alguna especie de masoquismo electoral profundo, que trasladaría nuestro problema más que al campo de la política, al de la patología psicológica…




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